En sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua, los y las aspirantes a las siete magistraturas expusieron su experiencia, en medio de un proceso cuestionado por legisladores y jueces, quienes consideran que deja fuera a los funcionarios judiciales de carrera y le abre la puerta a políticos.
Por Blanca Carmona / La Verdad
Chihuahua.— En medio de una serie de amparos y señalamientos de ilegalidad, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, recibió a los candidatos a ocupar las siete magistraturas del Poder Judicial del Estado para analizar sus perfiles y ver experticia en impartición de justicia.
Cada uno de los tres candidatos de la Primera Sala Civil Regional de Ciudad Juárez; la Octava Sala Civil de la ciudad de Chihuahua; la Cuarta Sala Penal de Juárez fueron escuchados por un máximo de 20 minutos, la tarde del martes 5 de diciembre en sesión de la JUCOPO, encabezada por el diputado Noel Chávez Velázquez.
También se presentaron los aspirantes a la Quinta Sala Penal de Chihuahua; la Primera Sala Familiar en Chihuahua; y la Sala Civil y Familiar de Parral. En la Segunda Sala Penal Regional en Juárez, no hubo candidatos pues está declarada desierta.
En las Quinta Sala Penal y la Cuarta Sala Penal se promovieron juicios de amparo y ya se otorgaron las suspensiones, lo que no permite que el Pleno del Congreso haga las designaciones, pero no limita las entrevistas en la Junta de Coordinación, se informó.
La renovación de magistradas y magistrados del Poder Judicial de Chihuahua se lleva a cabo bajo una convocatoria que deja fuera a los funcionarios judiciales de carrera y le abre la puerta para que esos cargos judiciales sean ocupados por políticos.
Señalamientos contra María Ávila acaparan comparecencias
Identificándose como abogada egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la expresidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Ávila Serna, compareció ante la JUCOPO, como aspirante a la magistratura por la Primera Sala Civil Regional (Se puede ver a partir 1:36 minutos del video).
Además, dijo que empezó su trayectoria como funcionaria en Averiguaciones Previas, que fue secretaria de Acuerdos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 55, fue cuatro veces legisladora, dos a nivel local y dos a nivel federal; socia y fundadora del Despacho de Servicios Ambientales de Chihuahua.
Ávila omitió decir que el primero de abril del 2021 fue vinculada a proceso penal por delito de cohecho, relacionado con la nómina secreta del exgobernador César Duarte. De acuerdo con esa acusación judicial, ella presuntamente recibió tres millones 457 mil 112 pesos de la nómina secreta con apoyo de su esposo, el exdiputado Alejandro Gloria, y se le inició la causa penal 2821/2020.
Tras escuharla, el diputado David Oscar Castrejón Rivas de Morena, le restregó esa acusación y le cuestionó a María Ávila sí tiene sentencia absolutoria o una resolución de archivo firme, indicando que uno de los requisitos para aspirar a una magistratura es tener buena fama.
La política respondió que cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y no tiene antecedentes penales.
La respuesta fue asumida por el legislador como una negativa a responder, por lo que le recriminó: “usted evade la pregunta, la pregunta es, a usted el 2 de abril le dictaron un auto de vinculación por hechos de corrupción. Yo lo que le pregunté es si usted tiene hoy, a la fecha, sentencia absolutoria o una resolución de archivo sin ser impugnada por parte del Ministerio Público”.
Una de las respuestas de Ávila fue “yo la verdad que sí venía preparada para este tipo de situaciones, entiendo que este tipo de entrevistas lo quieren hacer como un cuestionamiento político” para luego reclamar que dejan sin resaltar las virtudes en su trayectoria tanto política como en el desempeño de sus funciones como abogada.
En otra respuesta sobre el mismo asunto, Ávila afirmó “yo fui víctima de una persecución política y de la cual ese esquema ya fue dirimido y como le vuelvo a repetir yo no tengo ningún antecedente penal y eso me da la oportunidad y el permiso de poder participar y contender como todos los abogados externos que se encuentran el día de hoy aquí”.
El mismo diputado le hizo unas tres preguntas técnicas a Ávila Serna, en materia Civil, y le cuestionó cuándo fue la última vez que llevó un asunto en esa materia.
Ninguna de las preguntas fue respondida correctamente por la política y exdiputada.
“No tengo la respuesta, diputado, pero me comprometo a que la voy a estudiar y se la voy a venir a presentar”, afirmó Ávila Serna.
El diputado reprochó: “el problema es que usted ya va a ser magistrada, si la elige el Pleno. No la van a elegir para ser estudiante un tiempo y luego que aprenda a ser magistrada. Disculpe la respuesta para mí no satisface”.
El legislador también le preguntó a Ávila Serna por qué su carta de antecedentes penales es la única que no tiene un holograma de autenticidad, a diferencia del resto de las cartas de los aspirantes, aunque es de reciente expedición, apenas de noviembre pasado. A lo que ella dijo “desconozco”.
