Entre la indolencia del gobierno de México y la indulgencia de Estados Unidos.
Las extradiciones de tres narcotraficantes que por años operaron en Ciudad Juárez y El Valle de Juárez exhiben que concederlas a Estados Unidos no fue sinónimo de justicia para sus víctimas. Peor aún, pueden convertirse en una alternativa para que los capos libren su historial criminal y logren su libertad
Por Rocío Gallegos, Gabriela Minjares y Blanca Carmona / La Verdad
Con la colaboración de Ramón Bracamones / El Paso Matters
Ciudad Juárez – A unos 400 kilómetros del lugar donde fue detenido con fines de extradición, Óscar Alonso Candelaria Escajeda, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados por las autoridades estadounidenses, fue puesto en libertad en el sur de Texas.
Información del Buró de Prisiones muestra que el jefe de los Escajeda, organización criminal que por años sometió a los pobladores de El Valle de Juárez para el tráfico de drogas y que ocasionó un conflicto entre México y Estados Unidos, fue liberado el 4 de marzo del 2021, cuando no había cumplido ni la mitad de su sentencia de 27 años de cárcel.
El sistema de justicia de Estados Unidos disminuyó su tiempo en prisión sin regresarlo a México, como lo establece el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, desconociendo los antecedentes de su carrera criminal en el estado de Chihuahua, donde fue perseguido y detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ninguna autoridad estadounidense respondió a solicitudes de información sobre las condiciones de su liberación.
Una investigación realizada por La Verdad en colaboración con El Paso Matters examinó el proceso judicial de Candelaria Escajeda, alias la Gata, así como el de su hermano José Rodolfo Escajeda Escajeda y el de José Antonio Acosta Hernández, tres jefes narcotraficantes que por años provocaron masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento en Ciudad Juárez y El Valle de Juárez, en Chihuahua, donde fueron detenidos para su extradición a Estados Unidos.
A través de entrevistas, información obtenida por sistemas de transparencia y documentos oficiales en México y Estados Unidos se logró revisar estos tres casos de extradiciones que exhiben el destierro de la justicia y la omisiones del Estado mexicano ante sus víctimas.
“Lo que se espera es que se haga justicia”, reclama un hombre sobre el grupo de Óscar Alonso, que asesinó a su hermano y a la familia de éste en El Valle de Juárez. En el caso de su familia la justicia nunca llegó. La extradición de Candelaria Escajeda no sirvió para que pagara por los asesinatos que cometió.
“Existe una idea falsa de justicia en las extradiciones”, afirma Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH, un grupo multidisciplinario que da seguimiento a las extradiciones y detenciones por delitos de drogas en México y Colombia, como parte de su trabajo de fortalecimiento regional de los derechos humanos.
Además, explica Muro, en lo colectivo predomina la idea de que las extradiciones brindarán la justicia, verdad y reparación a las víctimas que nuestros sistemas judiciales no pueden, y que incluso servirán para que los criminales dejen de hacer daño.
Pero en lo individual, añade, la percepción es distinta, hay víctimas que sí tienen claro que se trata de una falsa justicia.
De acuerdo con datos oficiales, mil 389 personas fueron entregadas en extradición al gobierno estadounidense del 2000 al primero de junio de 2022, dos de cada cinco de ellas se dieron durante la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.
“El objetivo del sistema judicial en Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a esta política criminal (de la lucha contras las drogas), no es brindar la justicia, su objetivo es agarrar al capo más grande, entonces es donde se dan las negociaciones y estas liberaciones anticipadas”, explica a su vez Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa DDHH.
‘Se olvidan de las víctimas’
“¿Cómo estar conforme con eso? Yo no estoy conforme”, dice un hombre que perdió a cuatro integrantes de su familia, residentes del poblado de Guadalupe, a manos del grupo de Óscar Alonso. “Oí que había salido de la cárcel… porque se hizo testigo protegido”.
El hombre, que habla con la condición de no ser identificado por temor debido a la liberación de la Gata, comenta que ahora que el jefe criminal saldó su cuenta en Estados Unidos “quisiera que haya justicia” para sus parientes.
Sin embargo, las familias de las víctimas de los extraditados pocas veces obtienen justicia en México debido a que los acuerdos que Estados Unidos pacta con los detenidos, como presuntamente hizo con Óscar Alonso, no contemplan su retorno al país. Además, las autoridades mexicanas no dan seguimiento a los procesos posteriores a la liberación.
