Chihuahua, Chihuahua.— El miércoles pasado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua (CPC), informó que junto a las organizaciones Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) y TOJIL, tomaron acciones legales contra la designación de Nidia Aidin Orpinel Pizarro como la encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua.
El pasado 28 de julio se promovió un juicio de amparo indirecto en contra de esta “designación ilegal” realizada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el secretario general de Gobierno, César Gustavo Jauregui Moreno, quienes carecen de facultades para llevarla a cabo, se informa en el comunicado del CPC.
Resaltaron que la demanda fue admitida el primero de agosto y que en caso de resultar favorable, un juez podría ordenar que se designe de manera legal a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal.
“Esta nueva designación deberá respetar el procedimiento legal y autónomo de designación y los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución y leyes locales”, establece el documento.
Además, esta semana se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General Chihuahua en contra de Campos Galván, Jauregui Moreno y Orpinel Pizarro por el delito de ejercicio ilícito de funciones públicas.
“En el procedimiento penal TOJIL solicitó a la fiscalía el reconocimiento de la calidad de víctimas de corrupción, lo que les permitirá participar en la investigación y vigilar que el caso no sea resuelto en la opacidad”, detallaron.
Orpinel Pizarro fue nombrada el 24 de junio de este año, luego de que Gema Chávez Durán presentara su renuncia como titular de este organismo, antes de cumplir con su término. El CPC explicó que recientemente esta institución pasó a ser totalmente independiente del Poder Ejecutivo y su nombre cambió a Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
“Esta independencia es fundamental para la investigación y persecución de los delitos de corrupción. La designación directa e ilegal afecta drásticamente el combate a la corrupción y, por ende, es sumamente importante que la sociedad civil defienda la autonomía de la fiscalía anticorrupción estatal”, mencionaron.
