junio 21, 2024
Sociedad

Tribunal Federal ordena a Secretaría de Salud de Chihuahua garantizar acceso al aborto

Las clínicas y hospitales de Chihuahua deberán proveer los servicios necesarios para que las mujeres y personas gestantes que quieran abortar de manera voluntaria no sean criminalizadas. Colectivas y organizaciones celebran el fallo, ya que no es necesario esperar a que los diputados y diputadas del Congreso reformen el Código Penal estatal, lo cual han evadido por dos legislaciones.

Texto y fotos: Óscar Rosales / Raíchali

Chihuahua.— A partir de hoy, las mujeres y personas gestantes del estado podrán acceder a los servicios a un aborto de manera voluntaria y sin ser criminalizadas, ya que un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud difundir información e implementar servicios de aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación.

La decisión del Tribunal sobre Chihuahua, que se dio en febrero de este año, se deriva de la estrategia de amparos colectivos que Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS), Morrxs Autonómxs AbortistasMX, iniciaron en 2021 y en el que participaron 373 personas de distintos municipios.

En conferencia de prensa este martes por la mañana, las organizaciones celebraron el fallo que reafirma el derecho constitucional de las mujeres y personas gestantes sobre su propio cuerpo, cuyo precedente tiene origen en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre del 2021 en Coahuila.

El fallo de la SCJN en Coahuila determinó que era inconstitucional sancionar con prisión a las mujeres y personas gestantes que decidan voluntariamente a interrumpir su embarazo, por lo que en septiembre de 2023 se removió dicho castigo del código penal federal. Esta reforma histórica habilitó al sistema de salud federal para comenzar a prestar servicios de aborto a las mujeres que así lo decidieran.

Aunque la sentencia no obliga al Congreso de Chihuahua a realizar una reforma al Código Penal, el juzgado federal reconoció que las autoridades estatales actualmente violan la ley al no garantizar el acceso a servicios de aborto voluntario en hospitales y clínicas públicas, ya que la negativa infringe el artículo 4° de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho a la libre decisión sobre el propio cuerpo.

La decisión del tribunal también es la primera de su tipo en reconocer a las personas trans y no binarias, resaltaron.

“Somos de la de las identidades más invisibilizadas, tanto a nivel salud como los medios, en casi todos los ámbitos y pues es muy importante que se nos mencione que se hagan también que existimos que también tenemos derecho a la salud reproductiva”, denunció Leonardo, de Morrxs Auntonomxs, colectiva en Ciudad Juárez.

Las organizaciones recordaron que han sido varios los esfuerzos colectivos para cambiar el Código Penal de Chihuahua, sin embargo, la mayoría de los diputados y las diputadas del Congreso no han apoyado ninguna de las iniciativas para despenalizar el aborto en el estado.

“No podemos anteponer un código penal a una Constitución porque es un derecho humano”, señalaron.

Las organizaciones invitan a la población a contactarse con ellas en caso de que busquen acceder a los servicios de salud estatales para realizarse un aborto, y así vigilar el cumplimiento de la orden que dio el Tribunal Federal para Chihuahua.

“No hubo fracción parlamentaria que decidiera legislar para sacar el aborto del Código Penal, ni aún con las últimas sentencias emitidas por la Suprema Justicia de la Nación en la materia llevando a que todas nuestras propuestas y trabajo en el Congreso local fueran enviadas a la congeladora”, agregó Mariela Castro de Marea Verde.

En caso de que las clínicas de salud de Chihuahua se nieguen a brindar el servicio, las colectivas acompañarán para que las mujeres y personas gestantes tengan una alternativa para realizarse el aborto.

Además, las instituciones de salud y las personas que trabajen ahí podrán ser acreedores de una sanción, que van desde multas administrativas hasta la destitución del cargo (incluyendo personal médico involucrado).

Las colectivas reconocieron que habrá resistencia de diversos actores políticos de Chihuahua a la orden del tribunal, pero que pese a esto, ellas seguirán vigilando para que la ley se haga cumplir.

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