“Los gobiernos hacen sus acuerdos y sí, yo creo que al final lo que menos les importa son las víctimas, o sea, ellos hacen sus acuerdos y siempre se olvidan de la parte humana”, asegura Blanca Martínez, esposa del periodista Armando Rodríguez Carreón a quien José Antonio Acosta Hernández, jefe de la Línea, mandó matar en noviembre del 2008, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
Pese a esa investigación en proceso y a otros casos abiertos que arrastraba en México, Acosta Hernández, llamado también el Diego, fue extraditado en 2012 a Estados Unidos.
En 2015, la FEADLE imputó a Acosta Hernández como autor intelectual del asesinato del periodista. Para entonces, el también expolicía ministerial ya tenía tres años en una prisión de Estados Unidos, donde fue extraditado y sentenciado por el homicidio de una funcionaria del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, del esposo de ella y el marido de otra empleada diplomática cuando salían de una fiesta infantil.
Debido a esa situación, la Fiscalía informó entonces que en México quedaba “abierta y por cumplimentar –vía extradición– la orden de aprehensión contra el Diego” por el caso de Armando Rodríguez.
Para Blanca, como para las víctimas consultadas, estos procesos de justicia son demasiado confusos y complejos. “De alguna manera los extraditados están presos, pero por otros crímenes, en el caso de mi esposo (la justicia) no llegó o se quedó a medias”, afirma.
La consecuencia directa de que no haya justicia es que no se reconozca la verdad, advierte Renata Demichelis, directora para México de Elementa DDHH. Es decir, que no se sepa cuál fue la participación de esas personas en los hechos de los que son acusados, las causas de los asesinatos y desapariciones , además de que se dificulta la garantía de no repetición.
Demichelis menciona que la evidencia también exhibe que las posibilidades de que esas personas entregadas a otro país sean realmente investigadas y sancionadas en México son nulas.
“Creo que hay que aceptarlo, las posibilidades de acceder a la justicia en México en este momento son nulas y eso quizás es lo más frustrante de todo”, afirma.
Las tres extradiciones revisadas para esta investigación ocurrieron durante la llamada “guerra” contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, bajo la política antidrogas de Estados Unidos que, entre sus principales objetivos, buscaba la captura de los capos de los cárteles para frenar el tráfico de drogas y la violencia.
Los hallazgos muestran que uno de los casos alcanzó el beneficio de la reducción de pena al ser incluido en un programa que opera bajo un esquema de selección mecánica que, de acuerdo con autoridades, no toma en cuenta si el beneficiario fue uno de los criminales más buscados y líder de tráfico de drogas. Otro, ha buscado este beneficio en dos ocasiones, la última en marzo del 2022, aunque sin éxito. Solo uno está condenado a cadena perpetua.
Michael S. Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, menciona que al terminar sus condenas en Estados Unidos las personas extraditadas son deportadas a México. En el caso de contar con acusaciones formales, las autoridades del Departamento de Justicia notifican a las fiscalías mexicanas –la general y las estatales– que el individuo será deportado.
“Todo depende de las acusaciones y expedientes que tiene la persona extraditada”, dijo Vigil. “Si no tiene acusaciones no les pueden hacer nada. Simplemente son deportados a México”.
Sin embargo, Vigil comenta que es bastante común que abogados defensores lleguen a acuerdos con fiscales federales estadounidenses en el caso de que el acusado pueda brindar información de valor para otras investigaciones o juicios.
“Si (los criminales) ya extraditados deciden colaborar con el gobierno federal para dar testimonio en el juicio de otro narcotraficante lo pueden dejar en los Estados Unidos como testigos protegidos”, dice Vigil.
Precisamente, esto ocurrió en el caso de Óscar Alonso y es lo que busca su hermano. Ambos, así como Acosta Hernández, fueron entregados al gobierno de Estados Unidos como si fueran personas sin antecedentes penales en México.
“Esto no es justo para nadie”, afirma María Guadalupe Ortiz Collazo, hermana de José Guillermo Ortiz Collazo, un médico que fue una de las víctimas mortales del coche-bomba detonado en 2010 en Ciudad Juárez, hecho que las autoridades atribuyeron públicamente a José Antonio Acosta Hernández.
En ese entonces el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa presentó públicamente a Acosta Hernández como autor intelectual de esa detonación, sin embargo, no existe en su contra ninguna carpeta de investigación por ese hecho, según se desprende de respuestas a solicitudes de información presentadas tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía de General del Estado de Chihuahua.
