“Una de las propuestas de campaña que yo tuve justamente era eso, que el Tribunal forzosamente debe incluir, hasta por una cuestión de verse bien, cuando menos una dos o tres candidaturas pertenecientes a estas comunidades. También las comunidades indígenas merecen tener una representación en estos espacios”: juez civil Constantino Hernández
Por Carlos Fierro / Raíchali
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Constantino Hernández López se convirtió en el primer juez indígena en el estado de Chihuahua, en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, el 1 de junio de 2025.
Llegó hace 25 años a Ciudad Juárez desde tierras mixtecas del estado de Oaxaca. Desde que era niño quería ser maestro o abogado. Se empeñó en ir a clases aunque debía levantarse a las 4 de la mañana para cuidar los animales de su casa y recorrer varias horas para llegar a la primaria. No podía asistir todos los días, pero se esforzó.
Su casa está enclavada en la comunidad mixteca La Corregidora, Tierra Colorada, en el Distrito de Nochixtlán.
En Ciudad Juárez se convirtió en abogado y también cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y un doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj). Actualmente es Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Distrito Bravos, puesto que ganó con el número 22 de la boleta y más de 36 mil votos.
El 19 de junio de 2025 inició su carrera como juzgador, ya que forma parte de los 11 jueces civiles en el estado de Chihuahua.
“Una de las propuestas de campaña que yo tuve justamente era eso, que el Tribunal forzosamente debe incluir, hasta por una cuestión de verse bien, cuando menos una dos o tres candidaturas pertenecientes a estas comunidades. También las comunidades indígenas merecen tener una representación en estos espacios”, externa Constantino Hernández en entrevista con Raíchali.
Si bien en las comunidades indígenas ya cuentan con un espacio el Congreso del Estado y en regidurías de los ayuntamientos de la entidad, en el caso de juzgados y magistraturas ha quedado omiso.
“Como juzgador, me he percatado que cuando llega una persona de una comunidad indígena y ven que uno es el juez, ellos se sienten hasta como más identificados”, narra el juez del pueblo mixteco,
Ser un juez indígena, rodeado de jueces mestizos da lugar a que las comunidades de pueblos originarios se sientan identificadas para ser atendidas.
Constantino impugnó la elección
De acuerdo con la convocatoria publicada en el 2025 emitida por el Congreso local, la ciudadanía debería elegir tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistradas y 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como 135 juezas y 135 jueces de Juzgados de primera instancia y menores esto en la elección extraordinaria de 2024-2025.
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con una desventaja social. Así como las mujeres han batallado a lo largo de la historia para que se les reconozca sus derechos, también los pueblos originarios han estado en esta desventaja social, y Constantino hace énfasis en que las mujeres indígenas tienen doble desventaja social por ser mujeres y por ser indígenas.
Ni Tribunal Electoral ni el Instituto Estatal Electoral han lograron garantizar un espacio para los pueblos originarios para ocupar un cargo como juez o magistrado.
Durante el proceso a la elección de titular de juzgados y magistraturas en Chihuahua, Constantino Hernández tuvo que defender su triunfo.
“Cuando yo impugno, uno de los agravios justamente es eso: Yo soy una persona que vengo de una comunidad indígena y creo que nosotros debemos de tener una representatividad en todos los órganos del gobierno”, enfatiza el juez civil.
Además, se refiere a los organismos electorales: “Yo creo que el Tribunal Electoral e incluso el Instituto Estatal Electoral no han visibilizado el problema de las comunidades indígenas, o sea, como que yo siento que todo queda en el discurso porque yo lo viví.
“Ahora, enfrentarte a una elección es muy complicado, ya que tienes que pagar mucho dinero y entonces estamos en desventaja. No es lo mismo competir, que competir con un empresario que tiene todo el capital, tanto político como económico para poder ganar una elección”, comparte el juzgador.
Las comunidades indígenas viven con los recursos limitados y para postularse en un cargo público como el de juez, las aprobaciones son muy limitadas a nivel estado. El juez Constantino Hernández destacó en las votaciones porque recibió una aprobación de más de 36,000 votos a favor, pero para hacer una campaña que llegue a más población que no sólo sea de las comunidades indígenas, son limitadas, agrega.
