Ciudad Juárez, Chihuahua.– Organizaciones de la sociedad civil y colectivos señalaron que la decisión de Gobierno del Estado de remover tramos de la ciclovía sin un análisis concluido viola el derecho a la ciudad y la movilidad de la ciudadanía juarense.
El posicionamiento, entregado a las autoridades estatales este lunes, responde a las recientes declaraciones en medios de comunicación del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Carlos Aguilar García, quien aseguró que la infraestructura está “mal planeada” urbana y adelantó que será retirada a petición de los locatarios.
Este lunes, el Colectivo Peatones Heroicos, el Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos A.C. (ICDHAC), el Colectivo Ciclista Fixießeat, la Fundación Juárez Integra A. C., el Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez A.C., el colectivo Desiertos Andantes, el Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, y BYCS, entregaron un oficio a Gobierno del Estado para que exigir que no se eliminen las ciclovías y se continúe ampliando la cobertura de acuerdo con el Plan de Movilidad Ciclista y su integración al Sistema de Transporte Público (PMCISIT), establecido en 2015 por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
Las organizaciones y colectivos aseguraron que la decisión de quitar la infraestructura ciclista quebrantará los derechos constitucionales y humanos de ciudadanía juarense: “recomendamos a Gobierno del Estado reconsiderar y ampliar, no limitar el derecho a la ciudad y movilidad urbana”.
Destacaron que es grave que el titular de la SCOP sostenga que se está realizando una evaluación acerca del tema y a la vez indique que se ha decidido eliminar varios tramos sobre la Avenida Insurgentes.
“Nos llama la atención que sin haber concluido tal evaluación y sin comunicar bajo qué criterios se está realizando, se declare a favor de eliminar la infraestructura ciclista tan solo haciendo referencia una ‘mala planeación’ y descontento de la ‘zona comercial’ de la avenida”, señaló el oficio.
Las organizaciones y colectivos sostienen que la decisión de quitar la infraestructura urbana violaría el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, que establece el Derecho a la Movilidad y los Artículo 6, 22 y 31 de la recién aprobada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, relativos a la jerarquía de la movilidad y el diseño equitativo del espacio público.
Las organizaciones y colectivos sostuvieron que la ciudad se ha venido planeando con un enfoque en la movilidad sostenible, con base en la jerarquía de la movilidad, desde 2015, cuando el IMIP publicó el PMCISIT.
“Las ciclorutas recién construidas son parte integral de un todo mucho más amplio y multimodal y de una visión de futuro (…) La definición de la primera etapa obedece asimismo a facilitar “la accesibilidad de primero y último kilómetro” del BRT. Es necesario que, aunque aún no se acaban de implementar los elementos complementarios como la bici pública y el BRT, tampoco se puede esperar que la demanda crezca de un día a otro”.
El oficio sostiene que, de acuerdo con el INEGI, la población de Ciudad Juárez que utiliza la bicicleta como su medio de transporte es el 9.5 por ciento, alrededor de 140 mil personas usuarias. Por otra parte, destacó que la implementación de esta infraestructura ha llevado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a plantear la posibilidad de conectar sus institutos con el préstamo de bicicletas a personal, estudiantes y maestros.