Peor aún, pese a que el hecho llamó la atención a nivel mundial por la utilización de 10 kilos de explosivos Tovex, el caso ha quedado archivado para las autoridades, de acuerdo con las víctimas.
“Lo que me pregunto es cómo fue extraditado, (su entrega fue muy rápida). Pienso que solo lo entregaron, no hubo un proceso”, menciona María Guadalupe. “Es la ley del más fuerte… y aquí no hay justicia para nadie”.
Esta sensación de injusticia la comparte Luz María Dávila, mamá de Jorge Luis y Marcos Piña Dávila, dos de las 15 víctimas de la matanza ocurrida el 30 de enero del 2010 en una casa del fraccionamiento Villas de Salvárcar, una masacre en la que la autoridad identificó a Acosta Hernández como autor intelectual.
“Yo no estoy de acuerdo en que se lo hayan llevado para allá”, dice, “pero a las autoridades se les hizo más fácil entregarlo que procesarlo aquí… no se me hace justo”.
Mientras el Diego estuvo preso en México, ninguna autoridad quiso juzgarlo, pues tanto tribunales estatales como federales declinaron llevar el caso por cuestiones de competencia y de seguridad.
En ese entonces, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos -que en el 2018 llegó a ocupar la presidencia del Poder Judicial de Chihuahua-, dijo que “afortunadamente” el proceso judicial y la extradición del Diego se dio de manera sigilosa, “si esto hubiera salido en medios durante el proceso, hasta la vida del juez corre riesgo, como ocurrió en Colombia, donde cada vez que había un extraditable el primer muerto era el juez”.
“La mejor forma de que deje de causar daño es que esté detenido del otro lado”, agregó.
Ante este panorama, las víctimas cuestionan la procuración de justicia en México. Entre ellas está Julián LeBarón, una víctima de la violencia en el noroeste de Chihuahua y convertido en activista tras el asesinato de su hermano Benjamín y su cuñado Luis Carlos Whitman Stubbs en julio de 2009. Convencido por su experiencia con los casos de su familia afirma que “hablar de justicia en nuestro país es un mito”.
Las autoridades atribuyeron los crímenes contra la familia LeBarón a José Rodolfo Escajeda Escajeda, alias el Riquín, quien fue extraditado a Estados Unidos.
LeBarón, quien marchó por todo el país con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para visibilizar a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, concede que si bien la extradición no representa justicia para su familia, cuando menos el Riquín está preso y eso le impide generar más violencia.
“La verdad de los hechos jamás se estableció en el caso de nuestra familia y todos los actores están impunes”, afirma, “para que haya justicia se tiene que establecer la verdad de los hechos”.
Un arma de lucha contra las drogas
El gobierno mexicano ha utilizado la extradición como un arma de lucha contra las drogas, como se aprecia al examinar los procesos realizados desde el 2000.
Aunque la relación de extradiciones entre México y Estados Unidos tiene más de 160 años, esta dinámica adquirió relevancia durante la llamada “guerra contra las drogas”, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En ese periodo es cuando el gobierno de México entregó a más personas requeridas por Estados Unidos, como muestra una revisión a las estadísticas de extradición correspondientes a 22 años y que fueron proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en respuesta a una solicitud de información.
De 2000 al primero de junio de 2022, mil 389 personas fueron entregadas en extradición al gobierno estadounidense. Algunas de ellas han sido exprés y otras tardaron hasta 16 años en concretarse, en su mayoría los delitos por los que se reclaman son relacionados al tráfico de drogas, aunque también hay por homicidio de ciudadanos estadounidenses.
En el sexenio de Vicente Fox, entre 2000 y 2006, se registraron 216 extradiciones, la cifra más baja en los más de dos decenios transcurridos. También las más altas de solicitudes negadas. Durante esta administración los requeridos entregados eran estadounidenses.
Al arribar al gobierno Felipe Calderón y declarar la guerra al crimen organizado con la militarización –con acciones como la Operación Conjunta Chihuahua– las extradiciones aumentaron y en la lista de los entregados dominaban ciudadanos mexicanos. En su primer mes como presidente se realizaron seis, pero se incrementaron a partir del 2007, coincidentemente con la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, pacto de colaboración con Estados Unidos y que llegó a su fin sin alcanzar sus objetivos de proteger al territorio estadounidense del tráfico de drogas ni a México de la violencia de los cárteles, como concluyó un informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Durante el sexenio de Calderón, entre 2006 y 2012, se entregaron 583 narcotraficantes a Estados Unidos, algunos de ellos detenidos en Chihuahua, como los Escajeda y Acosta Hernández.
