En comparecencia ante regidores, Juan Manuel García Reyes fue cuestionado por el desvío de 15 millones de la Cruzada por la Nutrición para la compra de las pruebas COVID; el funcionario aseguró que para finales de febrero se habrán de aplicar todas las que se mantienen sin utilizar, éstas caducan en marzo.
Por Marco Antonio López / La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El director de Centros Comunitarios, Juan Manuel García Reyes, compareció este jueves ante la Comisión de regidores, donde trató de salir al paso a los cuestionamientos por la compra de pruebas COVID con recursos etiquetados para un programa de nutrición y a sobreprecio.
Ante los ediles, el funcionario informó que los recursos se reasignaron por una cuestión de prioridad y su compra fue autorizada por la Comisión de Gasto y Financiamiento.
Aunque se deslindó de esa adquisición, porque él asumió el cargo cuatro meses después, dijo que la compra de las pruebas fue una decisión que se tomó muy responsablemente.
La Verdad publicó este martes que el Gobierno de Ciudad Juárez desvió 15 millones de pesos del programa Cruzada por la Nutrición para la compra de 43 mil 103 pruebas rápidas de COVID-19, que no se han aplicado en su mayoría pese a que tienen fecha de vencimiento para marzo.
Las pruebas rápidas para la detección de antígenos SARS-COV2 fueron adquiridas en mayo del 2022, cuando la Dirección General de Centros Comunitarios, estaba dirigida por María Antonieta Mendoza Mendoza.
La investigación periodística exhibió también que los funcionarios de los Centros Comunitarios compraron las pruebas más caras y desecharon las propuestas recibidas hasta tres veces más baratas.
Sobre las pruebas COVID-19 que se mantienen sin usar, García Reyes aseguró que con la temporada invernal éstas se comenzaron aplicar y actualmente solo quedan unas 7 mil 327 sin utilizarse.
Hasta el momento ya se ha aplicado el 83 por ciento del total del lote de pruebas adquiridas, dijo el funcionario. “Para finales de febrero ya podríamos concluir con las pruebas que restan”.
García Reyes explicó que las pruebas no se habían aplicado por un tema de picos en los contagios. Se atravesó un periodo de depresión en los contagios y no se usaron las pruebas; sin embargo, con la llegada del frío repuntaron las enfermedades respiratorias y creció la demanda de las pruebas COVID.
Las pruebas que se adquirieron por el Gobierno de Ciudad Juárez por un precio de 299 pesos por unidad de la marca Realy Tech.
Cuestionado por los regidores Vanessa Mora, Enrique Torres y Cecilia Reyes, integrantes de la Comisión de Centros Comunitarios, sobre por qué no se les informó de esa compra ni de la reasignación de recursos, ni a la Comisión de Salud, ni pasó por Cabildo, el funcionario mencionó que:
“El tema de la reasignación (del programa Cruzada por la Nutrición a la compra de las pruebas COVID-19) es el mismo tema, es el tema de salud; conforme al Artículo 11 del Presupuesto de Egresos 2022, el presidente tiene la facultad por cuestiones de prioridad reasignar el recurso y se tomó en consideración a la Comisión de Gasto y Financiamiento, por ahí pasó”.
Sobre el asunto, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar dijo: “Debió haber pasado por comités, no todo pasa por Cabildo, debió hacerse una licitación y pasar por comité de adquisiciones, yo no decido ninguna compra ni ninguna obra”.
El Artículo 11 del Presupuesto de Egresos menciona que se requerirá la autorización específica del Ayuntamiento tratándose de una transferencia de partidas presupuestales entre funciones por cambio de prioridad.
Los tres regidores de la Comisión de Centros Comunitarios señalaron que el asunto no pasó por Cabildo, ni por alguna comisión de regidores, incluida la de Hacienda, como establece el procedimiento.
“A nosotros no se nos informó nada, nos damos cuenta casi por mera causalidad pero nadie nos dijo nada de esto”, mencionó la regidora Vanessa Mora ante el funcionario.
La Comisión de Gasto y Financiamiento a la que se refirió el director de Centros Comunitarios está conformada por la Tesorería, que encabeza Dayira Raquel Fernández Martínez; la Oficialía Mayor, a cargo de Angélica Alarcón, y la regidora coordinadora de la Comisión de Hacienda, Ana Estrada. Y los resolutivos de esta deben pasar a esa comisión para que suban a Cabildo y sean votados por regidores, de acuerdo con el regidor Enrique Torres.
En la sesión de este miércoles de la Comisión de Centros Comunitarios también participó la síndica Esther Mejía, quien reclamó la adquisión porque aseguró que a ella le dijeron que no se haría la compra de pruebas COVID y ésta se llevó a cabo.
“Dijimos que no estaba bien comprar pruebas de COVID, que no debía gastarse esa cantidad de dinero y nos dijeron que no se iban a comprar y, de verdad, como no se votó en Cabildo nosotros pensamos que no se habían comprado”, dijo Mejía.
“Se dispusieron 15 millones de pesos del programa nutricional ¿por qué se hizo esta compra y que pasó con el programa nutricional, se terminó, no fue necesario? ¿Por qué se hizo ese cambio de prioridad sin haber pasado por Cabildo sobre todo porque ya estaba etiquetado?”, cuestionó el regidor Enrique Torres.
García Reyes respondió: “Lo que yo puedo decirles a pesar de que llegué en el mes de septiembre, cuando ya estaba hecha la compra, es que la decisión se tomó muy responsablemente y pasó por la comisión (de gasto y financiamiento). Es el tema de salud, la comisión autorizó la compra, está fundamentado, está razonado”.
Cuestionado sobre el precio al que se adquirieron las pruebas, siendo la propuesta más cara y a un precio comercial y no de mayoreo, el director de Centros Comunitarios comentó:
“En su momento las calidades tienen que ver. Usted puede comprar cinco pares de tenis que se ven igualitos pero no todos tienen la misma calidad y lo podemos ver con cualquier ejemplo. No podemos comprar cualquier cosa, de qué sirve adquirir un producto muy barato si no va a ser efectivo, esta fue una compra muy responsable en ese sentido”, aseguró.
La comparecencia de García Reyes ante los regidores dejó más cuestionamientos sin respuestas que certezas sobre la decisión del Gobierno de Ciudad Juárez sobre la compra de las pruebas COVID.
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