**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
La Diócesis de Ciudad Juárez acumuló terrenos valuados en más de 43 millones de pesos, otorgados por el municipio en donaciones y comodatos, y con una extensión de 12 veces lo que mide el Estadio Azteca. Sin embargo, algunos de estos terrenos, destinados para proyectos religiosos, yacen en desuso, a pesar de que la ley exige un plazo de dos años para ser utilizados. Además, urbanistas y académicos cuestionaron la falta de transparencia en la entrega de estos predios y el rezago de espacios públicos que no son aprovechados.
Por Angélica Villegas / Circuito Frontera
Fotografía: Carlos Mendoza
Ilustración: Border Hub
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Durante cuatro gobiernos municipales del 2002 al 2018, la Diócesis de Ciudad Juárez recibió 13 terrenos en donación y en comodato con una extensión de 85 mil 772 metros cuadrados, lo que equivale a 12 veces la extensión de la cancha del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, que mide 7 mil 140 metros cuadrados y donde caben 87 mil 523 personas.
De este total, seis predios (cuatro en comodato y dos en donación) acumulan un valor catastral de 43.4 millones de pesos, según la tabla de valores de 2023. Sin embargo, el monto podría ser mayor, ya que el Ayuntamiento no proporcionó las direcciones de siete predios restantes que en total abarcan una superficie de 44 mil metros cuadrados, por lo que no fue posible determinar su valor catastral.
Y aunque estos predios representan una importante extensión territorial y valor catastral que es patrimonio de los juarenses, algunos de estos terrenos nunca fueron aprovechados y utilizados para el propósito por el que fueron prestados y se encuentran en desuso, según fue posible comprobar en visitas en campo.
Activistas y académicos cuestionaron el abandono de estos espacios en un contexto en el que zonas como el suroriente de la Ciudad enfrentan problemáticas de rezago de equipamiento urbano y espacios públicos para atender necesidades básicas de esparcimiento, educación, salud, entre otros.
“El equipamiento público como parques, escuelas, hospitales y otros servicios, desempeñan un papel crucial en el bienestar de la sociedad y en la calidad de vida de los ciudadanos (…) La donación de los terrenos con cualquier otro propósito que no sea este tema del equipamiento público, yo creo que debe de tenerse en consideración”, dijo Vladimir Hernández Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Juárez.
Igualmente, Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico, advirtió sobre la falta de transparencia en la entrega de estos predios, ya que los padrones de beneficiarios no son públicos, a pesar de que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua obliga al municipio a darlos a conocer.
“Hace falta hacer más transparentes, más claros los procesos y la forma en cómo se enajena el suelo público en Ciudad Juárez. Yo no sé si son algunos grupos a los que se da, a lo mejor ya conocen el camino. Digamos, a lo mejor la Diócesis ya conoce y sabe de estos procesos y va y los solicita”, comentó Chacón.
Hernán Ortiz Quintana, coordinador del grupo Ciudadanos Unidos por una Administración Pública (CIMAP), plantea que existen dos inquietudes relacionadas con la equidad en la gestión de asuntos religiosos y el uso de terrenos donados a gran escala, resaltando la necesidad de una regulación clara y precisa para abordar estas preocupaciones.
“¿Se está siendo equitativo con otras muestras de fe o con otras expresiones religiosas o hay un favoritismo o una preferencia o hay un análisis, claro? (…) El otro punto que habría que considerar, dada que la cantidad donada es enorme y no se tiene certeza sobre el uso que se le está dando (a los terrenos), parece que hay hasta algunos predios que tienen años ahí donados y que no se han usado. Hay que reglamentar”, consideró Ortiz Quintana.
Para el cálculo del valor de los cuatro terrenos entregados en comodato a la Diócesis de Ciudad Juárez se tomaron en cuenta las ubicaciones, proporcionadas a través de las solicitudes de información por transparencia con folios 080155921000465 y 080155922001427.
