mayo 26, 2024
Sociedad

OSC denuncian opacidad de México en política migratoria tras retorno del Título 8

Más de 40 de organizaciones y albergues señalan que es imperativo que el gobierno mexicano se reúna con la sociedad civil organizada para poder entender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración.

Por Redacción / YoCiudadano

Ciudad de México.– Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y albergues de la sociedad civil denuncian que el Estado Mexicano no ha hecho pública la política migratoria mediante la cual pretende garantizar la recepción de las personas migrantes necesidades de protección internacional a un mes del regreso del Título 8.

Desde el pasado 11 de mayo, con el levantamiento del Título 42, México acordó con el gobierno de Estados Unidos recibir a solicitantes de asilo de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela mediante el Plan Humanitario Conjunto sobre Migración.

Sin embargo, las organizaciones y albergues migrantes señalan que no existe un programa público acerca de cómo el gobierno mexicano ejecutará la política migratoria, qué documentos migratorios proporcionará ni cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo.

Tampoco ha especificado cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil que han atendido a personas expulsadas, ni qué acciones o medidas fundamentadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar.

“La respuesta hasta ahora ha sido el silencio ante negociaciones poco transparentes de acuerdos (con el gobierno estadounidense) que juegan con la vida y necesidades de protección de las personas en nuestra región”.

Ante esto, las organizaciones y albergues de la sociedad civil que trabajando en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes señalan que es imperativo que el gobierno mexicano se reúna con la sociedad civil organizada para poder entender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, firmado con el gobierno de Estados Unidos.

Advierten que tan solo en los primeros días, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a más de 2 mil 400 personas deportadas bajo el Título 8, mismas que fueron transportadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas, para intentar alejarlas de la frontera norte.

“Desde 2018, con la administración de Donald Trump, y con más ahínco desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano ha realizado negociaciones migratorias poco transparentes con el gobierno estadounidense para recibir a poblaciones no mexicanas deportadas desde ese país, sin un plan público de cómo garantizará el principio de no devolución, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a un documento migratorio y a la seguridad de las personas deportadas”.

Las organizaciones señalan que los resultados han sido “desastrosos”: entre 2019 y 2020 se contabilizaron más de mil 300 eventos violentos (secuestros, extorsiones, violaciones) contra solicitantes de asilo en Estados Unidos regresados a México bajo “Quédate en México”.

Asimismo, aseguran que entre 2021 y 2022 se registraron más de 14 mil eventos violentos contra personas expulsadas de territorio estadounidense bajo Título 42, casos en los que hubo poca investigación y poco acceso a la justicia.

“El gobierno estadunidense ha implementado una serie de acuerdos políticos con México y países Centroamericanos, disfrazados de responsabilidades compartidas, para contener la migración, sin importar que represente una externalización de sus fronteras y la transgresión de las legislaciones nacionales e internacionales, colocando a las personas en riesgo, no solo de ser regresadas a los contextos de los que escapan sino a los riesgos que implica el camino”.

Recuerdan que tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado su preocupación por estas políticas que violan el derecho de pedir asilo.

Las organizaciones y albergues denuncian que el gobierno mexicano ha dejado en manos de la sociedad civil su responsabilidad de brindar atención y orientación a las personas deportadas desde Estados Unidos, todo ello sin brindarles apoyo.