“Esta situación se venía dando desde los últimos siete, ocho años, y se agudizó; estamos viviendo la cruda de una borrachera de indolencia, de una borrachera de omisión, de una borrachera de dejar hacer y de falta de escrúpulos por parte de las administraciones pasadas”, dijo la gobernadora Campos Galván.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, aseguró hoy que la corrupción al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 3 es un legado administraciones pasadas, que se agudizó mientras se estaban efectuando cambios en el sistema penitenciario.
Tras el homenaje luctuoso a los 12 policías de Seguridad y Custodia Penitenciaria y agentes investigadores de la Policía Estatal el 1 y 2 de enero, la mandataria aseguró que se está trabajando en la mejora de las condiciones laborales de los cuerpos policiales.
Campos Galván aseguró que el Gobierno del Estado había hecho la petición de traslados de internos a penales federales, cambios al interior del Cereso y en el traspaso del Cefereso Número 9 al Estado.
Señaló que los hechos del ‘Jueves Negro’ y el motín y fuga de internos del 1 de enero ocurrieron “en su totalidad” en ese contexto.
“Esto es bien importante decirlo: esta situación se venía dando desde los últimos siete, ocho años, y se agudizó; estamos viviendo la cruda de una borrachera de indolencia, de una borrachera de omisión, de una borrachera de dejar hacer y de falta de escrúpulos por parte de las administraciones pasadas. No estoy justificando, pero sí quiero poner a los juarenses en el contexto de dónde estábamos”, declaró la gobernadora.
Reconoció que “es desgarrante saber las condiciones en las que trabajan (los custodios) y lo que estaba sucediendo al interior del Cereso”, y sostuvo que el Gobierno del Estado está trabajando para reivindicar la situación de corrupción al interior de los 11 penales que tiene a su cargo el Gobierno del Estado.
Campos Galván dijo que la responsabilidad directa es del director del Cereso Número 3, Alejandro Alvarado Téllez, quien fue cesado el martes y es investigado tras el motín registrado del 1 de enero que dejó como resultado la muerte de 17 personas y la fuga de 30 internos del penal estatal.
Con relación a las investigaciones para localizar a los internos prófugos, la gobernadora se limitó a decir que no dará información por cuestiones de seguridad y para no entorpecer las investigaciones.
