La inexactitud de los datos proporcionados por el INEGI y el DIF en cuanto al número de personas con discapacidad, dificulta la promoción de estrategias para asegurar su bienestar, opinó Laura Antillón, directora de Fundación Integra
Los últimos datos estadísticos sobre personas con discapacidad en Ciudad Juárez se publicaron en el Censo de Población y Vivienda 2010, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La falta de actualización en esas cifras, impide la creación de políticas públicas que beneficien a este grupo, indicó Laura Antillón, Directora de Desarrollo Institucional de Fundación Integra, centro de integración y rehabilitación para personas con discapacidad.
Según el INEGI, en 2010 había 23 mil 640 personas con discapacidad en Ciudad Juárez; la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que, en cualquier población, el 15 por ciento tiene alguna discapacidad.
Fundación Integra, a partir de lo establecido por la OMS y usando la cifra del último censo poblacional realizado en 2015 (un millón 391 mil 180 habitantes), calculó que en la ciudad hay 208 mil 677 personas con discapacidad.
La estadística es general, por lo que no se pueden conocer más datos, como la discapacidad más común, las causas de que ocurra, las edades y sexos con mayores índices, los sectores en la ciudad donde hay más personas con discapacidad, entre otra información relevante.
Antillón aclaró que la estimación de Integra no es una “fuente exacta” de datos estadísticos, pues esa no es la función de la asociación. A pesar de ello, como parte de su proceso institucional, comenzaron a llevar un conteo interno, el cual fue publicado en la revista científica de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en diciembre de 2015.
El análisis se basó en la revisión de todos los expedientes de los beneficiarios del 2004 al 2009; en total se revisaron 2 mil 393 expedientes.
A partir de ese cálculo se determinó que dentro de sus instalaciones la discapacidad más recurrente era el retraso en el desarrollo psicomotor, entre sus pacientes había más hombres que mujeres y la mayoría estaban en un rango de 1 a 5 años de edad.
“Las estadísticas con las que empezamos a trabajar fueron las del INEGI, pero al pasar de los años nos hemos dado cuenta que el INEGI trae ciertas discrepancias con la clasificación o el número, incluso”, dijo Antillón.
La Directora lamentó el hecho de que no exista una instancia a la que se le pueda pedir una actualización pronta de los datos, ya que sin números recientes muchas acciones de gobierno solamente se quedan en proyectos.
Como ejemplo de ello, recordó el trabajo de la Fundación fomentando la accesibilidad, que sigue sin ser atendido por la falta de visibilidad de este grupo.
“Uno de los comentarios que nos hicieron varios de los directores de las distintas dependencias a las que acudimos es que las personas con discapacidad no andan en el Centro de la ciudad. Pues no, no andan porque no tienen manera de salir al mandado o a la iglesia, escuela o a un trabajo. No salen porque no hay accesibilidad en la ciudad, no porque no existan”, comentó Antillón.
Políticas públicas en educación, salud, transporte, movilidad, trabajo y demás temas, se han perdido o quedado estancadas debido a la falta de esta información estadística.
“Necesitamos de los números para poder dimensionar las estrategias de apoyo, de atención, de servicios, de todo lo que conlleva el que el ciudadano con discapacidad tenga ese bienestar y esa atención para también poder ofrecer su aporte a la sociedad”, puntualizó.
Credencialización, un proceso complicado
En las instalaciones del DIF municipal se emiten credenciales para personas con discapacidad que son otorgadas por la misma instancia a nivel nacional.
Aunque la dependencia tiene registro de cuántas personas han tramitado el documento, sus cifras son relativas, explicó Antillón, pues hay muchas personas que no se han credencializado.
La dificultad para trasladarse, el depender de un familiar, el horario de atención en las oficinas, la distancia que deben recorrer y otras razones, son las causas de que personas con discapacidad prefieran no contar con la credencial.
Además, para cumplir con los requisitos que pide el DIF, el solicitante y su familiar deben realizar más gastos y viajes que complican el proceso. Laura Antillón agregó que muchos de los beneficiarios de la asociación no tienen la credencial.
Una solución propuesta por Integra a Grupos Vulnerables del Estado, fue que el horario de las oficinas se amplíe o que se atienda en fines de semana para que los familiares que acompañan a la persona con discapacidad no pierdan días de trabajo. De igual forma, propusieron que se abran más módulos en distintos puntos de la ciudad.
En la opinion de Antillón, este sí es un tema de interés para el Gobierno, sin embargo, lo tienen posicionado como uno de los problemas menos importantes por no ser tan evidente; “Normalmente las personas con discapacidad están en sus casas, no están tan visibles, porque no pueden salir, no pueden trasladarse, no hay banquetas, no hay transporte. No dimensionas los números porque no están ahí para verlos”.
De igual forma, indicó que es cuestión de voluntad, pues alguien, en este caso los políticos, que no haya tenido contacto con una persona con discapacidad, no es cercano a esa necesidad.
“La verdad es que todos vamos para allá, lo vemos muy lejano pero el mismo proceso de vida, conforme va avanzando la edad, va afectando la condición física, mental, emocional. En un momento dado, la discapacidad va a estar ahí”, puntualizó.