“Es que el problema fueron los partidos políticos. O sea, ese fue el gran cáncer y la gran destrucción de nuestras comunidades, entraron y nos pusieron colores. Entonces, eso rompe allá que hasta nuestras familias. En familias tenemos que ‘yo milito en el PRI’, ‘yo con el PAN’, ‘yo en Morena’. Ese ha sido el conflicto”, destaca Hernández López al referirse al trabajo comunitario y la toma de decisiones tanto internas como externas.
Antes de ser juez y abogado, trabajó en maquiladoras para poder concluir con sus estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), pese a la barrera ideológica, enfrentar la discriminación, el rechazo y la barrera del idioma no fueron impedimento para postularse como juez y velar por los intereses de las comunidades indígenas en ciudad Juárez.
De la sierra de Oaxaca al desierto fronterizo de Ciudad Juárez
Al terminar la secundaria, pensó que la mejor opción era irse a Ciudad de México, pero su familia ya había tomado otra decisión: habían migrado a Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos.
Un día, le mandaron llamar desde la caseta telefónica del pueblo. Era su padre, quien le dijo que había seis meses que estaban en Ciudad Juárez, que su hermano había cruzado la frontera con Estados Unidos con una prima, pero no lo lograron. Luego había conseguido trabajo en una maquiladora donde le pagaban muy bien, le daban comidas diarias y prestaciones.
Su padre y el resto de la familia lo siguieron.
Primero llegó un primo, quien convenció a la familia de viajar a esa frontera porque los salarios en la industria manufacturera eran mejores que en los trabajos que habían logrado conseguir en la Ciudad de México. En el campo de Oaxaca la vida se había complicado por la precarización.
El plan era quedarse poco tiempo, pero han permanecido allá más de dos décadas. Su padre viajó constantemente a Oaxaca porque tuvo cargos como autoridad tradicional.
Como para muchas personas que migran de comunidades indígenas a las grandes ciudades para un cambio de vida, en muchos casos sólo hablan la lengua indígena y sin un grado de estudio, lo que les impide progresar. Sin embargo, para Constantino, al igual que muchos otros, cambió el rumbo de su vida.
“Mis papás no sabían leer ni escribir ni sabían hablar español, batallamos al llegar. Ha sido un camino largo”, recuerda Hernández López.
Constantino Hernández llegó a los 15 años a Ciudad Juárez, por su edad no lo empleaban de manera formal. El primer año se dedicó a juntar y vender latas de aluminio, junto con su mamá. Ahora él tiene 41 años y su mamá falleció el año pasado.
Después de insistir en las maquiladoras, a los 16 comenzó a trabajar en una. Ahí le permitían trabajar y estudiar la preparatoria abierta. A los tres años se cambió a otra maquiladora, sin conocer aún sus derechos laborales, nunca pidió vacaciones ni finiquito en la primera. En Lexmark logró trabajar y estudiar una carrera de Derecho.
Sus hermanos estaban en Estados Unidos y le apoyaron en sus estudios. Comenzó a dar clases a los 21 años con el apoyo de uno de sus maestros, luego le permitieron trabajar en despachos de abogados que también eran sus profesores.
Cuando estaba en el tercer semestre de la carrera de Derecho, comenzó a litigar el caso de un familiar que atropelló a un niño.
En 2013 se graduó de la maestría y posteriormente hizo el doctorado en Derecho Judicial. Antes de ser juez, trabajó como asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde la creación de ésta en la administración de 2016-2021; fue fiscal cívico del Municipio de Juárez, como juez de Barandilla, así como maestro de la UACJ y del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ). Ha sido presidente de la Barra y Colegio de Abogados licenciado Benito Juárez y delegado por Chihuahua de la Confederación de Colegios y Barras de Abogados de México.
Constantino está agradecido con la gente de Ciudad Juárez porque con el paso de los años, lo impulsaron, no lo juzgaron ni veían limitantes en él por su cultura y su idioma. La decisión de continuar sus estudios y luchar desde el Derecho por la justicia, le ha costado alejarse de su comunidad, sin embargo, siempre anhela regresar a vivir a su comunidad, La Corregidora.
Está consciente de que a su familia, principalmente a sus hijos de 10 y 14 años y a su esposa originaria de Veracruz, les tomaría acostumbrarse a la vida en la comunidad. Sueña con volver, no sabe cuándo, pero sabe que regresará.
