El 11 de agosto del 2022, una jornada violenta puso en zozobra a los juarenses, dejó 11 personas asesinadas, incendios intencionales en negocios y ataques a balazos contra la población. A un año de esos hechos hay 11 detenidos, uno de ellos acusado de terrorismo, pero ninguno ha sido sentenciado… prevalece la impunidad.
Por Blanca Carmona, Marco Antonio López y Verónica Martínez / La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Sobre la calle Hiedra permanece semidestruida la estructura de una tienda de conveniencia, no tiene techo ni fachada y en sus paredes interiores aún se aprecian las manchas negras que dejó el humo del incendio que la consumió.
El inmueble ubicado en la colonia Infonavit Juárez Nuevo permanece como vestigio de la violencia desatada en la ciudad el 11 de agosto del 2022, el llamado jueves negro, que dejó 11 personas asesinadas, entre ellas un adolescente de 12 años, incendios intencionales en varios negocios y ataques a balazos contra la población, hechos que prevalecen en la impunidad.
A 356 días de esa jornada violenta, desatada tras una reyerta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, nadie ha sido sancionado legalmente.
Ninguno de los detenidos, seis presuntos delincuentes y cinco custodios, ha sido sentenciado por esos hechos que causaron pánico, provocaron el cierre temporal de negocio y obligaron a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Tampoco se ha sancionado a los entonces funcionarios responsables del penal que cedieron el control a las bandas criminales, pese a que las autoridades estatales aseguran que se encuentran bajo investigación desde ese día.
Esta situación se registra aún cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan, por separado, estos hechos violentos.
La FGR abrió una carpeta de investigación –número FED/CHIH/ JUA/0001188/2022– y presentó cargos por el delito de terrorismo en contra de una persona identificada como Juan Carlos V., alias Seky, presunto integrante de la pandilla Los Mexicles, quien no estaba en la lista de los detenidos por las autoridades municipales y estatales a unas horas de los hechos.
Los otros presuntos delincuentes detenidos, y recluidos en penales fuera de la ciudad, enfrentan su proceso en el sistema penal estatal, mientras que los custodios del Cereso arrestados por la violencia al interior del penal fueron vinculados a proceso en septiembre del 2022, informó la FGE, sin que hasta ahora se conozca los elementos que tienen en su contra.
El cereso, epicentro del jueves negro
El 11 de agosto de 2022, pasadas las 12:30 de la tarde, se registró un enfrentamiento a balazos al interior del Cereso Estatal número 3, con sede en esta localidad, que dejó un saldo de dos internos muertos y cuatro heridos.
Era hora de la visita y decenas de familias fueron retiradas del Cereso en medio de una reyerta que duró cerca de una hora hasta que ingresaron los cuerpos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
Afuera de las instalaciones varios familiares que fueron testigos aseguraron que un grupo armado ingresó al Cereso con el apoyo del personal de seguridad del mismo.
“Entraron como 10 o 15 personas vestidas de civiles, con seis o siete cabrones de verde, con armas largas, uniformados como policías como los del Border de Estados Unidos. Ya de repente se fueron hasta allá, a la cafetería, dialogaron, yo creo no estaba el encargado y de repente se empezaron a pelear los civiles con los de ahí y ya de ahí pues nomás alcanzamos a salir como 10 personas… Alcanzamos a salir y se oyó la balacera”, dijo un hombre que en ese entonces pudo salir corriendo del penal.
“Entraron ahí”, dijo ese día una mujer apuntando a la entrada del penal, “yo los miré, llevaban (puesto) otro que no era (uniforme), no estaba vestido como era. Son como unos siete u ocho los que iban”.
En ese entonces, la Fiscalía General del Estado, que hasta enero pasado se encargaba del sistema penitenciario, afirmó que se trató de una riña entre internos. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información sobre la jornada violenta del 11 de agosto del 2022 destacó la participación de “personas externas” en los homicidios dentro del Cereso:
“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, (cinco oficiales de seguridad y custodia) presuntamente intervinieron de forma activa en lo ocurrido dentro del Centro Estatal de Reinserción Social No. 3, entre las 12:30 y las 13:20 horas, donde un grupo de internos pertenecientes al grupo criminal Mexicles, de manera conjunta con personas externas, privaron de la vida a las víctimas antes mencionadas”, respondió la Fiscalía a través de un oficio a la información solicitada.
