Las organizaciones exigieron a la FGR realizar una investigación a fondo por el incendio de la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez y explicar los alcances que tendrá el proceso contra el comisionado Francisco Garduño.
Por Abraham Rubio / Foto: Favia Lucero
Ciudad de México.– Organizaciones de la sociedad civil exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación a fondo por el incendio de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez y explicar los alcances que tendrá la investigación en contra de Francisco Garduño, titular de la institución.
A través de un comunicado firmado por las Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA) Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Uno de Siete Migrando A. C., Asylum Access México (AAMX) A.C., y Al Otro Lado, señalan que la FGR se ha negado a colaborar con las organizaciones, alegando la secrecía de la información en torno a la tragedia en la perdieron la vida 40 personas migrantes y 28 más resultaron heridas.
En cambio, la Fiscalía resolvió negarles una copia de los registros de la investigación argumentando “el sigilo de la misma y la naturaleza reservada y confidencial de la información”.
“Esta determinación es contraria al derecho a la verdad, cuya titularidad es de toda la sociedad cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública disponen que, frente a este tipo de hechos, no se podrá reservar la información, incluso la proveniente de carpetas de investigación, pues se trata de un evento de trascendencia social, que tuvo como consecuencia la irreparable pérdida de vidas humanas que debían estar bajo la tutela del Estado, dejando con ello cientos de víctimas directas e indirectas”.
Señalan también que la FGR debe explicar claramente el alcance de la denuncia en contra de Francisco Garduño, puesto que el pasado 11 de abril solo se dio a conocer que procedería penalmente en contra de éste y de Antonio “N” por el “ejercicio indebido de servicio público”.
“Esas omisiones produjeron la muerte y afectaciones a la salud de decenas de víctimas, por lo que los delitos atribuidos deben ser homicidio y lesiones, ya que los superiores jerárquicos del INM eran garantes de la vida y salud de las personas privadas de su libertad en la estancia migratoria”, señalan.
Las organizaciones, que denunciaron ante la FGR a Garduño y al titular de la oficina del INM en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero, apuntan que el anuncio de que “procederán penalmente” contra ellos no es suficiente, debido a que no se aclara si únicamente están siendo investigados o si se pretende formular imputación.
“No queremos y no toleraremos investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia, para así garantizar la no repetición”.
Recordaron a la FGR que el incendio en las instalaciones migratorias de Ciudad Juárez no ha sido el único siniestro, pues se han registrado por lo menos una decena de incendios en esta administración, de acuerdo con notas periodísticas.
Señalaron que las mismas condiciones de la estación migratoria de Tenosique – donde falleció un guatemalteco en marzo de 2020, a causa de un incendio– se repitieron en Ciudad Juárez.
“Detenciones ilegales de personas migrantes y solicitantes de asilo, falta de insumos básicos (agua potable, servicios de salud e insumos para menstruación), corrupción por parte de los y las funcionarias migratorias, todo bajo una óptica de políticas migratorias de contención que violan los derechos humanos, recetas para generar más y más tragedias. Eso tiene que cambiar”.
Las organizaciones firmantes exigieron a la FGR una investigación diligente y a fondo, además de reiterar sus solicitudes iniciales:
1.- Se necesitan personas expertas independientes para todos los peritajes que requiera el caso.
2.- Obtener los videos completos y originales de las cámaras al interior de la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
3.- Recabar entrevistas a testigos, vecinos, funcionarios del INM, autoridades locales, así como primeros respondientes al siniestro: bomberos, paramédicos y policías, entre otros.
4.- Crear una unidad mixta conformada por la FGR y la Fiscalía del Estado de Chihuahua para el desarrollo de investigaciones, a fin de no fragmentar la investigación y aprovechar los avances que en ambos fueros se consigan.
5.- Reconocer a las mujeres sobrevivientes como víctimas, ya que sólo son consideradas como testigas dentro de la carpeta de investigación.
6.- Garantizar la atención médica y psicológica de las personas lesionadas y sobrevivientes, así como el acceso a asesoría jurídica. En este sentido, que también se les proporcionen los nombres de las organizaciones firmantes de la denuncia, por si desean una representación independiente dado que, en este caso, están implicados agentes del gobierno y se debe garantizar la independencia de quienes les representa.
7.- Otorgar a las víctimas y a sus familiares, que así lo deseen, visas humanitarias y gastos de viaje (incluso para los familiares que deseen viajar al país para acompañarles), un lugar de estancia digno para que las víctimas puedan recuperarse en compañía de su familiar y, de así decidirlo, permanecer en el país para participar en las investigaciones, así como medidas de asistencia y apoyo necesarias, y la debida reparación integral del daño.
8.- Desahogar las pruebas anticipadas necesarias de personas testigas de los hechos, con la finalidad de salvaguardar su integridad y vida frente a posibles ataques hacía su persona, incluyendo la deportación.