Los datos de la SRE muestran que con Calderón las extradiciones alcanzaron un promedio de 97 por año, casi el triple de las promediadas con Fox, pero ese promedio cayó a una media de 66 por año en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que registró 396 durante sus seis años de gobierno.
En el sexenio de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018, suman 194 extradiciones, de acuerdo con las cifras oficiales al primero de junio de 2022. En 2019 sumaron 58 y 60 en 2020, pero se desplomaron a 43 para 2021 –año en el que se reemplazó la Iniciativa Mérida con el programa Entendimiento Bicentenario– y 29 durante los primeros seis meses de 2022.
Sobre este panorama, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegura que hay un esfuerzo para dar prioridad a la extradición de los que son objetivos del gobierno de su país.
“Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno de México para asegurar que las personas que nosotros queremos de este lado de la frontera, que han estado involucrados en los crímenes que afectan a los Estados Unidos, vengan para acá. Ya aquí puedan pasar sus tiempos en los penales de Estados Unidos. Es un esfuerzo que lo llevamos muy bien”, afirmó Salazar al ser cuestionado sobre el tema durante su visita a Santa Teresa, Nuevo México, comunidad fronteriza colindante con Ciudad Juárez, a principios de este año.
En los últimos meses, los procesos de extradición en México se han frenado por amparos presentados por la defensa de los delincuentes requeridos por Estados Unidos, tales son los casos de Rafael Caro Quintero, recapturado por autoridades mexicanas en octubre de 2022, y Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido en Sinaloa en enero de este año.
El abogado José Irving Arellano Regino, especialista en derecho penal, dice que si la persona requerida tiene un proceso judicial en México, debe primero culminar éste y posteriormente puede ser llevado al país que lo está solicitando.
Por el derecho de preferencia, explica, eso suele ser materia de amparo, lo que llega a generar un obstáculo para la extradición. Sin embargo, advierte que en la decisión de entregar a los requeridos en ocasiones hay una incidencia política.
Aunque no debería ocurrir, explica el abogado, hay ocasiones en las que la SRE instruye a la Fiscalía General de la República que solicite al juez que interrumpa un proceso judicial o que dicte las medidas para que eso no ocurra, de eso depende la entrega o negación de la extradición solicitada.
En esto coincide Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa, quien señala que las extradiciones no solamente se dan por una decisión judicial, sino que se usan como arma política por los gobiernos.
Luego de un proceso judicial, la decisión final la toma de manera discrecional el Ejecutivo, un político, explica.
La SRE explicó a La Verdad, a través de la respuesta a una solicitud de información, que en ocasiones aunque la extradición ha quedado firme, la entrega no puede ejecutarse porque el reclamado tiene causas pendientes en territorio nacional. En estos casos la entrega queda diferida hasta que la Fiscalía lo indique.
“Lo correcto es que la persona cumpla primero la pena y de ahí sea trasladada al país que lo está requiriendo”, afirma Arellano Regino, pero eso no siempre ocurre.
Datos de la Fiscalía revelan que al menos 77 personas extraditadas desde el 2008 tienen procesos penales iniciados en México. Los delitos de las averiguaciones previas o causas penales que dejaron pendientes en los procesos mexicanos van desde delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada hasta homicidio, posesión de armas, secuestro y robo.
En respuesta a una solicitud de información, la FGR explica que cuando las personas extraditadas por México tienen un proceso penal pendiente en territorio nacional, estos procesos son suspendidos de llegar a juicio.
“Una vez que las personas extraditadas compurguen su pena en territorio estadounidense, serán repatriadas a territorio mexicano para la continuación de los procesos penales que fueron suspendidos”, agregan. No fue el caso de la Gata Escajeda.
La Gata, el Riquín y el Diego
Cuando Óscar Alonso Candelaria Escajeda fue extraditado a Estados Unidos el 17 de abril de 2009 para afrontar acusaciones por narcotráfico, ni siquiera tenía un cargo formal en su contra por las vidas arrebatadas en Ciudad Juárez y las comunidades rurales de El Valle de Juárez, donde encabezó la organización criminal que por años sometió a los pobladores de este territorio paralelo al río Bravo para el tráfico de drogas.
Ahora libre, algunas de sus víctimas narran con temor y con la condición de no revelar su identidad, que lo han visto gozar de su libertad en las calles de Odessa, una ciudad ubicada en el suroeste de Texas, muy cerca de los municipios fronterizos de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, que se localizan en la región conocida como El Valle de Juárez.