Mientras que el valor catastral de los dos predios donados a la Diócesis se obtuvo de la ubicación señalada en la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016 y los informes tetramestrales, correspondientes al 10 de octubre del 2016 y al 9 de febrero del año 2017, presentados por las regidoras Irma Celia Medrano Flores y Jacqueline Armendáriz Flores, ambas de la Comisión de Enajenación de Terrenos, durante la administración 2016-2018.
Las donaciones
La donación de terrenos municipales a la Iglesia Católica de Juárez se realizó durante cuatro administraciones municipales, encabezadas por los alcaldes: Jesús Alfredo Delgado Muñoz (2002-2004), José Reyes Ferriz (2007-2010), Enrique Serrano Escobar (2013-2016) y Armando Cabada Alvídrez (2016-2018).
Según la solicitud presentada por Transparencia 080155922001427 y actas de Cabildo, el Municipio entregó en donación un total de 32 terrenos, de los cuales 11 corresponden a asociaciones religiosas. De estos, nueve fueron destinados a la Diócesis de Ciudad Juárez.
Como ya se mencionó antes, no fue posible conocer el valor de siete terrenos otorgados en donación a la Diócesis debido a que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez no proporcionó la información de sus ubicaciones y estos datos tampoco son públicos en su apartado de transparencia. Aunque sí indicaron que su extensión fue de 44 mil metros cuadrados.
Sólo en dos casos la información sí se encuentra pública en el acta de la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016. De acuerdo con el documento, uno de los terrenos fue por una superficie de 10 mil 270 metros cuadrados, ubicado entre las calles Monte Trigo y Montes del Cantal, del fraccionamiento Urbivilla del Cedro. Y el otro predio municipal, ubicado entre las calles Paseo de San José y Boulevard Fundadores, del fraccionamiento Parajes de San José, es de una superficie de 4 mil 807 metros cuadrados. Para dar un total de 59 mil 77 metros cuadrados en los nueve predios donados a la Diócesis.
Según la tabla de valores 2023, el valor por metro cuadrado de la colonia donde se ubican los últimos dos terrenos mencionados es de mil 100 pesos, por lo que los predios tienen un valor de 11 millones 297 mil 594 pesos y 5 millones 287 mil 953 pesos, respectivamente, dando un total de 16 millones 585 mil 547 pesos.
Mientras que los otros dos predios que fueron donados para otras organizaciones religiosas son: el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios AR, por un terreno de 500 metros y para La Luz del Mundo AR Jurisdicción Norte, por un terreno de 4 mil 89 metros cuadrados. Entre ambos, apenas suman 4 mil 589 metros cuadrados que equivale al 7.7 por ciento de la extensión territorial donada a la Diócesis.
Los comodatos
El comodato se trata de un préstamo gratuito que se otorga a través de un contrato. De acuerdo con el artículo 2497 del Código Civil Federal, el comodato es un contrato donde uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, la cual tiene la obligación de restituir individualmente.
En la página oficial del Municipio de Ciudad Juárez, se explica que el comodato otorga un inmueble municipal para respaldar el propósito social de las asociaciones civiles y, en el caso de individuos, para apoyar sus objetivos comunitarios.
Bajo esta premisa se entiende que el préstamo de un espacio público a través de un comodato tiene la intención de generar un beneficio para la comunidad, debido a que se otorga de manera gratuita al solicitante.
En este tenor, la Diócesis de Ciudad Juárez celebró los contratos CM-182/2003, JUR/DG/1069/2008, CM-228/2014 y JUR/CM/401/2018 con el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
Según la información recabada, el contrato CM-182/2003 refiere que la Diócesis de Ciudad Juárez recibió un terreno en comodato para la construcción de un área verde y un jardín botánico, en un terreno ubicado en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Prolongación Marcelo Caraveo, de la colonia Ampliación Fronteriza. Tras la revisión física de este lugar, no se localizó.
Según la tabla de valores del ejercicio fiscal 2023, el precio por metro cuadrado en esta colonia es de 400 pesos, lo que valúa este terreno en 809 mil 084 pesos.
