Carlos Efraín Jariz Cruz, conocido en la comunidad rarámuri como Ramiro, fue torturado, asesinado y desaparecido por dos policías municipales en 2015. A la fecha, el Gobierno Municipal no ha reparado el daño y el alcalde asegura no tener información sobre el caso.
Por Favia Lucero / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Hace más de un mes, la comunidad rarámuri de Ciudad Juárez y organizaciones de la sociedad civil entregaron un oficio en el despacho del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para pedir la reparación del daño para Carlos Efraín Jariz Cruz, conocido como Ramiro, quien en 2015 fue torturado, asesinado y desaparecido por dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Hoy, sin embargo, el Presidente Municipal aseguró durante su rueda de prensa semanal que desconoce el tema, pues no le ha sido entregado el oficio en el que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), organización que ha acompañado a la familia de Ramiro en este proceso, narra los hechos de esta “grave violación a los derechos humanos”.
“Honestamente no he visto el oficio, se lo digo con toda franqueza. Pero ahorita mismo lo buscamos para serle totalmente honesto, y en la primera oportunidad, con mucho gusto, le respondo la pregunta”, dijo el alcalde, cuestionado sobre cuál será la respuesta del Municipio a la solicitud de la comunidad rarámuri.
El oficio explica que la Recomendación 65/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) establece que el Gobierno Municipal de Juárez debe pagar la indemnización compensatoria a las víctimas. Sin embargo, en 2019, durante la administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez, el Municipio se negó a otorgar el pago económico y solo aceptó la Recomendación de manera parcial.
En el número 31 de la Recomendación se indica lo siguiente: “El municipio de Juárez debe reparar el daño ocasionado a las víctimas por las vías administrativas que correspondan”, a pesar de que los dos agentes ya condenados a 23 años de prisión pagaron una cantidad de dinero por reparación del daño, “es independiente de la responsabilidad objetiva y directa que tiene el municipio de Juárez como ente del Estado, ya que al contar con una personalidad jurídica propia, es responsable de la actividad administrativa irregular que hayan realizado sus agentes al proporcionar el servicio de seguridad pública a la ciudadanía, sobre todo si causaron un daño irreparable”.
El pasado 17 de abril, cuando la comunidad rarámuri y el CDHPN entregaron el oficio, el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, los atendió y se comprometió a darle seguimiento al caso. Por su parte, el Alcalde aseguró que hasta el momento González Reyes no le ha informado al respecto.
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“Directamente no me lo ha entregado (el oficio). No sé si ya lo entregó a la (secretaria) particular, pero lo veo con mucho gusto”, agregó Pérez Cuéllar, a pesar de que el oficio fue entregado directamente a su secretaria, en su despacho dentro de la Presidencia Municipal.
Aunque el director de Derechos Humanos aseguró que la dependencia a su cargo está trabajando el caso “dentro de nuestras capacidades y competencias”, el CDHPN informó que no han recibido respuesta alguna al único oficio que entregaron el mes pasado.
A pesar de que la Recomendación fue aceptada de manera parcial por el gobierno de Cabada Alvídrez, el Municipio tiene casi cinco años sin cumplir con el pago económico para las víctimas.
En febrero de este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) en su Resolución Administrativa FGE11C.5/9/1/43/2022, reitera que el Municipio de Juárez debe otorgar la indemnización económica.
El CDHPN y la comunidad rarámuri también solicitan a la actual administración municipal que el Municipio coloque dos memoriales en forma de cruz para recordar a Ramiro: una en la colonia Tarahumara y otra en lugar del Camino Real en donde fue encontrado su cuerpo. Además, que la SSPM dé una disculpa pública a toda la comunidad rarámuri y a la familia de la víctima.