En la misma terna con María Ávila, están Rosa Isela Mora Bustillos y Georgina Ávila Serna, quienes tiene estudios de posgrado. La primera de ellas tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional y Georgina Ávila tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos y es candidata a doctora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Al término de la comparecencia de las tres candidatas a magistradas, los legisladores se liaron en una fuerte discusión cuando el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo cuestionó por qué se invisibilizaron a las otras personas que se registraron para contender por la Primera Sala Civil Regional y cuáles son sus grados académicos y la currícula, así como la calidad del dictamen.
“Este dictamen tiene plena relación con la comparecencia, porque aquí se dictaminó tres personas para la terna, nuestra duda es dónde están los datos cualitativos y currículos de las tres personas que no están aquí. Es una pregunta muy válida esa, porque pudiésemos ponderar porque alguien que tiene un doctorado, a lo mejor alguna tiene un doctorado o tiene dos maestrías, y me parece un dato viable, cualitativo que debió tomarse en cuenta”, esgrimió Estrada.
En la terna para elegir al magistrado de la Octava Sala Civil con sede en la ciudad de Chihuahua y que debe ser para una persona que ya sea parte del Poder Judicial, se presentó Fernando Mendoza Ruiz quien tiene una maestría en Derecho Político y Administración Pública y es doctor en Derecho Judicial.
Mendoza fue secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua; asesor técnico del exgobernador Patricio Martínez y director del Registro Civil en el Estado; en la administración de Reyes Baeza fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología interino y jefe del Jurídico de la misma secretaría; fue diputado local en la Sexagésima Tercera Legislatura por el PRI; en 2014 se incorporó al TSJ como secretario General del Pleno, cargo que ocupó en tres ocasiones.
En 2017 dejó el Poder Judicial; tres años laboró en un despacho jurídico; y en 2020 se regresó al Tribunal como secretario en la Primera Sala Civil durante un año y 10 meses y fue nombrado nuevamente secretario General del Pleno del Poder Judicial.
A él, al igual que a todos los candidatos varones, un diputado le cuestionó sobre la paridad de género, cuestionando si estaba de acuerdo en que de las siete magistraturas vacantes se hayan asignado cuatro para ser ocupadas por mujeres y tres para hombres tomando en cuenta que actualmente otras 22 magistraturas ya están encabezadas por varones y solo siete por mujeres.
Mendoza no dio su opinión personal, citó lo que señala la legislación.
“La constitución del Estado y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no maneja esta circunstancia, maneja la obligatoriedad de que el Congreso en este caso, del estado de Chihuahua atienda y respete los criterios de paridad y también atienda otros criterios no solo la paridad de género también la paridad por materia, esto e s que si existen dos vacantes en materia Civil tendrá que atenderse también la paridad”, dijo.
Los integrantes de la JUCOPO destinaron al menos 20 minutos a cada uno de 18 los aspirantes y concluyeron entrada la noche.
Reclaman ilegalidad
Al iniciar la sesión, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo expuso que el proceso es ilegal porque se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial que eliminó el concurso de oposición para ocupar las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto ese recurso.
Además, esta pendiente que el propio Congreso estatal determine la procedencia o no de una iniciativa presentada por el Poder Judicial del Estado donde establece la necesidad de hacer reformar para el nombramiento de magistrados, una de estas se refiere a realizar concursos de mérito para esos nombramientos, argumentaron los legisladores de Morena.
Sin embargo, la mayoría determinó que, aunque la SCJN no ha resuelto es válido y legal la reforma judicial.
Avanzan pese a los amparos
A la JUCOPO también se le informó que se han interpuesto cuatro juicios de amparo contra la convocatoria y en contra de la reforma al Artículo 101 de la Constitución, que elimina el concurso de méritos y lo sustituye por una selección a través de una comisión especial integrada por un representante de cada uno de los tres poderes.
La comisión está conformada por un representante de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que en este caso recae en Andrés Alfredo Pérez Howlet, coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno; el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, Alfredo Chávez Madrid; y un representante del Poder Judicial, el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán, quienes pueden utilizar parámetros subjetivos que no están obligados a transparentar.
Uno de los amparos es el 2514/2023 promovido por la jueza María Alejandra Ramos Durán, en este ya se otorgó la suspensión definitiva lo que impide que se nombre al titular de la Quinta Sala Penal con sede en la capital del Estado, aunque no detiene la designación del resto de las magistraturas.
Otro amparo es el 2464/2023 presentado por Perla Guadalupe Ruiz González, en este se concedió la suspensión provisional, lo que no permite el nombramiento también de la Quinta Sala Penal.
El amparo 2471/2023 interpuesto por Sabela Patricia Asiain Hernández, también contra la designación en la Quinta Penal, y el juicio 2507/2023 es contra un nombramiento en la Cuarta Sala Penal de Juárez bajo las actuales reglas y leyes.