Bajo el contrato CM-228/2014/COMODATO-CM-09/2012, la Diócesis recibió en comodato un terreno de 2 mil 426.16 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Henequén, con punto de partida en la calle José Mateos Torres, en la colonia Infonavit Solidaridad, para la construcción de un templo católico. Aunque este espacio tampoco se localizó físicamente el inmueble.
El valor por metro cuadrado en esta colonia se establece en mil 100 pesos, por lo que el valor del terreno en la actualidad es de 2 millones 668 mil 776 pesos.
En otro contrato, el JUR/DG/1069/2008, el Municipio prestó un terreno para la construcción de un templo, ubicado en la calle Río Amacuzac y Camino Viejo a La Rosita, del fraccionamiento Las Arcadas, cuya dimensión es de 5 mil 646.53 metros cuadrados. En este caso sí fue localizado el inmueble.
Actualmente, este espacio tiene un valor catastral de 6 millones 775 mil 836 pesos, con un valor por metro cuadrado de mil 200 pesos.
Adicionalmente, de acuerdo con el contrato JUR/CM/401/2018, para la construcción de un centro comunitario se entregó un terreno de 16 mil 598.51 metros cuadrados en la colonia Manuel Doblado. Aunque ni las calles ni la ubicación exacta se especifican.
Durante un recorrido por la zona no se localizó el centro comunitario, además de que el lugar donde se construiría el templo se encuentra un terreno baldío.
Este último terreno, según una respuesta entregada por Transparencia, en la solicitud 037122018, tendría valor catastral de 375 pesos por metro cuadrado, lo que arrojaría que el predio tiene un valor de 6 millones 224 mil 441 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con la tabla de valores catastrales de Ciudad Juárez, correspondientes al 2023, en la colonia Manuel Doblado, el precio por metro cuadrado se fija en mil pesos, lo que valora el terreno actual en 16 millones 598 mil 510 pesos.
A través de estos acuerdos, la organización religiosa recibió en préstamo cuatro terrenos: uno de 2 mil 22.71 metros cuadrados en 2003, otro de 5 mil 646.53 metros cuadrados en 2008, uno de 2 mil 426.16 metros cuadrados en 2014 y un último de 16 mil 598.51 metros cuadrados en 2018. En conjunto, suman 26 mil 693.91 metros cuadrados con un valor catastral de 26 millones 852 mil 206 pesos.
Genera controversia entrega de terrenos a Iglesia
Este último terreno de la colonia Manuel Doblado, otorgado en préstamo a título gratuito para la Iglesia Católica, generó controversia durante su votación en Cabildo, durante la Sesión Cabildo 59, el 26 de diciembre del 2017, pues por lo menos cuatro regidores del Ayuntamiento se posicionaron en contra.
Incluso hubo quienes acusaron al entonces presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, de beneficiar a la Iglesia Católica a través de estos contratos, pues a un año y medio de iniciar su primera administración les había entregado dos terrenos en donación y uno más estaba en discusión para darlo en comodato.
La regidora Janet Francis Mendoza Berber votó en contra de la propuesta pues, aunque dijo que su familia siempre ha profesado la religión católica, le “llamaba la atención” que durante el primer año de gestión la administración del entonces alcalde, Armando Cabada Alvídrez, se trataba de la tercera ocasión en que se “privilegiaba” a la Diócesis de Juárez con un terreno.
“Las dos ocasiones anteriores, hace un año, fueron donaciones y, esta ocasión, es la tercera en comodato (…) Creo que lo que se debe estipular es que se le debe dar la oportunidad a todas las religiones. Ciudad Juárez se conforma por personas de distintas creencias y religiones. Entonces, a todas las demás asociaciones religiosas se les debe de dar la oportunidad (…) pero creo que nos estamos excediendo. Sería el tercer terreno municipal a favor de una asociación religiosa”, comentó.
En tanto que el regidor José Alfredo González Quintana, señaló que un contrato de comodato es por tiempo indefinido, por lo que es como si fuera una donación.
“¿Cuándo van a pasar (demostrar) lo que se construya en ese predio si es por tiempo indefinido? Tenemos que ubicar muy bien lo que se está haciendo y no podemos donar terrenos nomás por donarlos, aunque sean a instituciones de tipo religioso (…) Es muy diferente otorgar un terreno a una asociación civil”, refirió.
