A más de tres años del homicidio de Fátima Guadalupe López, sólo dos de cinco policías estatales de Chihuahua acusados por su desaparición y homicidio están detenidos, pero únicamente enfrentan cargos por secuestro agravado sin especificar que ella fue asesinada presuntamente por los oficiales.
Por Blanca Carmona / La Verdad
Fotografía: Cortesía de la familia de Fátima Guadalupe López
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Para la familia de Fátima Guadalupe López ha sido muy duro aceptar su ausencia y la falta de justicia impide que avance el proceso de resignación ante su homicidio en manos de policías estatales.
“Es muy difícil, estamos tratando todavía de adaptarnos a que no está. A sus hermanos les hace falta, su mamá todavía está en el limbo, todavía trata de sustentar que está con vida, cuando realmente no está. Entonces si es una parte muy difícil”, señaló un familiar directo de Fátima Guadalupe, quien pidió la reserva de sus datos personales por miedo.
A tres años del asesinato de la joven, quien entonces tenía 18 años, la justicia no ha llegado para ella.
Las investigaciones oficiales establecieron que Fátima fue asfixiada presuntamente por cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). A la fecha, sólo dos de los cinco policías estatales sospechosos de haberla matado han sido detenidos; sin embargo, no están acusados del delito de homicidio, ni de feminicidio, únicamente enfrentan cargos por secuestro agravado sin especificar que ella y su novio fueron asesinados.
Fátima Guadalupe fue desaparecida el 27 de diciembre del 2020, a la par que su novio Irving Adolfo Zaragoza Ruiz, y al parecer dos hombres más.
El cuerpo de Fátima fue localizado el 12 de enero del 2021 sobre un camino de terracería, de la colonia Senderos de San Isidro, y al día siguiente los familiares hicieron el reconocimiento oficial.
El mismo 12 de enero del 2021 se emitieron las órdenes de aprehensión en contra de los policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Juan Manuel de la C.Z.; Jesús Martín R.G.; Luis Édgar Z. P.; Jacobo Eulogio C.L.; y Marco Antonio G.G.
Meses después fueron detenidos Jacobo Eulogio y Marco Antonio.
Aunque transcurrió aproximadamente un año entre la fecha que se emitieron las órdenes de arresto y el momento en que fueron detenidos, no hubo una modificación en la clasificación jurídica por parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), lo que ha impedido que los policías estatales enfrenten cargos por feminicidio y tampoco permitió que se acusara por el homicidio de Irving.
El pasado 27 de febrero el juez de Control, Antonio Coss Araujo, rechazó vincular a proceso penal a Jacobo Eulogio C.L., y Marco Antonio G.G., por el delito de feminicidio y homicidio calificado.
Por el contrario, el juzgador sobreselló esos ilícitos al considerar, que esos tipos penales están subsumidos o incluidos en el delito de secuestro agravado, denunciaron los familiares de Fátima.
“Estoy en descontento y estoy molesto, desesperado, triste, enojado. Tengo una revoltura de sentimientos porque no puede ser posible que a tres años del fallecimiento de Fátima nos digan que el delito de feminicidio lo van a desechar. No estoy de acuerdo y no lo voy a permitir”, reclamó un familiar de la víctima quien pidió la reserva de sus datos personales pues teme por su seguridad, principalmente porque hay tres policías acusados prófugos.
La titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), Wendy Chávez, declinó dar una declaración o datos del caso.
La vocera de esa instancia, Jocelyn Guzmán, dijo que la fiscal considera que debe ser el juez quien responda a la negativa de aceptar la acusación de feminicidio.
Sobre el nulo avance en la localización y arresto de los tres policías presuntamente involucrados en el homicidio de Fátima, la fiscal respondió a través de su vocera que debe preguntársele al titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guillermo Arturo Zuany.
Este funcionario era el jefe inmediato de los policías estatales señalados como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fátima e Irving, y es quien actualmente está a cargo de la búsqueda de los tres policías sustraídos.
La familia de Fátima consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) podría estar protegiendo a los policías Juan Manuel de la C.Z.; Jesús Martín R.G.; y Luis Édgar Z. P, pues, aunque han transcurrido más de tres años no los han detenido y no hay evidencia de que los estén buscando.
“No he tenido yo ninguna respuesta acerca de dónde los han estado buscando, ni nada. Entonces desconozco totalmente y cuando pregunto solamente me dicen si los estamos buscando y ya, pero pues eso no es suficiente. Entonces sí siento que hay alguna protección por parte de ellos”, denunció el familiar entrevistado.
