Los diputados y diputadas de Chihuahua han evadido por dos años el trabajo de análisis para prohibir las terapias de conversión en el estado, las cuales llegan disfrazadas de anexos y centros de rehabilitación, denuncian activistas.
Texto y fotografía de portada de Óscar Rosales / Raíchali
Casi nulos son los trabajos realizados en el Congreso del Estado para prohibir y sancionar las terapias de conversión de las cuales son víctimas cientos de personas de la población LGBTIQ+. A casi dos años de haberse presentado una iniciativa de ley que ya ha sido “congelada” en más de una ocasión, activistas emprendieron una colecta de firmas para exigir avances al Congreso.
La iniciativa presentada el 18 de octubre del 2021 por la legisladora Leticia Ortega Maynez, de MORENA, y organizaciones civiles LGBTIQ+, busca agregar tres artículos al Código Penal del Estado de Chihuahua para sancionar los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG)” con cinco años de prisión y mil días de multa.
Hasta el momento, la iniciativa sólo fue girada hacia las comisiones de Igualdad y Justicia, quienes no han analizado ni debatido la propuesta de ley.
A pesar de que desde el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, en México aún existe una resistencia por legislar en contra de las terapias de conversión. Para finales del 2022, solo doce entidades en el país han prohibido los ECOSIG: CDMX, Tlaxcala, Oaxaca, Colima, Yucatán, Baja California Sur, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Colima, Baja California y el Estado de México.
De acuerdo con Karla Arvizo, vocera del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, existen varios lugares de conversión en el estado que son disfrazados de centros de rehabilitación o de anexos, todos con algún tipo de connotación religiosa, principalmente de índole cristiana.
La activista relató el caso de una joven lesbiana (cuya identidad queda en el anonimato) que a sus 17 años fue abusada con el permiso de su padre en uno de estos lugares. Al ser las mismas familias quienes ingresan a las personas LGBTIQ+ a los procesos de conversión, las víctimas tienen miedo de poner una denuncia ante las autoridades de Chihuahua, explicó Arvizo.
“Como son los mismos padres o tutores los que los meten ahí, por eso no quieren hacer la denuncia. Para muchos gente es muy fácil decir ‘oye por que no denuncias’, porque estamos hablando de la misma familia y no queremos revictimizar, ¿por qué no arrancar el problema de raíz y eliminar estas terapias?”, denunció Arvizo.
La vocera del Comité también señaló que estos centros de rehabilitación o anexos donde se “convierte” a las personas LGBTIQ+, pertenecen a grupos que aportan a las campañas políticas de figuras políticas que expresan discursos de odio, tal es el caso del diputado panista Carlos Olson, quien ha llegado al punto de comparar la zoofilia con la homosexualidad.
En un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2020, se explica que para “convertir” a las personas se han utilizado electrochoques, detenciones, encarcelamientos, secuestros y hasta embarazos forzados en las víctimas.
Karla Arvizo señaló que no quitarán el dedo del renglón y presentarán nuevamente la iniciativa aunque los diputados utilicen de excusa el que “no les alcanza el tiempo”, como ha sucedido con otras iniciativas y reformas.
“Tuvieron suficiente tiempo, les llevamos toda la información. Queremos que voten. Es increíble que en dos años que llevamos jamás se haya votado a favor de los derechos humanos”, apuntó Arvizo.
Según datos de la organización Letra Ese, Chihuahua es el tercer estado con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+. A finales del 2022, se habían registrado 9 asesinato de personas de la diversidad sexual, tan solo dos lugares después de Oaxaca y Veracruz.
A pesar de la poca voluntad política, el Comité de la Diversidad Sexual invita a la ciudadanía chihuahuense a sumar su firma en la colecta que se realizará hasta el próximo miércoles 18 de octubre, a través de la plataforma “All Out”, y que se entregará al Congreso de Chihuahua. Durante el pasado sábado 9 de septiembre, el Comité reunió firmas de manera presencial en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua. Se espera que convoquen nuevamente para otra colecta.
Para apoyar, solo se necesita el nombre de la persona y un correo electrónico. Exhortan a que la junta de firmas pueda llegar a más personas a través de compartir la página con amigos y familiares que estén a favor de los derechos humanos. Has clic aquí para ingresar a la colecta.
¿Quiénes no analizan ni debaten la iniciativa?
Son nueve las diputadas y cinco los diputados, repartidos en dos comisiones, las que han tenido el encargo de analizar y debatir la propuesta de ley para sancionar las terapias de conversión en Chihuahua, sin embargo, a dos años de haberse presentado, no hay avances.
En lo que va del período legislativo, ambas mesas se han reunido solo en cuatro ocasiones. El último encuentro que tuvieron fue el 25 de mayo, es decir, hace ya más de tres meses.
La Comisión de Igualdad está integrada por las diputadas Ivón Salazar Morales (PRI), María Pérez Reyes (MORENA), Jael Arguelles Díaz (Morena), Marisela Terrazas Muñóz (PAN), Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), Rosa Isela Martínez Díaz (PAN) y Leticia Ortega Máynez (MORENA).
Por otro lado, la Comisión de Justicia está integrada por los diputados David Óscar Castrejón Rivas (MORENA), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN) José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Ismael Pérez Pavía (PAN), Gustavo De La Rosa Hickerson (MORENA) y Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN).
Comisión de Justicia
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Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN)
Comisión de Igualdad
Ivón Salazar Morales (PRI)