“Considero que la Iglesia Católica puede pagar por un terreno y así contribuir a nuestra sociedad que tan necesitada está (…) Somos un municipio pobre. Ellos (La Diócesis de Juárez) pueden contribuir con nosotros a mejorar la ciudad. Y si ustedes se ponen a ver, es un centro comunitario católico, no para todos estaría abierto”, manifestó en esa ocasión la regidora y coordinadora de la Comisión de Enajenaciones, Irma Celia Medrano Flores, quien votó en contra.
Durante esta sesión, el regidor José Ávila Cuc, recordó que a inicios de esa administración (2016-2018), ya se había entregado un terreno en donación a la Diócesis de Ciudad Juárez, por una superficie similar a los 16 mil metros cuadrados.
“Este terreno está en un área, donde haciendo un cálculo de los avalúos comerciales, conservadoramente estaría costando 12 millones de pesos”, declaró.
Los señalamientos de los regidores que se manifestaron en contra estuvieron encaminados a cuestionar al presidente municipal sobre el probable favorecimiento a la Iglesia Católica. Sin embargo, finalmente la propuesta fue aprobada por mayoría de votos.
Puede Municipio revertir donaciones; indagan predios en desuso
Francisco Rodríguez, ex jefe del Departamento de Enajenaciones del Municipio, explicó en una entrevista realizada a finales del año pasado, cuando aún estaba en el cargo, que uno de los requisitos para la donación de terrenos es que las asociaciones y organizaciones beneficiadas tienen un plazo de dos años para poner en marcha el proyecto por el que se les otorgó dicho predio o de lo contrario el Ayuntamiento puede revertir la donación.
Este requisito está estipulado en el artículo 78 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua.
“Se fijará el plazo máximo dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien inmueble, de lo contrario, se entenderá que el plazo es de dos años”, señala la ley.
Rodríguez explicó que las donaciones, en su mayoría, están destinadas a fines benéficos y sin ánimo de lucro, como escuelas, asociaciones civiles y apoyo a grupos vulnerables, pero para poder llevarlo a cabo las organizaciones deben cumplir con otros requisitos como presentar un proyecto ejecutivo que describa las obras a realizar en el terreno y demostrar su solvencia económica para la ejecución del mismo.
El sitio web del Municipio, también enlista otros requisitos como lo es presentar copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil que solicita el terreno; copia certificada de la personalidad del representante legal de la misma; plano catastral original del terreno municipal e identificación de las fincas.
La ley también señala que una vez que ingresa la solicitud de donación, la Dirección de Catastro realiza un avalúo catastral y se presenta una solicitud de desincorporación a Sindicatura Municipal; La Comisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales del Ayuntamiento del Municipio de Juárez revisa y emite un dictamen, el cual debe ser aprobado por el Cabildo.
Una vez otorgada la donación, explicó Rodríguez, establecen un plazo de seis meses para que el terreno sea escriturado a nombre de la asociación beneficiaria.
El ex funcionario enfatizó que el Municipio es responsable de verificar el avance físico de las obras y comprobar que cumplan los términos acordados en el contrato de donación que firman ambas partes.
Informó que durante su gestión, hasta finales del 2022, habían cancelado una donación a la Cruz Roja y otra a una asociación dedicada a la castidad.
Refirió que las asociaciones incumplen los plazos principalmente por motivos económicos, aunque estas razones deben respaldarse con pruebas de solvencia económica.
En cuanto a las donaciones realizadas durante la actual administración municipal (2021- 2024), Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, reconoció que, en ocasiones, la abundancia de documentos se convierte en un obstáculo para la toma de decisiones informadas y, por lo tanto, están trabajando en la esquematización de la información.
“Mire, lo que hemos tratado de hacer es una organización y, sobre todo, la esquematización de los documentos que existen, porque muchas veces se tienen todos los documentos, pero quizás no están en un orden como debería de existir. Hemos estado trabajando mucho apegados a la nueva Ley de Archivo Nacional, donde tenemos que ver cómo manejar toda la documentación y estamos tratando de alinear todas nuestras actividades hacia ese fin”, comentó.