Las condiciones de su liberación no son públicas porque la mayor parte de los documentos que conforman el expediente permanecen sellados por orden judicial en Estados Unidos.
En el expediente 3:06-cr-02507, consultado en el sistema de Acceso Público a Archivos Electrónicos de Corte (PACER, por sus siglas en inglés), las autoridades judiciales ordenaron sellar la acusación, las órdenes de arresto y los documentos relacionados con el caso desde diciembre de 2006.
Sin embargo, en la revisión realizada al expediente electrónico se encontró que el 2 de marzo de 2021 se realizó una enmienda a la sentencia, con lo que obtuvo una reducción de la penalidad por “cambio de circunstancias” y con ello alcanzó la libertad.
Años antes, el 31 de octubre de 2014, los jueces federales de la Corte del Distrito Oeste de Texas división El Paso le informaron que podía acceder al programa de reducción de sentencias para acusados de drogas, aprobado por los legisladores de Estados Unidos.
La Gata pidió en 2016 la reducción de la sentencia, pero le fue negada. En 2011 ya le habían aprobado una enmienda a la sentencia en la que le redujeron 80 meses a la pena.
En abril de 2010 Óscar Alonso fue condenado a 325 meses (27 años) por tráfico de drogas. Al final, después de las enmiendas y reducciones, solo estuvo casi 14 años en prisión, dos de ellos en la Ciudad de México y el resto en Estados Unidos.
Edgar Holguin, defensor público federal en la División de El Paso, quien representó a la Gata en la etapa final de su proceso cuando obtuvo la libertad, dice que aunque no puede hablar de su caso en particular porque ni siquiera recuerda los detalles, el beneficio que obtuvo fue gracias al programa de reducción de penas.
“No entramos en detalles, porque eran muchos. Más de 1000. Solo estábamos tratando de que la gente tuviera la reducción si calificaba para ellos. No estábamos interesados en investigar más a fondo sus casos”, explica.
Este tipo de beneficio para reducir la pena y otros recursos ha buscado José Rodolfo “Riquín” Escajeda, quien en cuatro ocasiones ha recurrido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir la libertad de manera anticipada como lo hizo su hermano la Gata.
De acuerdo con su expediente identificado en PACER con el número 3:06-cr-2507, Riquín pidió por primera vez en junio de 2015 una reducción de la pena bajo el programa aprobado un año antes para disminuir las sentencias a narcotraficantes. La solicitud fue rechazada en agosto de 2016.
La segunda solicitud la hizo en octubre de 2020, cuando pidió la libertad por razones humanitarias basadas en la amenaza que representaba el COVID-19. En una petición escrita por su puño y letra, Riquín argumentó que tenía temor al contagio, ya que padece diabetes tipo 2 y algunos miembros de su familia contrajeron la infección, además de que se consideraba listo para reincorporarse a la sociedad.
“… quiero comentarle que estoy totalmente arrepentido de los delitos que yo cometí”, dice, “le pido compasión por mi persona, yo los únicos delitos que cometí fueron 2 delitos, uno es por mariguana y el otro por cocaína, la mariguana ya está catalogada como de mínima peligrosidad, al igual la cocaína”.
La petición fue rechazada en octubre de 2020. La juez le respondió que el acusado debía justificar la liberación compasiva con registros médicos y penitenciarios, lo que no ocurrió.
El 14 de diciembre de 2020 volvió a pedir la reducción de la sentencia bajo el programa aprobado en 2014, pero se la negaron porque el nivel de los delitos cometidos por el que se le aplicó la penalidad estaba fuera del rango al que se hicieron enmiendas.
El 19 de enero de 2022 apeló la negativa a su tercera petición presentada en 2020, pero la Corte determinó que era improcedente por el tiempo transcurrido y la desestimó por extemporánea.
El cuarto intento para buscar la reducción de la sentencia lo presentó en marzo de 2022 y también lo hizo por “razones humanitarias” basadas en razones médicas “extraordinarias y convincentes” ante el temor de contagiarse de COVID-19 y el alto riesgo debido a su padecimiento de diabetes tipo 2, obesidad y antecedentes de consumo de múltiples sustancias y tabaquismo.
En junio de 2022 la petición también fue rechazada. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta de la Corte fue amplia para argumentar la oposición a su liberación anticipada.
