mayo 26, 2024
Investigaciones

Vivienda deshabitada en el suroriente: un problema histórico y sin freno

De acuerdo con el IMIP, en 2018 había casi 25 mil casas deshabitadas en el suroriente; ahora, el gobierno municipal ha abierto la puerta a la construcción de más viviendas en ese sector de la ciudad. 

Por Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— La inseguridad, la segregación urbana y el desempleo han generado que miles de personas sean expulsadas de sus viviendas en el suroriente de Ciudad Juárez, una problemática que, aunque no es nueva, podría agravarse con la derogación de candados que limitaban nuevos desarrollos habitacionales en esa zona del municipio. 

De acuerdo con el ‘Diagnóstico de la Zona Periurbana de Ciudad Juárez’ publicado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Juárez en 2018, de las 142 mil 100 viviendas que hay allí, 24 mil 818 casas están deshabitadas.

Esas casi 25 mil representan el 35 por ciento de las viviendas deshabitadas y habitadas temporalmente de Ciudad Juárez, donde hay en total 70 mil 790 casas en esas condiciones, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La doctora Marina Contreras Saldaña, especialista en urbanismo, explica que en el suroriente las concepciones de vivienda deshabitada y vivienda abandonada se unen debido a que los propietarios de esas casas terminaron dejándolas por el rezago de la zona, la inseguridad y por considerar inasequibles. 

La especialista, quien ha estudiado ampliamente este fenómeno, señala que aunque las personas deciden vivir allí por la posibilidad de tener una casa propia, la zona sigue sin tener condiciones de habitabilidad.

Foto: Jonathan Álvarez

“Resulta que esa vivienda no cuenta con espacios suficientes para las zonas de estudio de los jóvenes, no cuenta con espacios suficiente para las actividades recreativas de la familia, no cuenta con condiciones de salubridad en el entorno. En su momento no había hospital, el transporte es más deficiente para la periferia (…) entonces las condiciones de habitabilidad, tanto materiales de la vivienda como del entorno inmediato, no satisfacen las necesidades de sus habitantes y terminan relocalizándose”, explica.

Contreras Saldaña explica que sus habitantes terminan desplazándose a una zona más consolidada, ya sea fuera de la ciudad o dentro de esta, aunque sea en una vivienda de renta, pues es mucho más asequible rentar en otra parte que ocupar zonas que no cuentan con los requisitos mínimos para vivir.

Por otro parte, sostiene que el impacto de la inseguridad, que afecta la calidad de vida de todos los juarenses, es más grave todavía en las periferias: las colonias más inseguras de esta ciudad se encuentran en el poniente y en el suroriente de la ciudad, por incidencia delictiva y por percepción. 

“Quienes acceden a viviendas de interés social son principalmente operadores de la industria maquiladora (…) todos ellos tienen contacto en algún momento con la noche. A ver, recorre esta ciudad a las 4 de la mañana para tomar tu camión entre lotes baldíos, en donde no hay vigilancia, para llegar a tu Transporte de Personal… no, no es seguro para toda la población”.

Doctora Marina Contreras Saldaña

Pese a diagnóstico, quitan candados a la dispersión urbana

Para contener la dispersión de la ciudad, en 2019 se creó un instrumento que tomó como referencia el ‘Diagnóstico de la Zona Periurbana’ del IMIP: el ‘Polígono de Actuación Talamás para Vivienda Nueva en la Zona Periurbana Suroriente’, que disponía una serie de candados a la construcción de casas en el suroriente y cuya finalidad era atender el rezago en infraestructura ocasionado por la dispersión urbana.

Sin embargo, en diciembre del año pasado el Cabildo aprobó la revocación del documento y con ello anuló la obligatoriedad de contar con dictámenes de educación y transporte para los constructores de vivienda. El argumento del alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue la necesidad de incentivar la construcción de vivienda de interés social en el suroriente, por ser más asequible para la población.

Días después de la decisión del Cabildo, la Asociación de Planificadores y Urbanistas de Ciudad Juárez solicitó al Ayuntamiento de Juárez reconsiderar la derogación del ‘Polígono de Actuación Talamás’. Además alertó que la decisión contradice ordenamientos de mayor jerarquía, como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible (2021).

Por su parte, el presidente Pérez Cuéllar se reunió el pasado 31 de enero con agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) para dar seguimiento a temas enfocados “a favorecer el desarrollo ordenado” de Ciudad Juárez.

El Presidente de la Canadevi, Alfredo Arce Arizmendi, presentó una radiografía de la cámara sobre las condiciones actuales de los créditos para la vivienda, sobre la oferta y demanda de vivienda en Ciudad Juárez.

Hay el interés de que se construya vivienda de interés social que no se construyó el año pasado y no tanto por el crecimiento que va a tener la ciudad, sino por todos aquellos que ya ahorita están trabajando y están cotizando, entonces si en algo podemos contribuir a que se dé esto, con mucho gusto lo vamos a hacer”, explicó el alcalde a medios de comunicación antes la reunión.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez

La postura oficial contrasta con el ‘Diagnóstico de la Zona Periurbana de Ciudad Juárez’, en el que el IMIP establece que la construcción de vivienda de interés social, tal como se desarrolló desde inicios de la década de los 2000, “está muy lejos de cumplir con los ideales que marcan la Constitución Mexicana y la Nueva Agenda Urbana”, es decir, que sea digna, segura, decorosa, sana, accesible, asequible, resiliente, sostenible y habitable.

“Los programas de vivienda han sido diseñados bajo un esquema económico, pero no bajo parámetros de habitabilidad que den solución y cumplimiento al derecho que refiere la Constitución y la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Por ello es muy importante considerar como primer paso para el diseño de una política habitacional, las necesidades de habitación de la población”, establece el documento. 

La doctora Marina Contreras Saldaña señala que la revocación tendrá altos costos para la población que actualmente habita la zona y para la ciudad en general. 

“Le estás diciendo a esta población que ya ocupó esa periferia no consolidada durante ya cerca de 20 años, que no van a contar con servicios que les abastezcan esas necesidades, que por 20 años se les prometieron y que pues no van a llegar, que por el contrario se va a seguir promoviendo la construcción de más viviendas”, señala.

Si bien la zona no es tan densa porque existen bastantes lotes baldíos, los fraccionamientos por sí mismos son densos y demandan infraestructura y servicios públicos, debido a que bajo las condiciones actuales hay problemas con el abasto de agua, electricidad y vialidades que cubran la afluencia vial.

“Se va a construir nueva vivienda sin responder a las demandas actuales de la población, no responde al ejercicio del Derecho de la Vivienda Digna ni tampoco al ejercicio de los Derechos a la Ciudad, y se violentan, por supuesto, otra serie de derechos”, concluye.