Dijo que tenía conocimiento de donaciones realizadas a asociaciones civiles o religiosas, pero hubo algunos casos en que el plazo otorgado por el Cabildo ya se había vencido.
“Lo que se busca son esos dos puntos: Uno, ver si se le está dando el destino que corresponde, y dos, en algunos casos se les otorga un tiempo para poder edificar o generar la condición para lo que el objeto que solicitaron el terreno. Había casos en donde ya había transcurrido ese tiempo y estaba el terreno solo, entonces ahí el Municipio ha optado por una figura que es la reversión, es decir, que se reintegra al patrimonio municipal ese terreno.
Sin embargo, expuso que en algunos casos el incumplimiento del contrato de donación se debió por motivos de la pandemia, por lo que, en su momento, las asociaciones tuvieron que parar o detener las edificaciones o estipulaciones del contrato y se concedieron prórrogas.
En este punto, el secretario señaló que las decisiones sobre donaciones o concesiones de terrenos no son arbitrarias ni personales, sino que siguen un procedimiento meticuloso, donde participan las Direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, la Sindicatura, que culmina en la Comisión de Enajenaciones y finalmente en el Cabildo, donde se toman las decisiones finales.
Mencionó que su conocimiento hasta ese momento era que durante la presente administración, habían revertido tres predios, sin especificar a qué organizaciones los habían donado. Y agregó que estaban investigando otros terrenos que quedaron en desuso y abandonados.
Finalmente explicó que la diferencia entre las donaciones y los comodatos, es que las donaciones permiten que la propiedad pase completamente a nombre de la asociación beneficiaria para su uso libre y los comodatos mantienen la propiedad bajo el dominio del Municipio y cualquier construcción en estos terrenos se realiza en beneficio de la comunidad.
Aunque para esta investigación también se buscó al director de Gobierno Óscar Murillo Delgado, quien asumió su cargo en pasado febrero de este 2023, y es quien resguarda todos los documentos del Ayuntamiento de Juárez, su secretaria nos remitió con el Secretario del Ayuntamiento.
Mientras que el actual jefe del Departamento de Enajenaciones del Municipio, Iván Solorio Gallardo, se negó a dar una declaración oficial y nos dirigió con el de Gobierno.
La regidora Ana Carmen Estrada García, coordinadora de la Comisión Revisora de Enajenaciones de Terrenos Municipales, nos recibió en su oficina, pero solicitó tiempo para recolectar información, sin embargo, canceló la fecha de la entrevista.
Del mismo modo, se hizo la solicitud de entrevista con la Síndica del Municipio Esther Mejía, a través de su vocera, mediante mensajes y llamadas telefónicas, sin lograr obtener respuesta.
En el caso de los contratos de comodato, Enrique Torres Valadez, regidor de la Comisión de Revisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales de la administración 2021-2024, indicó que cuando se otorga un predio en comodato por tiempo indeterminado, se les brinda un plazo de hasta dos años para iniciar operaciones.
“Cuando se hacen por tiempo indefinido, se les establece un término, precisamente para que lleven a cabo las construcciones, para que lleven a cabo todo su proyecto, y si no está funcionando en el plazo este estimado de dos años, pues se requiere precisamente para que den una explicación al respecto y en su caso iniciar el procedimiento de reversión del mismo”, dijo en entrevista en diciembre del año pasado.
Mientras que, en el Artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, las concesiones sobre inmuebles estatales y municipales, salvo excepciones previstas en otras disposiciones legales, podrán otorgarse por un plazo de hasta 50 años, el cual podrá ser prorrogado una o varias veces, a juicio del ente público concesionante, sin exceder el citado plazo, atendiendo tanto para su otorgamiento como para sus prórrogas.
El solicitante deberá presentar un monto de la inversión, el plazo de amortización de la inversión realizada; beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; la necesidad de la actividad o del servicio que se preste; cumplimiento por parte de la persona concesionaria de las obligaciones a su cargo y de lo dispuesto por las leyes específicas mediante las cuales se otorgó la concesión, así como el monto de la reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado.
