El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el domingo indemnizará con 140 millones de pesos a las familias de los fallecidos. Sin embargo, las organizaciones denunciaron que la reparación integral del daño no puede limitarse a la entrega de dinero.
Redacción / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, señalaron organizaciones y albergues tras el anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la indemnización de 140 millones de pesos a las familias de los fallecidos.
En un comunicado de prensa, manifestaron su inconformidad con la injerencia en los procesos que corresponden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la falta de análisis para una reparación integral de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los sobrevivientes.
“La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, una reparación efectiva del daño incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo”.
Las organizaciones señalaron en un comunicado que las autoridades deben tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, además de considerar que las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas.
“No es una reparación, es sólo una compensación económica, una reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen de a conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no es una facultad del INM —instancia que permitió que 40 personas migrantes murieran, 15 mujeres y 27 hombres resultaran afectados, estos últimos con secuelas de por vida— emitir este dictamen, si no de la CEAV”.
Asimismo, denunciaron que ha sido sorpresivo que sea el INM quien esté dando a conocer los montos económicos de reparaciones del daño, cuando es la CEAV la dependencia facultada para hacerlo: “desde hace casi 5 meses esta Comisión se ha visto desdibujada de sus funciones y ha dejado al INM ser perpetrador, juez y parte”.
Las organizaciones y albergues sostuvieron que el Instituto muestra carencias en el proceso de reparación del año, pues lejos de brindar datos concretos pone en riesgo a las familias al hablar de montos económicos, difunde datos que son parte de una investigación en curso, usurpa funciones, y no habla de la reparación del daño a los sobrevivientes.
“Lo que nos muestra es la insistencia del INM de incidir en la investigación judicial, la urgencia de cerrar el caso y el actuar impune de su titular, Francisco Garduño”.
Las organizaciones enfatizaron en que el Gobierno Mexicano debe debe solicitar a la CEAV que cumpla con sus funciones y sacar al INM del proceso.
“Reparar el daño no es sólo entregar un recurso económico, sino la sanción de las autoridades responsables, acceso a la justicia y garantías de no repetición, menos que eso es simulación”.
Dudan sobre cumplimiento de Recomendación
Las organizaciones y albergues señalaron que no es claro cómo el INM acatará “parcialmente” la Recomendación 111VG/2023, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que el instituto no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas.
“Hace hincapié en que las afectaciones a las personas migrantes comenzaron desde el momento en que fueron detenidas y llevadas a la estancia migratoria; así como las condiciones al interior; falta de un registro adecuado de cuántas personas se encontraban al interior de la estancia; y omisiones por parte de los agentes migratorios”.
Recordaron que la CNDH ha emitido más de 80 recomendaciones al INM acerca de las malas condiciones al interior de las estancias y estaciones migratorias, situación que hasta la fecha no ha cambiado.
“México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos de graves violaciones a derechos humanos”.
