La defensa del exgobernador César Duarte Jáquez argumentó que presenta problemas de salud que no pueden ser atendidos dentro del penal; el juez mantuvo la medida cautelar debido a que tener propiedades en la entidad no impide que pueda escaparse de la justicia.
Por Redacción / YoCiudadano
Chihuahua.— El juez Humberto Chávez Allende determinó no cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador César Duarte Jáquez, quien solicitó este jueves cambiarla por prisión domiciliaria, argumentando que presenta problemas de salud que no pueden ser atendidos dentro del penal.
De acuerdo con el reporte de Raíchali, la defensa solicitó al juez el cambio de la medida cautelar por un lapso de tres meses, plazo que fue recomendado por los médicos para que el exgobernador priista pueda recibir la atención terapéutica que requiere.
El exgobernador César Duarte comenzó a rebatir los argumentos de la fiscalía en voz propia, denunció cómo personas cercanas a él han sido víctimas de tortura y llamó mentiroso al exgobernador Javier Corral.
"Yo soy un preso político del gobierno de Javier Corral", declaró.
— Raíchali (@raichali) February 2, 2023
Durante la audiencia, la defensa llamó a testificar al cardiólogo Mario Alberto Valles Terrazas, quien ha atendido al imputado desde 2022. El médico confirmó que Duarte Jáquez tiene hipertensión arterial, y que ha pasado de un grado 2 y 3 de hipertensión a 1, de menor riesgo. A su vez dijo desconocer si en el penal tiene las condiciones necesarias para poder controlar su enfermedad.
Además, la defensa presentó al fisioterapeuta Ricardo Molina Jacks, quien sostuvo que el exgobernador requiere sesiones durante 90 días para que su condición mejore.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado recurrió a los informes médicos del exgobernador, donde se indica que no sufrió complicaciones por su operación y su condición es “favorable”.
La defensa argumentó que la prisión preventiva no tiene justificación debido a que las condiciones del proceso judicial no son las mismas y no existe posibilidad de que César Duarte vuelva a fugarse de México, puesto que los señalamientos responden a “apreciaciones meramente subjetivas que no son dignas de ser tomadas en cuenta”.
Señaló que “al imponer la medida de prisión se perdió de vista que el señor Duarte sí tiene un arraigo de antaño en el lugar donde se lleva el proceso…”. La defensa agregó que su cliente fue gobernador del estado y eso “evidencia su arraigo en esta localidad”.
La defensa también señaló que la detención de Duarte Jáquez se dio hace más de dos años y excede el límite establecido por la Constitución para la prisión preventiva justificada. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el proceso de extradición debe diferenciarse del proceso penal que el acusado enfrenta en México, donde aún no transcurren los dos años permitidos de prisión preventiva.
Durante la audiencia, el exgobernador César Duarte denunció que personas cercanas a él han sido víctimas de tortura y llamó mentiroso al exgobernador Javier Corral: “yo soy un preso político del gobierno de Javier Corral”, señaló.
Finalmente, el juez Humberto Chávez Allende determinó que se debe mantener la prisión preventiva justificada en contra del imputado, pues consideró que rentar un inmueble en la ciudad o poseer múltiples propiedades en el estado no impide que este se escape de la justicia.
El juez aceptó aplazar la audiencia intermedia para el lunes 3 de abril a las 09:30 de la mañana, debido a que la defensa argumentó que la Fiscalía de Chihuahua le entregó pruebas para el caso el 24 de enero, mismas que no han podido analizar.
La exposición de antecedentes establece que entre los años 2011 al 2014, el imputado, quien se desempeñaba como gobernador del Estado de Chihuahua, desvió recursos del patrimonio estatal por una cantidad acumulada de 96 millones 685 mil 253 pesos, los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos.
La FGE señaló que estas acciones se hicieron con el previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, mediante el reparto de roles y actividades en la operación.
Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que entre los años de 2011 al 2014 el gobierno del estado realizó 17 pagos reiterados a dos personas morales con las que Duarte tenía intereses personales y de negocios, al ser presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de la otra, actos orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados.