De entrada, mencionaron que al momento de la petición ningún recluso de la prisión donde cumple la sentencia, en FCI Phoenix, se encontraba positivo con COVID-19 y dos reclusos habían muerto a consecuencia del contagio.
“El miedo al COVID-19 no da derecho automáticamente a un preso a ser liberado”, argumentó la Corte y señaló que el acusado ya había sido vacunado por completo, incluído el refuerzo, además de que en la cárcel se habían aplicado una serie de medidas preventivas.
Señalaron que la naturaleza, circunstancias y gravedad de los delitos cometidos por el acusado seguían sin cambios y refuerzan que la sentencia del Tribunal fue justa, ya que era un miembro de alto rango del cártel de Juárez y realizaba varias labores criminales en El Valle.
Entre los argumentos de las autoridades estadounidenses destaca la necesidad de proteger al público y disuadir más delitos, ya que durante más de una década ascendió en las filas del cártel de Juárez e intentó mitigar sus circunstancias cooperando con el gobierno al firmar una declaración jurada.
Sin embargo, sus actos no respaldan su buen comportamiento. Como elementos de prueba exhibieron el historial disciplinario de Escajeda para respaldar el encarcelamiento continuo: en 2012 fue sancionado por negarse a trabajar y por posesión de arma peligrosa, dos palos con una navaja; en 2014, por estar en una zona no autorizada; y en 2015, por agresión con lesiones graves y abuso telefónico, ya que lo encontraron en posesión de un teléfono.
“Continúa siendo una amenaza para el público como lo fue durante su tiempo como miembro de alto rango del cártel de Juárez”, dice la respuesta.
En resumen, agrega, el acusado no ha podido demostrar factores para respaldar la reducción de la sentencia que busca.
La liberación del Riquín está programada hasta el 9 de octubre de 2039.
Para el mismo cártel que operó el Riquín Escajeda, lo hizo también José Antonio Acosta Hernández, el Diego, Blablazo o el 15 como también lo identificaban las autoridades.
El Diego, quien pasó de policía ministerial estatal a ser jefe de sicarios de los Carrillo Fuentes, cumple actualmente siete cadenas perpetuas en la penitenciaría estadounidense en Florence, Colorado.
Tras su detención en la ciudad de Chihuahua, en junio del 2011, en un operativo encabezado por agentes de la DEA, Acosta Hernández fue entregado a Estados Unidos en El Paso, Texas en marzo del 2012.
Tres semanas después se declaró culpable de siete cargos por asesinato y tenencia de armas, relacionados con un atentado ocurrido el 13 de marzo de 2010 en Juárez, donde murieron la funcionaria consular estadounidense Leslie Enriquez, su marido Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros, cónyuge de otra empleada consular, al salir de una fiesta infantil.
Ante la jueza federal de distrito Kathleen Cardone también se declaró responsable de tráfico de drogas, lavado de dinero y de asociación ilícita, afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por ambas declaraciones de culpabilidad no fue a juicio.
En México, las autoridades lo identificaron como el autor intelectual de masacres, entre ellas el asesinato de 15 estudiantes en la colonia Villas del Salvárcar, de policías municipales, la ejecución de siete agentes federales, la detonación de un coche bomba -un acto considerado como terrorista-, así como del homicidio del periodista Armando Rodríguez Carreón. En total, las autoridades lo acusaron de hasta mil 500 homicidios.
Sin embargo, en el país solo existe una carpeta de investigación en contra de Acosta Hernández por los hechos relacionados con las víctimas del Consulado de Estados Unidos, que actualmente se encuentra en archivo temporal. Así como una imputación pendiente de cumplimentar como autor intelectual del asesinato del periodista Rodríguez Carreón.
Ante casos como estos, la directora de Elementa en México, Renata Demichelis plantea la importancia de problematizar las extradiciones para cuestionar si se han traducido en justicia.
“Necesitamos llamar la atención en esto”, dice, “en tanto nadie habla de eso y en tanto nadie le dé seguimiento, no vamos ni siquiera a poder saber si eso funciona o si no funciona para México”.
Hasta ahora, añade, la forma en la que se opera este sistema nos permite visibilizar mejor la opacidad, la impunidad y la falta de acceso a la verdad para las víctimas en este país.
El territorio de los Escajeda
Los rastros de la desolación y de la narcoviolencia están prácticamente en todas las calles de Guadalupe, poblado natal de Los Escajeda.