Los fallecidos en el interior del penal fueron identificados por la FGE como Kevin Alan C. A., y Raúl Abraham S. O. Otros cuatro quedaron lesionados.
La Fiscalía anunció que se abrió una carpeta de investigación en contra de quien fue director del Cereso al momento de los hechos, Francisco Javier Delgado Soto, quien renunció a su cargo una semana más tarde.
Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 17 de agosto del 2022: “hay una investigación abierta sobre el director del penal, pero vamos a esperar el viernes al informe”, pero éste nunca se presentó.
Desatan la violencia en las calles
Tras la agresión a balazos en el Cereso se desataron horas de pánico por distintos rumbos de la ciudad dejando otras nueve personas asesinadas entre atentados a comercios, balaceras que pusieron en jaque a las autoridades y en zozobra a los ciudadanos.
Presuntamente ese día Los Mexicles sostuvieron un desencuentro con Los Chapos y Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, ordenó que aliados en el exterior atacaran a civiles y así evitar que la Policía Municipal ingresara al penal. Casi cinco meses después, éste logró salir del penal en medio de una fuga masiva de reos y una masacre de custodios e internos registradas el primero de enero de este año, sin embargo murió abatido cuatro días después.
“Lo más triste es que se llevan inocentes”, dijo Luis, un residente de la colonia Juárez Nuevo, vecino de la tienda de conveniencia destruida por un incendio intencional donde murieron dos mujeres, María del Refugio Gómez Ramírez, gerente de la tienda, y Saira Janet de Santiago Castro, joven que acudió a una entrevista de trabajo en ese negocio de Rapiditos Bib Bip, operado por la cadena comercial Oxxo.
Además de ellas dos, la jornada violenta en las calles, dejó otras nueve personas asesinadas.
Fotografías: Rey R. Jauregui / La Verdad
Alán González, locutor; Armando Guerrero, jefe de Mercadotecnia; Lino Flores, de Controles; y Alejandro Arriaga, escolta, todos del equipo de Mega Radio, quienes murieron en un ataque a balazos ocurrido en una pizzería ubicada en la Ejército Nacional, donde hacían una transmisión comercial.
Un adolescente de 12 años, identificado como Christian Omar Zúñiga Morales, murió tras ser baleado en una tienda de la cadena comercial Circle K, ubicada en la avenida Óscar Flores, en la colonia Melchor Ocampo, donde se encontraba acompañando a su papá que trabajaba en ese lugar.
José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años, también fue asesinado ese día en un ataque a balazos en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Oscar Flores, por donde circulaba, en tanto que otro hombre, identificado como Yovanni Varo Otano, de 22, un empleado maquilador que pereció en un ataque a otro negocio ubicado en la colonia Parajes de Oriente.
“La pena está, la pena existe, el duelo aún lo tenemos”, dijo Brenda González, directora de mercadotecnia de Mega Radio, al recordar a sus compañeros asesinados durante el jueves negro.
Dijo que la empresa prepara un memorial que consiste en llenar de veladoras una parte de las escaleras que dan a la entrada principal del edificio donde laboraban, ubicado en calle Chapultepec y David Herrera Jordán, así como la colocación de una manta con la leyenda “Que sus voces no se apaguen”.
“Llevamos la exigencia de justicia como ciudadanos, no como medio de comunicación”, afirmó. “La tragedia de ese día no fue exclusiva de Mega Radio, fue una tragedia que conmovió a toda la ciudad, sabemos que hay más víctimas”.
Sin embargo, para todas las víctimas prevalece la impunidad.
Mandos impunes, custodios acusados
A la fecha ninguno de los altos mandos responsables del sistema penitenciario del estado –integrado por 11 penales, entre ellos el Cereso de Ciudad Juárez– en ese entonces se encuentra activo. Dejaron la estructura de gobierno sin rendir un informe público del motivo de la riña que desató la violencia contra la ciudadanía ni cómo fue que las personas armadas burlaron los sistemas de seguridad del centro penitenciario en la ciudad para asesinar a personas de grupos rivales.
El entonces director de los ceresos en el estado, Alfonso Harris Arrondo, dejó el cargo luego del 1 de enero de este año, cuando se registró la fuga masiva del Cereso número 3, en la que escapó el líder mexicle Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto y otros 29 reos, con un saldo de 17 muertos.
