Durante la presentación del Informe de Corrupción en Juárez 2024, el director de Plan Estratégico de Juárez, Sergio Meza de Anda hizo un llamado a los líderes empresariales a conducirse con legalidad y ética en sus relaciones con el sector público.
Por Jonathan Álvarez / Foto: Abraham Rubio
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Es tiempo de que liderazgos juarenses asuman un papel ejemplar ético, transparente y legal para trabajar en una democracia cotidiana que favorezca el desarrollo de la ciudad, señaló el director de Plan Estratégico de Juárez (PEJ), Sergio Meza de Anda.
Meza de Anda señaló frente a empresarios, funcionarios estatales, académicos y representantes de diversas asociaciones civiles que la corrupción se ha convertido en un modelo de negocios, que trabaja todos los días para crear clientelas políticas y económicas, que han dejado de procurar el desarrollo de la ciudad.
Lo anterior durante la presentación del ‘Informe de Corrupción en Juárez 2024’, en la que se dieron a conocer los resultados de los costos de la corrupción administrativa, riesgos de corrupción en las contrataciones públicas, así como los mecanismos emprendidos por la ciudadanía para la vigilancia de las obras públicas
“La ciudad es reflejo de sus liderazgos: los liderazgos políticos, económicos, sociales, académicos, religiosos, le hemos fallado a la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos el gran lastre de la corrupción, el conflicto de interés, porque se ha buscado el beneficio de familiares y de grupos, y hay un gran desinterés por el desarrollo de la ciudad”, expresó.
Meza de Anda sostuvo que algunos actores y grupos empresariales han visto una oportunidad de beneficiarse económicamente de dicho sistema de corrupción, que le garantiza obtener ganancias ante una nula competencia garantizada por el gobierno en turno.
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Ante esto, enfatizó la importancia de que los liderazgos empresariales asuman un papel ejemplar, conduciéndose con ética, transparencia y legalidad; además destacó la importancia de no deber favores ni solapar conductas corruptas de empresarios al interior de las cámaras empresariales.
“Necesitamos la ejemplaridad de los liderazgos empresariales, tienen que poner el ejemplo y para eso tenemos que tener la libertad de llamar a las cosas por su nombre: no deber favores, no solapar ni a empresarios ni a gobiernos (…) los organismos empresariales deben subir la vara para exigir a sus integrantes legalidad y ética”, destacó.
Meza de Anda hizo hincapié en la necesidad de una cultura política centrada en la ética, en la que los gobernantes se asuman como personas “capaces y no rapaces”, con la finalidad de construir un sistema político que promueva el bien común.
El director de PEJ explicó que desde 2018 la organización ha interpuesto 49 denuncias penales y 11 amparos ante diferentes instancias, a como parte de su trabajo de litigio estratégico.
Aprovechó para invitar a la ciudadanía presente, desde el sector académico hasta el empresarial, a firmar y unirse a las denuncias: “me gustaría invitarles a que las denuncias que hacemos no vayan firmadas solamente por una persona, que vayan firmadas por más gente”, señaló Meza de Anda.
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Asimismo, Sergio Meza dijo que en este periodo electoral es importante que la ciudadanía sepa que “el poder es nuestro, nosotros elegimos, nosotros ponemos y, por la ley de Participación Ciudadana, nosotros podemos quitar. Tenemos derecho a la legitima defensa de los corruptos y corruptores”.
Durante la presentación del informe, se dio a conocer que los actos de corrupción administrativa (sorbos) en 2023 representaron un costo a la ciudadanía de 477 millones de pesos.
El informe reveló que durante el periodo de octubre de 2021 a diciembre de 2023, que corresponde a la administración de Cruz Pérez Cuéllar, se llevaron a cabo contrataciones por un total de más de 7 mil millones de pesos. Sin embargo, se destacó que el 76 por ciento de estas contrataciones presenta un riesgo de corrupción.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción. Mientras que el estado de Chihuahua tiene la tasa más alta en el país de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
