Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la FGR y una queja ante la CNDH por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que resultó en la muerte de 39 personas; piden la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en las labores periciales.
Por Miguel Silerio / Foto: Abraham Rubio
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia antes la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con el incendio de la estación migratoria de Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el que murieron 39 personas y otras 28 resultaron heridas.
Las organizaciones, que acompañan a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a lo largo del país, manifestaron su preocupación por las investigaciones de la FGR, que apuntan a funcionarios de bajo nivel y trabajadores de una empresa de seguridad privada, y demandaron que esta se extienda a los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria nacional, incluyendo al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Además pidieron que en la identificaciones de las víctimas participe el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a través de una comisión convenida en 2013 con el gobierno federal.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), indicó que la denuncia penal se interpuso por los delitos de homicidio, lesiones, detención ilegal, abuso de autoridad y por “la profunda corrupción con la cual se maneja el INM, que conlleva a este tipo de tragedias”.
Kuhner dijo que también se pide investigar la posible responsabilidad en el delito de homicidio de quienes estaban a cargo de la estación migratoria, pues “vimos que tenían la oportunidad de dejar salir a las personas y no lo hicieron”.
Sobre la queja ante la CNDH, la directora del IMUMI precisó que algunas de las violaciones de derechos humanos que se detectaron en las detenciones de personas en movilidad son contra el derecho a la migración y la libre circulación, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la protección estatal, la libertad, la comunicación con el exterior, la asistencia, seguridad jurídica y el debido proceso, la no devolución, la salud, la vida y la dignidad.
“El nivel de discriminación y xenofobia contra las personas migrantes en nuestra región, en México, es indignante y crea este ambiente de aceptación a la criminalización de seres humanos que sencillamente están buscando protección o mejores vidas”, dijo.
Blanca Navarrete, directora de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), indicó que desde el mes de enero se registró un repunte en el número de operativos de control y verificación migratoria a cargo del INM en Ciudad Juárez, en los que también participaban agentes de la Policía Municipal.
Informó que el contacto con familiares de víctimas se ha complicado debido a las inconsistencias en la información aportada por el INM y las dificultades para comunicarse con sus respectivos consulados, a lo que se suma el reto económico para trasladarlos hasta esta frontera.
La directora de DHIA informó que, aunque el Gobierno Federal ya ha anunciado el inicio de las investigaciones, decidieron interponer una denuncia porque “lamentablemente la historia nos indica que si no hay organizaciones que estamos acompañando, exigiendo verdad, justicia y reparación para las familias de las víctimas, va a ser más complicado que la autoridad responda en tiempo”.
Piden participación de peritos independientes
Con la intención de que los análisis forenses que determinen las identidades y causas de muerte de las víctimas sean certeros y respeten los derechos humanos, las organizaciones piden que sean elaborados por peritos independientes.
Para ello, las organizaciones proponen a la Comisión Forense conformada en 2013 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la entonces Procuraduría General de la República (actual FGR) para la identificación de las víctimas de tres masacres ocurridas entre 2010 y 2012 en Tamaulipas y Nuevo León, apuntó la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo Pérez
Delgadillo Pérez recordó que en la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, en la que fueron asesinados 72 migrantes, se cometieron errores en la entrega de los restos a los familiares y a la fecha no se han podido exhumar cuerpos porque Guatemala no lo ha permitido y México no ha hecho las labores diplomáticas para ello.
“Tenemos que decirlo: no confiamos en los peritos del Estado (…) Si no tenemos la mirada de peritos independientes, va a ser muy difícil que podamos corroborar que no se cometan errores”, dijo.
La directora de la FJEDD indicó que las organizaciones enviaron a las autoridades un listado de 39 propuestas para garantizar una investigación efectiva que respete los derechos humanos, entre las que se encuentran garantizar el acceso a la salud física y psicológica a las personas heridas, que se facilite el ingreso al país a sus familias y que no sean presionadas para recibir los restos de manera inmediata, así como si inscripción al registro que contempla la Ley General de Víctimas.
Delgadillo señaló que la única forma en la que el gobierno mexicano puede garantizar una investigación efectiva es con el apoyo de una comisión especial que esté bajo el amparo de mecanismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidades o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Agregó que han solicitado tanto a la FGR como a la CNDH que sus investigaciones se lleven a cabo bajo el Protocolo de Minnesota.
Por su parte, Alejandra Macías Delgadillo, Directora de Asylum Access México, señaló que la política migratoria ha atravesado un proceso de militarización desde 2019 en las fronteras norte y sur, con la firma de acuerdos entre México y Estados Unidos, lo cual va en contra de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas.
Los elementos de la Guardia Nacional, dijo, no actúan como garantes de los derechos humanos, sino en funciones de contención y deportación que ponen en riesgo las vidas de las personas en movilidad, a quienes no se les da a conocer el proceso que pueden seguir para solicitar asilo.
Macías agregó que un informe del Consejo Ciudadano del INM en 2017 advertía que su personal no tenía claras cuáles eran sus funciones, además de que trabajaban jornadas excesivas, sin capacitación adecuada.
Inés Aurora Martínez Bernal, de Uno de Siete Migrando A.C., señaló que en octubre de 2021 se negó la entrada a dicha organización a las estaciones migratorias de Ciudad Juarez y Chihuahua, por lo que se obstaculizó el derecho a la representación legal gratuita y no fue posible supervisar las condiciones en las que estaban las personas allí detenidas.
Recordó además que en las estaciones de Baja California, Tabasco, Sonora y Chiapas se han registrado siniestros similares, que han resultado en muertes y personas heridas.
“Reiteramos que los hechos se deben investigar, no como hechos aislados, sino como un patrón de violaciones que se han venido cometido históricamente en contra de las personas migrantes”, dijo Martínez Bernal.