Decenas de casas en ruinas y mansiones construidas de manera ostentosa que ahora lucen destruidas se extienden como vestigios de las vidas destrozadas por la violencia generada por la disputa sostenida por el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa por este territorio fronterizo.
Guadalupe está situado en el centro de un corredor angosto de tierras agrícolas conocido como el Valle de Juárez, que comienza en las localidades rurales del extremo oriente del municipio de Juárez y se extiende paralelo al río Bravo en la frontera con Texas, hasta el poblado del Porvenir, en Práxedis G. Guerrero.
Este territorio se compone de zonas semidesérticas, de sierras, de campos verdes y secos, según la época de cultivo, aunque la apuesta agrícola se centró por décadas en la siembra de algodón, que alcanzó fama por llegar a considerarse como el segundo mejor del mundo, después del cosechado en Egipto. Sin embargo, la sequía pegó en la región y la salinización echó a perder una gran cantidad del suelo agrícola del Valle de Juárez, con lo que la producción del llamado oro blanco se desplomó.
Después de eso, y por su ubicación fronteriza con Estados Unidos, la única actividad que prosperó en esa región fue el contrabando de drogas, y entonces la violencia explotó. El derramamiento de sangre expulsó a miles de habitantes.
“De lo que era antes Guadalupe, ya no queda nada”, dice una integrante de la familia Archuleta que hace más de ocho años abandonó su hogar para sobrevivir a la narcoviolencia en el Valle de Juárez. Ahora ella –quien pide la reserva de su identidad pues aún teme por su vida– reside en Estados Unidos, a donde se dirigió junto con 32 parientes y muchas personas más de esta región que buscaron el exilio.
“Era un pueblo pequeño de familias grandes en donde todos se conocían. Cada año, se festejaba la Feria del Algodón, con juegos mecánicos, comida, baile y artesanías siendo una tradición que contaba con toda la participación del pueblo”, recuerda la mujer de 32 años, quien de manera forzada en diciembre de 2014 cambió su residencia tras el secuestro y asesinato de cuatro parientes, tres ocurridos ese mismo año.
Desde mediados de los 90 y hasta el 2006, los Escajeda eran los líderes del grupo que llevaba por nombre su apellido materno. Traficaban marihuana y cocaína para los cárteles de Juárez y Sinaloa, con quienes mantenían una alianza para cruzar las drogas por los municipios fronterizos del Valle.
Eran los tiempos en los que en México operaba la organización denominada la Federación, asociación de varios cárteles para el tráfico pacífico de drogas.
Mientras que la Gata negociaba con el cártel de Sinaloa, su hermano José Rodolfo “El Riquín” Escajeda lo hacía con el de Juárez, cárteles que en el 2008 se disputaron el control del lucrativo corredor.
Por sus habilidades para la negociación y personalidad apacible, la Gata ostentaba el control del grupo, de acuerdo con testimonios de pobladores del Valle. En cambio, su hermano Riquín destacaba por su belicosidad y violencia.
Los hermanos eliminaron rivales, desarticularon a las policías municipales en la región –que a la fecha siguen sin agentes locales de seguridad–, asesinaron alcaldes y transformaron la región en territorio para el crimen organizado.
Ambos hicieron de ese territorio agrícola uno de los mayores corredores de drogas en la frontera norte de México, donde compraron ranchos, animales exóticos, camionetas lujosas y construyeron ostentosas mansiones que destacaban en el pueblo de escaso desarrollo.
Su ocaso comenzó a finales de 2005 y principios de 2006, cuando autoridades estadounidenses detectaron una incursión fronteriza en Neely’s Crossing, condado de Hudspeth, Texas en la que participaron hombres fuertemente armados vestidos como militares mexicanos.
En el incidente ocurrido en enero de 2006, alguaciles de Hudspeth encontraron tres vehículos en los que creían transportaban marihuana cuando circulaban en las inmediaciones de la frontera con México.
Después de una persecución que fue plenamente documentada por las autoridades estadounidenses con fotografías y videos, uno de las camionetas quedó atascada en el río Bravo, donde llegaron dos Humvees, vehículos tipo militar con ametralladoras, de donde bajaron personas con uniformes y armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Al lugar llegaron también unos 15 hombres vestidos de civil, quienes después fueron identificados como miembros de la organización de los Escajeda, grupo que hasta entonces operaba con absoluta impunidad.
