Después de tres días de manifestaciones en los que se llamó a pagar la revalidación vehicular por un importe menor al impuesto por el Gobierno del Estado, la abogada laborista Susana Prieto Terrazas prepara la promoción de un amparo colectivo contra la Ley de Ingresos, que se espera esté listo el próximo 13 de febrero. Dicho recurso legal que comenzó con colecta de firmas el 05 de febrero y no tiene costo para las personas que se sumen.
El partido que actualmente ejerce el poder en el estado tiene un antecedente de amparos interpuestos con el objetivo de que se reduzca el monto cobrado por revalidación vehicular y replaqueo con el argumento de considerársele anticonstitucional.
No obstante, el presidente local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espinoza Cortés aseguró que no existe indicio de “vicio” de anticonstitucionalidad en el cobro por derecho de la revalidación vehicular.
De acuerdo con el líder del PAN en Juárez, se realizó un estudio en donde se determinó la inviabilidad de los amparos en contra del pago de la revalidación vehicular.
“Los anteriores Congresos establecían en la Ley de Ingresos la revalidación vehicular como un impuesto; el Congreso actual cambia el matiz y en vez de hacerlo un impuesto lo hacen un derecho. Ahí es cuando ya no es atacable el principio de proporcionalidad y equidad”, declaró Espinoza Cortés.
Jorge Espinoza mencionó desconocer el contenido de los amparos promovidos por la abogada Susana Prieto Terrazas, sin embargó opinó que “desde nuestro estudio jurídico no resulta viable el amparo porque este congreso le echó un poco más de cabeza”.
El presidente local del PAN añadió que, desde su postura como representante de su partido, ya no se promueven este tipo de amparos porque “No quiere crear una falsa expectativa de la ciudadanía que espera la devolución de su dinero, las posibilidades de ganar son pocas”, afirmó.
Hasta hace un año, el dirigente local del PAN estuvo promoviendo amparos colectivos contra la revalidación vehicular bajo el argumento del principio de equidad y proporcionalidad.
Además, de acuerdo con reportes periodísticos, desde noviembre de 2015 el diputado panista Rogelio Loya Luna anunció el procedimiento de amparo contra la Revalidación Vehicular por considerársele un cobro anticonstitucional.
Por su parte, el anterior dirigente estatal de dicho partido y actual director de Servicios Públicos de Chihuahua, Mario Vázquez Robles, apoyó la instalación de módulos de información en el estado para mostrar a la ciudadanía los mecanismos legales para ampararse en contra de la revalidación.
Asimismo, durante su candidatura, Javier Corral criticó los fines “recaudatorios” de César Duarte en torno al replaqueo; “es un pago que año con año merma los ingresos de los chihuahuenses” expresó Corral con respecto al cobro de este impuesto.
Exigen pagar impuesto bajo principios de equidad y proporcionalidad
Con consignas como “fuera Corral” y “queremos solución”, durante la semana pasada cientos de personas se congregaron en las oficinas locales del Gobierno del Estado, en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, con la intención de pagar su revalidación vehicular 2017 por el mismo monto presumiblemente cobrado a ciudadanos de la capital: 388.78 pesos.
El martes 31 de enero, más de 400 personas llenaron las instalaciones estatales de gobierno, con la intención de pagar 388 pesos en lugar de los mil 931 pesos que se intentan recaudar oficialmente por este concepto.
El costo de la revalidación asciende a mil 700 pesos; no obstante, el pago total es de mil 931, pesos con la adición de costo de la tarjeta de circulación (150 pesos), el Impuesto Universitario (46) y la aportación a la Cruz Roja (35).
El Gobierno del Estado anunció descuentos para los tres primeros meses del año, que dejarían el costo total en mil 231 pesos para enero, mil 331 para este mes y mil 431 para marzo.
El argumento principal de los ciudadanos por la disminución de la cuota a 338 pesos, radica en los presuntos pagos aceptados por ese monto a los habitantes de Chihuahua, Delicias y Meoqui, promovido por el movimiento Retén Ciudadano.
De acuerdo con la activista y abogada laboral, Susana Prieto Terrazas, quien convocó la congregación a través de redes sociales, el cobro de mil 931 pesos viola el principio de “proporcionalidad y equidad en el pago de impuestos y el ingreso del individuo”.
Dicho precepto se encuentra en la Constitución Política de México, en su artículo 31: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
No obstante, el pago de revalidación vehicular es uniforme para los ciudadanos, sin considerar su solvencia económica ni las características del automóvil en cuestión.
Durante la congregación en las oficinas ubicadas en la venida Lincoln, varios oradores hicieron uso de la palabra para expresar sus inconformidades con el gobierno estatal y solicitaron una solución con respecto al cobro de la revalidación vehicular.