El pasado 11 de enero el Gobierno del Estado anunció a través de un comunicado que a partir de esa fecha Harris Arrondo era dado de baja de la administración estatal y que se abría una carpeta de investigación por los hechos para deslindar responsabilidades.
Por otra parte, Roberto Fierro Duarte, titular de la FGE, corporación que mantenía a su cargo el sistema penitenciario del estado, fue removido de su puesto el 16 de enero, también luego de la masacre registrada el primer día de este año. En ese entonces pasó a ocupar el cargo de secretario particular de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta el pasado 13 de junio cuando fue sustituido por Fernando Álvarez Monje.
Al momento de este trabajo Fierro Duarte no ocupa ningún cargo dentro del Gobierno del Estado, se informó.
De acuerdo con la Fiscalía Zona Norte se tiene pendiente una audiencia de formulación de imputación en contra de tres exfuncionarios del Cereso de Ciudad Juárez, que se llevará a cabo el 29 de agosto próximo, pero no se abundó en más detalles y se reservó los nombres.
Hasta ahora las autoridades estatales sólo han procedido en contra de cinco custodios del penal: Diego A. M., Pedro H. S., Jorge Emmanuel O. O., Armando T. D. y Francisco R.M., a quienes se les imputaron los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el primero en perjuicio de los reos Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas; y el segundo, en agravio de cuatro personas privadas de la libertad.
La Fiscalía de Chihuahua señaló que los custodios intervinieron de forma activa en los asesinatos ocurridos en la prisión por parte de la pandilla Los Mexicles, a quienes se le atribuye que de forma conjunta con personas externas que ingresaron al penal mataron a los reos.
También hay otros detenidos. En la madrugada del 12 de agosto, seis personas fueron arrestadas en una vivienda ubicada en las calles Ajenjo y Copaiba del fraccionamiento Ampliación Aeropuerto, tras un enfrentamiento con la Policía Municipal.
Posteriormente, ese mismo día, en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), se dio a conocer que las seis personas eran los presuntos responsables de haber provocado un incendio en una tienda de conveniencia.
Se trata de Víctor Hugo L. T.; Jorge Adrián V. L.; Ezequiel A. C.; Alfredo L. G.; José Antonio L. E., y Willian Serafín L.P.
Cinco de ellos siguen detenidos pero por delitos diversos a los ocasionados durante esa jornada violenta, a excepción de Willian Serafín, quien murió antes de que le formularan cargos; al parecer fue severamente golpeado durante el arresto.
A los otros cinco hombres se les formuló acusación legal por los delitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de varios policías municipales y del titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, así como daños, derivados del enfrentamiento sucedido la madrugada del 12 de agosto en la colonia Ampliación Aeropuerto.
Víctor Hugo L.T. salió en marzo de 2022 del Cereso 3 y reingresó el 13 de agosto acusado de haber intentado matar a los policías y al jefe policiaco en la madrugada del 12 de agosto, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) instancia de la que dependen los centros penitenciarios del Estado de Chihuahua.
El 30 de enero de este año, estando en prisión, a Víctor Hugo también se le ejecutó una orden de aprehensión por otro homicidio.
Jorge Adrián V.L., está detenido también desde el 13 de agosto 2022 por los mismos hechos y acusado de los mismos delitos; además enfrenta cargos por violación, posesión de cartuchos de arma de fuego y homicidio.
Ezequiel A. C., y José Antonio L.E., están acusados también de homicidio en grado de tentativa y daños por los hechos de la madrugada del 12 de agosto, indican los datos oficiales.
Sin embargo, ninguno de ellos ha sido sentenciado por los delitos derivados del enfrentamiento, que corresponden a la causa penal 2542/2022, indican datos de la SSPE.
De acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, el pasado 4 de agosto por la jueza de Control Blanca Leticia Rojas Vargas, solicitó auxilio judicial para notificar a todos los intervinientes sobre una próxima audiencia donde se pretende desahogar las pruebas que serán presentadas en un juicio oral o aprobar una salida alterna al proceso penal.
En medio de la impunidad en la que aún se encuentra los asesinatos y daños generados durante el jueves negro, las pandillas en el Cereso volvieron a desatar una masacre con 17 personas asesinadas y provocaron un motín para facilitar la fuga de 25 presos. Hecho que también se encuentra en impunidad.
