diciembre 14, 2024

Suspensión e integración de comisión revisora, posibles sanciones por demanda contra ‘Juárez Iluminado’

Las regidoras priistas Laura Tapia y Seidy Medina presentaron una denuncia contra el Alcalde y los Regidores que votaron a favor del proyecto ‘Juárez Iluminado’

La sanción administrativa que el Congreso del Estado pudiera aplicar, con motivo de la demanda en contra del Presidente Municipal y regidores independientes que votaron a favor de ‘Juárez Iluminado’, interpuesta por las regidoras de la fracción del PRI, sería la suspensión de funciones del alcalde, Armando Cabada Alvídrez, o la integración de una comisión de revisión desde el Congreso del Estado.

La regidora del PRI, Laura Tapia Martínez, expuso que se violó el artículo 137 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua al aprobar el comprometer los recursos del Municipio como garantía y concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años, mediante el Derecho de Alumbrado Público.

El artículo en mención establece que, para llevar a cabo contratos para proyectos de inversión pública a largo plazo, se tuvo que haber obtenido la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y, posteriormente, remitirse al Congreso del Estado para su autorización. Éste último requisito no se cumplió, pues no se dio parte al Congreso del Estado.

De acuerdo con la regidora Tapia Martínez, la demanda administrativa deberá de ratificarse de 10 a 15 días después de haberse interpuesto ante la Oficialía de Partes.

Agregó además que, tanto el Presidente Municipal como los regidores que votaron a favor de comprometer los recursos propios del Municipio, deberán de responder por esta demanda.

Las regidoras de la fracción priista, Seidy Medina Galván y Laura Tapia Martínez, interpusieron la demanda administrativa el pasado 10 de julio.

A esto se le suman otros recursos legales interpuestos contra el proyecto de ‘Juárez Iluminado’, como el amparo promovido por los integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción que busca la recolección de firmas por parte de la ciudadanía para frenar el proyecto, el cual Armando Cabada Alvídrez prometió sería el más grande de su administración.