abril 20, 2024
Sociedad

OSC exigen destitución de titular del INM y que se identifique a las víctimas

OSC se manifestaron hoy al exterior del INM; exigen que se investigue a funcionarios y que cesen el hostigamiento y la criminalización contra personas migrantes. 

Por Redacción / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Organizaciones de la Sociedad Civil exigen la destitución e inhabilitación inmediata del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tras el incendio en instalaciones del INM en Juárez el incendio en el murieron 39 personas y resultaron heridas otras 29.

Integrantes de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) protestaron afuera de la estación migratoria, ubicada a unos metros de la frontera, frente al edificio de la Presidencia Municipal, para denunciar las omisiones y políticas violatorias a los derechos humanos que desencadenaron en la tragedia.

En un posicionamiento que leyeron en el lugar, señalaron que las víctimas del incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y la falta de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros.

La organización dijo que las estaciones migratorias y estaciones provisionales “son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados”.

Agregaron que, “tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura”, estos centros de detención “son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes”.

Asimismo, denunciaron que las declaraciones de autoridades federales y municipales en torno al origen del incendio, que presuntamente se produjo tras una protesta o motín, son especulativas y revictimizantes, por lo que hicieron un llamado a no desinformar a la población.

“Este lamentable e indignante que esta tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de comunicación”, señalaron.

Las personas integrantes de DHIA y otras organizaciones de la sociedad civil acompañaron hoy a las personas migrantes que se reunieron al exterior del INM, a la espera de información sobre el estado de salud de familiares, amigos y conocidos que anoche se encontraban allí detenidos.

Como parte de su pronunciamiento, las organizaciones hicieron pública una serie de demandas al Gobierno Federal, el INM, el Congreso de la Unión y el Gobierno Municipal, mismas que se reproducen a continuación:

Al Gobierno Federal:

1. Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.

2. Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.

3.- Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.

4. Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.

5. Destitución e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Al Instituto Nacional de Migración:

1. Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.

2. Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de “desconocidas”.

3. Garantías eficaces y oportunas de no repetición.

4. Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de lasm personas detenidas.

5. La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales.

6. Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Al Congreso de la Unión (particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados):

1. Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.

2. Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.

3. Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.

4. Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.

5. Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Al Gobierno Municipal:

1. Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.

2. Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han resultado detenidas familias y población adulta.

3. Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.

4. Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.