Mientras que es responsabilidad del alcalde y el Cabildo, de acuerdo con el Artículo 29, apartado XXVII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua es atribución de los presidentes municipales: “declarar administrativamente la nulidad, caducidad o rescisión de contratos, permisos o licencias y concesiones administrativos; así como hacer efectivo el derecho de reversión de los terrenos municipales, cuando los adquirentes incumplan la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicados”.
Piden transparencia y atender rezago de espacios públicos
Activistas, académicos, funcionarios públicos entrevistados coincidieron en la imperante necesidad de regularizar y transparentar la gestión de terrenos municipales, a fin de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, respecto al destino de los terrenos públicos.
Y es que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua señala que los sujetos obligados deberán transparentar las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie, el catálogo de disposición y guía de archivo documental, además de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.
También las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, según el apartado XXVI.
Pero las administraciones no transparentan esta información y sigue sin ser de dominio público.
Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico, enfatizó que las principales preocupaciones radican en la falta de transparencia por parte del municipio, y que no existe garantía de que el suelo público se utiliza en beneficio de toda la comunidad, en un contexto donde la demanda de espacios públicos sigue sin satisfacerse.
“Aquí el problema es que el gobierno está desincorporado terrenos municipales así tan a la ligera cuando hay tanto rezago de espacio público. El hecho de que el Municipio cuente con suelo público, con terrenos municipales que no son para ponerse a la venta, son para que los use el Municipio en beneficio de los juarenses, con equipamientos necesarios (…) Sin embargo, aquí pocas veces vemos que hagan nuevos parques o que hagan áreas deportivas o plazas”, declaró.
“Hay un rezago importante en zonas como el suroriente, sin embargo, pues esto como consecuencia del mal manejo histórico y que continúa el día de hoy, el mal manejo del suelo público, la mala administración del suelo público y su enajenación y desincorporación para el beneficiar a particulares”, comentó.
Habló sobre la importancia de cumplir con la legislación vigente y ser totalmente transparentes para evitar “favoritismos”.
“Pareciera que las administraciones municipales terminan siendo como una oficina de bienes raíces malbaratando el suelo público y dejando sin espacios para los juarenses”, agregó.
Vladimir Hernández Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Juárez, reiteró su postura de utilizar los terrenos municipales para atender el rezago en equipamiento urbano que existe en Ciudad Juárez y utilizar estos espacios en otras necesidades de la comunidad en general como lo es la educación, atención médica o recreación.
Mientras que Hernán Ortiz Quintana, director del proyecto Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), refirió que, aun cuando existen leyes sobre los procedimientos para la donación y prestación de terrenos, es necesario establecer un reglamento y criterios claros para la asignación de terrenos a manifestaciones religiosas para evitar la discrecionalidad y la opacidad en el proceso.
Agregó que, si bien, el derecho a la libertad de credo está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana y la cesión de terrenos a la Diócesis de Ciudad Juárez puede entenderse como un ejercicio de ese derecho, cuestionó si esta acción por parte del Ayuntamiento es equitativa con respecto a otras manifestaciones de fe.
“Las demás manifestaciones religiosas, como puede ser desde el cristianismo, el protestantismo o hasta el culto de la Santa Muerte ¿no tendrán acceso a ello? Porque entonces no se está viendo con el mismo criterio a todas las fes y se está fallando, digamos en garantizar esta libertad de credo”, comentó.
Finalmente consideró que existe una falta de certeza sobre el uso de los terrenos donados, pues algunos predios podrían haber estado en manos de las manifestaciones religiosas durante años sin un uso aparente.
Por otro lado, algunas voces locales han cuestionado este tipo de acuerdos, destacando que el comodato, en la práctica, equivale a una donación, lo que plantea dudas sobre la equidad y la necesidad de reglamentar estas acciones.
“Es prácticamente una donación”, según declaró el entonces regidor del Ayuntamiento de la administración 2016-2018, José Alfredo González Quintana.