Sobre el hecho de que inicialmente el Ministerio Público (MP) de la FEM acusó por secuestro en lugar de feminicidio, la fiscal no aceptó dar información y la familia de Fátima tampoco ha recibido alguna explicación.
Personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó que el juez se negó a vincular a los policías por feminicidio y tampoco aceptó la acusación de homicidio calificado por lo que corresponde a Irving Adolfo Zaragoza, y declaró extinta la acción penal por esos tipos penales.
El juez consideró que se trata de los mismos hechos y mismas víctimas a que se refiere otra causa penal iniciada contra los policías Marco Antonio y Jacobo Eulogio, esta causa es por el delito de secuestro agravado.
El juez concluyó que de vincularlos por feminicidio y homicidio se estaría sancionando dos veces los mismos hechos, lo que está prohibido por la ley.
“Solamente dijo (el juez) que el caso se estaba llevando a cabo con lo del secuestro y que supuestamente ahí estaba incluido. Sin embargo, no está ahí, en el secuestro agravado, solamente está lo del secuestro y mi hermana aparece todavía como ausente”, afirmó un familiar de Fátima al referir que en la acusación por secuestro no se especifica que ella fue asesinada.
El delito de secuestro ya está programado para resolverse en un juicio oral, se trata del juicio 135/23, que iniciará el próximo 22 de abril, informó el TSJ.
Clasificaciones jurídicas
Cuando el Ministerio Público acusó a los detenidos por feminicidio, lo que fue rechazado por el juez, especificó que la FEM considera que se trata de un homicidio por razones de género debido a que Fátima Guadalupe presentó signos de violencia sexual y antes o después a la privación de la vida, presuntamente le infligieron lesiones, mutilaciones u otro acto que atentó contra su dignidad humana.
En la acusación rechazada, la FEM también documentó que el delito fue cometido por servidores públicos que se aprovecharon de su cargo; que los delitos presuntamente se cometieron en grupo, es decir, que participaron dos o más personas; que Fátima fue incomunicada y que su cadáver fue ocultado.
Esa clasificación jurídica fue dada a conocer por personal del Tribunal al informar que el juez la rechazó.
Mientras que a la familia de Fátima se le informó que la noche del 27 de diciembre del 2020 los cinco policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) irrumpieron en una casa de la colonia Las Montañas para llevarse por la fuerza a Fátima Guadalupe y subirla a un vehículo y obligarla a decir dónde se encontraba su novio Irving Adolfo Zaragoza.
Esa misma noche, los policías fueron a otro domicilio en la misma colonia para privar de la libertad a Irving y a otros dos hombres, a estos dos últimos los envolvieron con tape, es decir, cinta adhesiva.
Los policías portaban los uniformes de la corporación, los aditamentos e insignias y dos unidades oficiales, al momento en que presuntamente cometieron los delitos, de acuerdo con la investigación.
En los términos en que el Ministerio Público pretendió acusar de feminicidio, la posible pena a imponer sería de 40 a 80 años de cárcel, señala el Código Penal del Estado.
El castigo a imponer por secuestro agravado, como están acusados e irán a juicio oral los policías Jacobo Eulogio C.L., y Marco Antonio G.G., es de 50 a 90 años de prisión.
En la acusación el Ministerio Público omitió señalar que las víctimas fueron asesinadas, cuando esto sucede y se acredita, la ley prevé una sanción de 80 a 140 años de cárcel, establece la ley estatal.
Aunque la pena es mayor en el secuestro, la familia de Fátima Guadalupe reclama que se les formulen cargos por feminicidio.
A la fecha la familia de la víctima desconoce cuál fue el móvil de los asesinatos, solo se ha establecido que un exnovio de la joven era hermano del policía Juan Manuel de la C.Z., quien está prófugo y al parecer fue el autor intelectual de la privación y los asesinatos.
En la fecha en que Fátima fue privada de la vida, ella estaba enfocada en cuidar a sus sobrinos y preparaba su boda con Irving.
Un duelo sin final
La familia también considera que el proceso penal ha sido muy lento y la búsqueda de los prófugos prácticamente está detenida e indican que, si no van a preguntar, la FEM no les informa de nada.
Esa lentitud e inactividad ha contribuido a que no cierren las heridas y está provocando una afectación en la vida de las personas que sobreviven a la muerte de Fátima.
“A las autoridades les quiero pedir que no dejen de investigar, de trabajar, quiero exigirles justicia. Sé que es difícil porque son policías de ellos mismos, pero aquí no solamente estamos hablando de justicia… sino también en cierto aspecto de nuestras vidas, sentimos temor por nuestra mi seguridad, por la seguridad de la familia”, agregó el pariente de la víctima.
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