Colectivos, organizaciones y familiares de víctimas de desaparición y tortura acudieron al Congreso del Estado para respaldar la iniciativa que busca retirar los criterios de priorización establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado.
Por Favia Lucero / Foto: Cortesía de Justicia para Nuestras Hijas
Chihuahua, Chihuahua.— Colectivos y organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez y de Chihuahua, que trabajan con las víctimas de desaparición, sobrevivientes de tortura y sus familiares, acudieron hoy al Congreso del Estado para respaldar la iniciativa que busca derogar, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para eliminar los “criterios de priorización” con los que opera la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada del Estado.
La coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Carla Palacios Flores, leyó un comunicado al exterior del Congreso antes de ingresar a la sesión, con el que explicó que los criterios de priorización “vulneran el derecho a la verdad, impiden el acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas de tortura y desaparición en la entidad”.
Actualmente, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado establece que la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos (Fiscalía Especializada) debe actuar bajo un enfoque de “priorización de casos, es decir, a petición de las víctimas la Fiscalía Especializada recibiría carpetas de investigación de tortura y desaparición y las sometería a un test de priorización a partir del cual se determinaría el ejercicio o no de la atracción de la carpeta”.
No obstante, las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada y por particulares, así como los tratados internacionales en Derechos Humanos signados y ratificados por México, no toman en cuenta los criterios de priorización, ya que todos los casos deben ser investigados con exhaustividad y debida diligencia.
“Nos resulta resulta incomprensible la razón de establecer criterios para seleccionar los asuntos que van a ser investigados por una Fiscalía Especializada… Con esas acciones el Estado promueve que estos crímenes de lesa humanidad se sigan repitiendo y borra de nuevo una posible construcción de la memoria”, mencionó Palacios Flores.
La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, busca derogar la fracción I del inciso E. del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que mandata “establecer una política de priorización de casos para la investigación de violaciones a derechos humanos”.
Asimismo, propone reformar el primer párrafo de la fracción I del artículo 11, en el que se detallan los cargos que tiene la Fiscalía Especializada y que nuevamente obliga a que se atiendan los criterios de priorización también descritos en el Reglamento Interior de la Fiscalía General.
El párrafo de la fracción I quedaría de la siguiente manera:
“El ejercicio de las atribuciones descritas en los apartados B y E del artículo 2 de esta Ley, en los hechos que determine el Fiscal General del Estado, o el servidor público en quien se delegue la facultad, siempre que se trate de investigaciones respecto a alguna de las siguientes conductas delictivas:”
También se propone reformar el inciso F de dicha fracción y derogar el último párrafo de la misma fracción que establece que: “Las víctimas de los delitos competencia de esta Fiscalía Especializada, las autoridades de la federación, o las organizaciones civiles, podrán solicitar a su titular, que en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta fracción, asuma la competencia quien resolverá mediante acuerdo fundado y motivado, siempre que exista conformidad expresa de la víctima u ofendido”.
Finalmente se pretende adicionar el artículo décimo primero transitorio: “A la entrada en vigor del presente Decreto, quedan derogados los Criterios de Priorización en la Atención a Casos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada del Estado de Chihuahua”.
Los colectivos y organizaciones relataron que durante su trabajo han atestiguado que la Fiscalía Especializada responde en sentido negativo las solicitudes de las familias y las víctimas por obtener un puntaje bajo en los test de priorización. Ante ello, exigieron al Congreso que la iniciativa sea atendida de manera prioritaria.
“La eliminación de estos criterios de priorización es una deuda que el estado de Chihuahua tiene con los cientos de personas desaparecidas y víctimas de tortura”, expresaron las agrupaciones firmantes: Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., Justicia para Nuestras Hijas A.C., Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Abogadas Demócratas, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C., Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, Red Mesa de Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria A.C., Bowerasa A.C. “Haciendo Camino”, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
