La defensa de José Antonio C. B. pidió el sobreseimiento del proceso penal en contra de su representado por considerar que al ser juzgado en el fuero común no se le acreditó los ataques a la paz pública; sin embargo, el Ministerio Público federal se opuso y argumentó que no se le enjuicia por el mismo delito
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Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La defensa de José Antonio C. B., imputado por el delito de terrorismo por los hechos violentos desatados en la ciudad el 11 de agosto del 2022, el llamado jueves negro – que dejó 11 personas asesinadas, incendios intencionales en varios negocios y ataques a balazos contra la población– pidió el sobreseimiento de su proceso penal; sin embargo el juez rechazó la petición.
En una audiencia celebrada este viernes, la defensa del acusado dijo que su representado ya fue juzgado por un tribunal del fuero común por los hechos ocurridos durante el llamado jueves negro y no encontraron material probatorio para condenarlo por ataques a la paz pública ni por homicidio en grado de tentativa por esos hechos.
Además, argumentó que una persona no debe ser juzgado dos veces por los mismos hechos, como establece el principio non bis in idem. Por eso solicitó el sobreseimiento del proceso penal federal.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) se opuso al argumento de la defensa de José Antonio C. B. y dijo que el delito por el que se le juzga en el tribunal federal no tiene relación con los delitos por el que fue procesado en el fuero común.
La acusación del MPF contra José Antonio C. B. es por el delito de terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 139 del Código Penal Federal, se informó durante la audiencia.
En la fracción primera de este artículo se establece que “se aplica a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
El delito se sanciona con una pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1 mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, de acuerdo con el Código Penal Federal.
Luego de estos alegatos, el juez José Avelino Orozco Córdova consideró como infundados los argumentos de la defensa del acusado y dijo: “voy a negar el sobreseimiento”.
El bien tutelado en esta causa penal es la seguridad nacional, recordó el juzgador.
Orozco Códova indicó que José Antonio C. B. es acusado como coautor del delito, y está vinculado por los hechos que iniciaron a las 13:27 horas del 11 de agosto del 2022, con una llamada desde el Cereso número 3, y concluyeron a las 7:27 horas del día siguiente.
“Fue parte de una acción común” agregó. “Hay una participación conjunta para generar terror en la población”.
Además de José Antonio, al menos hay otros dos hombres más acusados por terrorismo por los mismos hechos, uno de ellos es identificado como Juan Carlos V., alias Seky; en tanto que él otro era un menor de edad cuando se cometió el delito por lo que sus datos se manejan de manera confidencial.
A José Antonio C. B., se le acusó por su presunta participación en el incendio de un camión en la colonia Riveras del Bravo etapa VIII. Él fue detenido por las víctimas y un grupo de comerciantes y fue acusado ante un tribunal estatal por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daños agravados y ataque contra la paz pública.
De acuerdo con reportes policiacos, el acusado fue arrestado en calles de la colonia Riveras del Bravo etapa VIII por parte de dos hombres, padre e hijo, así como un grupo de comerciantes.
Al concluir la audiencia de este viernes, la familia de José Antonio C. B., quien permanece detenido en el penal de Aquiles Serdan, alegó que él es inocente y aseguró que fue torturado por policías municipales para autoinculparse.
La tortura fue denunciada por el propio José Antonio al inicio de la audiencia en el fuero común, correspondiente a la causa número 2543/2022, cuando la juzgadora le preguntó al detenido si presentaba alguna lesión pues advertía que tenía golpes en su rostro. José Antonio respondió que fue llevado a una comandancia y golpeado, de acuerdo con reportes periodísticos.
