El extesorero municipal de Juárez, Gerardo Ronquillo Chávez, fue encontrado responsable de desviar recursos en la contratación de dos despachos para tramitar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante la administración de Armando Cabada.
Redacción YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó sancionar con 10 años de inhabilitación al extesorero municipal de Juárez, Gerardo Ronquillo Chávez, luego de que se acreditara el desvío de recursos durante su gestión en la administración del expresidente municipal Armando Cabada Alvídrez.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que esta semana fue notificada por el Tribunal, tras la determinación del Pleno de la existencia de responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario durante el ejercicio 2019.
El Informe Individual a la Cuenta Pública 2019 identificó la contratación de dos despachos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aun cuando no era necesario realizar ningún procedimiento para ello.
La Tesorería Municipal contrató en ese entonces a las empresas Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C. y a Certus Aplicaciones Digitales, S.A. de C.V., a las cuales se les acreditaron pagos de 187 mil y 249 mil pesos respectivamente.
Sin embargo, el Informe Individual a la Cuenta Pública 2019 de Juárez por la ASE señaló una contratación improcedente de ambos despachos por un monto de 2 millones 923 mil 464 pesos.
Además, la ASE encontró que los trabajos contratados nunca fueron acreditados, razón por la cual presentó dos denuncias por estas observaciones.
La resolución del TEJA se fundamentó en la falta de evidencia del trabajo prestado por los despachos contratados, la contratación injustificada de los particulares al ser facultades y obligaciones del tesorero municipal, y el incumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la contratación.
Esta es la primera sentencia de inhabilitación por un periodo de 10 años obtenida por la ASE en contra de un funcionario municipal del primer nivel, aunque la resolución sigue sujeta a la posibilidad de que el sancionado la impugne.