Por la presunta participación de militares mexicanos en los hechos, el caso cobró tal relevancia que desató un conflicto diplomático binacional y escaló a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Bajo la presión del país vecino, el gobierno de México aseguró que los uniformes, insignias, armamento y vehículos no correspondían a las utilizadas por las Fuerzas Armadas e identificó públicamente a los líderes del grupo de narcotraficantes: los hermanos Óscar Alonso y José Rodolfo.
Los pueblos donde operaban los Escajeda fueron sitiados por agentes civiles y militares en un operativo binacional en el que también participaron agentes de la DEA, sin que lograran detenerlos porque se habían dado a la fuga.
Fue hasta abril de 2007, después de poco más de un año prófugo, que la Policía Federal Preventiva detuvo en Ciudad Juárez a la Gata y de inmediato lo trasladó a la Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos.
Óscar Alonso fue entregado a Estados Unidos en abril de 2009 y en octubre de ese año se declaró culpable de posesión e intención de distribuir más de 1 mil kilogramos de marihuana y más de 5 kilogramos de cocaína.
Su hermano se quedó como el líder. El derramamiento de sangre escaló.
“Ya no era lo mismo. El pueblo se fue apagando. La gente de Estados Unidos dejó de ir y uno se metía más temprano”, dice Archuleta desde el exilio. “Dejamos de ir a bailes, uno no iba porque no sabías lo que iba a suceder”.
Policías, alcaldes, comisarios ejidales, líderes políticos, activistas comunitarios y familias casi completas fueron abatidas en las calles, desatando el éxodo masivo de pobladores principalmente las localidades de los municipios de Guadalupe y Práxedis.
De 2005 al 2010, la población conjunta de Guadalupe y Práxedis disminuyó más de 50 por ciento. De 17 mil 662 habitantes a 8 mil 586 pobladores entre los dos municipios.
Los únicos que recorrían las calles polvorientas, sin pavimento la mayoría de ellas, eran los comandos de encapuchados fuertemente armados. Los poblados vallejuarenses se convirtieron prácticamente en “pueblos fantasma” por el éxodo de sus habitantes, muchos se fueron al otro lado de la frontera, a comunidades como Fabens, en el sur de Texas.
El Riquín extendió su actividad criminal hacia el noroeste de Chihuahua, donde fue detenido el 4 de septiembre de 2009. Fue trasladado a la Ciudad de México para ser entregado el 11 de diciembre de 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable y fue sentenciado en 2012 a 429 meses (35 años) de prisión por conspiración para importar más de mil kilos de mariguana y más de cinco kilos de cocaína.
En México, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua respondió a través de solicitudes de transparencia que no es posible contestar si la Gata y el Riquín tienen carpetas de investigación, averiguaciones previas o procesos penales por delitos cometidos en la entidad, porque es información reservada y difundirlo podría afectar la persecución del delito.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes confidenciales al interior de la misma FGE se informó que no se localizó ningún expediente de averiguación previa ni carpeta de investigación a su nombre.
Ni siquiera en los casos que se les atribuyeron públicamente como los homicidios de la familia Amaya, servidores públicos del Municipio de Guadalupe o la masacre en el centro de rehabilitación El Aliviane, esta última adjudicada al Riquín.
En México, ninguna autoridad de las que intervienen en el proceso de extradición, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como de la Fiscalía General de la República (FGR), aceptó dar una entrevista para abordar el tema.
Tampoco en Chihuahua concedieron entrevistas los actuales titulares de las dependencias que participaron en estos procesos ni los anteriores que estuvieron a cargo cuando se realizaron las extradiciones de los tres líderes del narcotráfico que causaron una de las peores estelas de terror y dominación antes de ser enviados a Estados Unidos.
A través de respuestas a solicitudes de información, la SRE sólo entregó versiones públicas de los acuerdos de extradición de Óscar Alonso Candelaria Escajeda, José Rodolfo Escajeda y José Antonio Acosta Hernández. Sin embargo, no reveló las consideraciones para su extradición y los delitos por los que fueron reclamados con el argumento de que “su divulgación podría ocasionar daños” a la sociedad.
En la respuesta que entregó vía transparencia en septiembre del 2022, la dependencia añadió que no contaba con documentación para acreditar que los extraditados ya fueron sentenciados dentro de los procesos que se les sigue en Estados Unidos. Para entonces Óscar Alonso llevaba más de un año libre, en tanto que José Rodolfo y José Antonio tenían más de 10 años condenados.
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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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Créditos:
Coordinación y Edición:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjáres
Investigación:
Blanca Carmona
Rocío Gallegos
Gabriela Minjáres
Ramón Bracamontes
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