Sin embargo, tanto el Recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, como el Subsecretario y representan del gobernador en la ciudad, Ramón Galindo Noriega, se negaron a dialogar con los contribuyentes.
Agentes Estatales tenían instrucción de desalojar a contribuyentes
Sin mediar diálogo con el Recaudador de Rentas o alguna otra autoridad, cerca de las cuatro de la tarde elementos de la policía estatal arribaron a las oficinas administrativas.
Ante la incertidumbre de si serian desalojados, las personas se comenzaron a organizar para no separarse y evitar cualquier incidente.
Sentarse y levantar las manos: esa era la estrategia en caso de que los cuerpos policiales irrumpieran en el lugar, con la intención de sacar a los contribuyentes mediante el uso de la fuerza.
Ese mismo día la propuesta era pasar la noche en las instalaciones de Gobierno del Estado. Para ello, las personas comenzaron a organizarse para comprar comida, agua y hasta papel sanitario. Sin embargo, por la tarde ya sólo quedaba menos de la mitad de los manifestantes.
Al anochecer, las autoridades estatales cerraron el edificio con las personas dentro; según el comandante Alejandro Domínguez, las personas eran libres de salir si querían, pero ya no podrían volver a entrar hasta al día siguiente.
Como parte de la estrategia para que desalojaran las instalaciones, de acuerdo con la activista Susana Prieto Terrazas, se prendió la refrigeración del lugar y no se permitió el ingreso de los víveres.
No fue sino hasta las ocho de la noche, cuando cinco personas dialogaron con los elementos estatales y lograron ingresar los alimentos.
Alrededor de la medianoche, proximadamente 30 elementos de la policía estatal ingresaron al lugar para “invitar a que pacíficamente” los poco más de 60 personas desalojaran el lugar.
Los elementos estatales no eran los únicos; en las inmediaciones del lugar había elementos de la Policía Municipal para realizar labores de asistencia.
Las personas terminaron por ceder, con la consigna de regresar a las ocho de la mañana. Fue así, como luego de 12 horas de protesta, los manifestantes entonando el Himno Nacional Mexicano, abandonaron el lugar.
El segundo día de protesta contó con una afluencia de las personas similar a la que se registró un día antes.
En esta ocasión, los elementos de la policía estatal se encontraban dentro del lugar desde temprano, y los ciudadanos terminaron por ser desalojadas durante el transcurso de la tarde.
El tercer y último día de convocatoria, el número de personas fue menor. De igual manera se amenazó con evacuar el lugar y cerrar las oficinas. Los manifestantes calificaron las acciones como violatorias de sus derechos.
Una asesora técnica del Recaudador de Rentas informó que en definitiva no se iba a recibir el pago propuesto por los contribuyentes, por lo que se optó por desalojar el edificio.
De acuerdo con los manifestantes, era incongruente enfrentarse a alguien “que está armado y tiene chaleco antibalas, cuando nosotros traemos una botella con agua”.
Otra de las manifestantes comentó que se les había acusado de poseer bombas “molotov”.
Según la declaración de Prieto Terrazas, el gobierno terminó por negar el pago parcial de los 388.98 pesos. De acuerdo con la activista, esto repercutió en el movimiento de Retén Ciudadano en la capital del estado ya que Recaudación de Rentas se negó a imprimir las boletas con el concepto de pago de los derechos de circulación vehicular 2017.
Por su parte, Sergio Nevárez Rodríguez acusó que Susana Prieto está mal informando a la ciudadanía: “ella primero aglutina gente y luego cree que con métodos de presión va a poder tener ese precio”.
De acuerdo con el funcionario, se le había explicado a la abogada que los 388.98 pesos serían tomados como abono que se agregarían a una cuenta de depósito en garantía. Según Nevárez, es ilegal poner el concepto de depósito en garantía por la Ley de Ingresos que fija los montos cobrados por revalidación vehicular.
“¿Cuál es el interés de la señora Susana?, ¿dónde estaba el año pasado cuando la administración era un desorden, cuando era más que evidente que estaban administrando mal el dinero?”, cuestionó el funcionario.
El Recaudador de Rentas añadió que se está en proceso de documentación para interponer una demanda en contra de Susana Prieto Terrazas por presuntos actos de secuestro.
“Los funcionaros estaban rodeados de puros manifestantes que ella traía”, aseguró y añadió que él mismo estuvo retenido en su oficina: “me quedé hasta las cinco de la tarde, no podía salir; salí por una puerta que ellos no conocían, si no, no me hubieran dejado”, relató el funcionario.
