Personas en movilidad originarias de Venezuela fueron retiradas por elementos de la policía del campamento que mantenían en el bordo fronterizo. Aunque el Municipio aseguró que no se reportaron personas heridas, la organización DHIA constató que sí hubo varias. Además, denunciaron que el operativo de desalojo y la persecución hacia esta población es criminalizante.
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Ayer por la mañana autoridades municipales realizaron un operativo para retirar el campamento de personas en movilidad venezolanas asentado en el bordo fronterizo. Luego de intentar convencerlas de resguardarse en los albergues municipal y federal, las personas venezolanas manifestaron su deseo de quedarse en el sitio.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, durante la conferencia de prensa semanal informó que en este punto personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales comenzaron a retirar las casas de campaña por lo que “hubo un poquito de forcejeo” entre las personas en movilidad y elementos de la Secretaría Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Ante ello recalcó que “no tenemos reporte de ningún migrante lesionado de ninguna manera”, solo tres policías resultaron heridos al momento de manipular las varillas que sostenían las carpas en las que habitaban desde el pasado mes de octubre.
“Tratamos de explicarles la situación a la que se estaban exponiendo”, dijo Ortiz Orpinel pues, según una inspección de la Dirección General de Protección Civil, en el campamento había “un alto riesgo de incendio” por las fogatas que hacían para mitigar el frío.
Además, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) había solicitado a las autoridades municipales revisar la cercanía que tenían las casas de campaña con el río Bravo. Protección Civil también dictaminó que “había un gran riesgo de ahogamiento”.
“Ellos mismos actuaron de manera responsable, se retiraron y solicitaron permiso de tomar artículos personales”, añadió el secretario del Ayuntamiento. Para las 4:00 de la tarde el campamento ya había sido desmantelado y no se encontraba ninguna persona, dijo.
El titular de Protección Civil, Roberto Briones Mota, opinó que hubiera sido “más inhumano” permitirles quedarse en el campamento. Desde que CILA avisó de la situación, Protección Civil, Bomberos y Rescate estuvo monitoreando el lugar para prevenir un accidente. “Es preferible que nos acusen por acción y no por omisión”, comentó.
Durante el operativo se contó con la presencia de Protección Civil del Estado y Municipio, la Secretaría del Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, la SSPM y Estatal y la Guardia Nacional, “quienes únicamente estuvieron haciendo presencia para evitar cualquier tipo de circunstancia que se pudiera presentar”, detalló Ortiz Orpinel.
Por su parte, el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González, aseguró que con el operativo “no se puede argumentar un tema de violación a los derechos humanos” ya que “no se puede alegar un derecho humano a permanecer en un espacio que pone en riesgo tu vida”.
Aproximadamente 80 personas aceptaron trasladarse al albergue Leona Vicario y otras 14 al Kiki Romero, mientras que en el campamento calcularon la presencia de alrededor 600 personas.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirmó que la SSPM realizará rondines para vigilar que las personas en movilidad no se asienten nuevamente en el bordo fronterizo. En el mismo sentido, Ortiz Orpinel sentenció que no permitirán que se instalen en la intemperie en parques u otras zonas de la ciudad.
“Aquí de lo que estamos hablando es de la vida de las niñas y niños y de los migrantes. Yo batallo por entender por qué la terquedad de querer estar en un lugar que es absolutamente inseguro y que además no les representa a ellos ninguna ventaja en esta aspiración que tienen de cruzar a Estados Unidos”, cuestionó el Alcalde.
Finalmente, ambos funcionarios exhortaron a las personas a ingresar a los albergues, donde hay suficiente espacio para atenderlas.
Autoridades criminalizan a población en movilidad venezolana: DHIA
La organización civil, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), recordó que el campamento, originalmente asentado al exterior del Consejo Estatal de Población (COESPO) y posteriormente en el río Bravo, surgió por una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas venezolanas.
Desde la área de Incidencia de DHIA, explicaron que el pasado 13 de octubre cuando Estados Unidos anunció que todas las personas originarias de Venezuela iban a ser retornadas a México si ingresaban al país por puertos no oficiales, el gobierno mexicano aceptó el acuerdo sin tener ningún tipo de coordinación con los albergues de la frontera norte.
En ese momento comenzaron las violaciones a los derechos humanos de una población mundialmente conocida como refugiada pues en cuanto las personas comienzan a ser retornadas a Ciudad Juárez, “el Instituto Nacional de Migración (INM) les entrega un oficio de salida en 15 días por sus propios medios para retornar a un país que les expulsó… violando así el principio de no devolución”.
Posteriormente sí recibieron un permiso para estar en el país por 180 días, pero desde DHIA han identificado que agentes del INM y elementos de la policía han mantenido una persecución hacia este grupo poblacional.
“Desde el momento que ingresaron a México han enfrentado una tras otra violación a sus derechos humanos y todo esto derivó en el campamento. Ante la falta de confianza en las autoridades y con base en sus experiencias, era la única manera de estar protegidas y esperar la respuesta de Estados Unidos para poder ingresar de manera regular”, dijo la área de Incidencia.
Enfatizaron que desde el inicio de estos procesos no hubo ningún posicionamiento por parte de las autoridades, ni se brindó la información necesaria a quienes provienen de Venezuela. Mientras que la postura del Municipio para mantener los operativos de desalojo, preocupa a la organización pues se hace uso excesivo de cuerpos de seguridad contra niñas, niños, adolescentes y adultos.
DHIA realizó un monitoreo el día de ayer durante el desalojo y constató que sí había personas en movilidad heridas. Además, la área de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ciudad Juárez negó que las tres agencias de la ONU que trabajan en esta frontera hubieran estado presentes en el operativo, tal como lo aseguró el director de Derechos Humanos del Municipio.
“El hecho de que vayan a estar revisando asentamientos y las calles es ya una línea que criminaliza a las personas porque no podrían detenerlas ni trasladarlas a la fuerza a un albergue. Esta cacería de personas en movilidad humana nos hace cuestionarnos que una vez retirados de las calles, a dónde se llevarán y cómo, si las personas no desean ir”, agregó DHIA.
