El Gobierno Municipal interpuso una controversia constitucional contra el Decreto de Reforma a la Constitución que da pie a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción
Ayer, el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, informó que el Gobierno Municipal espera recibir respuesta en el mes de enero del próximo año a la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones del Sistema Estatal Anticorrupción.
Rentería indicó que el proceso de revisión del recurso legal es largo, y que la controversia ya fue turnada a un Ministro para su seguimiento, por lo que ésta será noticiada por las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado.
“Si la notificación de la controversia se realiza durante el transcurso de este mes, pudiera concluir a finales de enero y por esas fechas estaríamos en condiciones de saber si hubo contestación y en qué sentido para movernos a la segunda fase de procedimiento que sería el tema de celebrar una audiencia de pruebas en la Corte”, señaló.
El Secretario del Ayuntamiento dijo que el que la SCJN haya aceptado revisar la controversia es un avance importante, y que profesionales en la materia coinciden “en que lo que solicitamos es lógico y tiene mucho sentido“.
El Gobierno Municipal de Juárez interpuso una controversia constitucional el pasado 10 de octubre en contra del Decreto de Reforma a la Constitución que da pie al Sistema Estatal Anticorrupción, en particular por lo relacionado con la designación de la Sindicatura Municipal como órgano interno de control de los municipios.
Rentería Manquetos señales que la Ley Reglamentaria de la Constitución del Estado en materia de Anticorrupción tiene “una laguna tremenda”, toda vez que “no existe una ley que diga cómo ejercer las facultades” de los Sindicaturas como órganos de control interno.
Asimismo, el Gobierno Municipal ha argumentado que no es conveniente que los Síndicos Municipales se encarguen de la fiscalización del gobierno, pues, al ser figuras políticas de elección popular, pertenecen a un partido político y no se les puede pedir profesionalización en ese rubro.
