Meses antes del incendio que dejó 39 muertos en un centro de detención del INM, organizaciones de la sociedad civil habían advertido sobre el clima de criminalización y persecución contra personas migrantes en Ciudad Juárez. El día del siniestro había iniciado un operativo para retirarlos de las calles.
Por Miguel Silerio / Fotos: Favia Lucero / Con información de Abraham Rubio
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Apenas dos semanas antes del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) que acabó con la vida de 39 personas y dejó heridas a otras 28, el gobierno municipal de Juárez anunció el endurecimiento de su postura hacia los migrantes.
En su conferencia de prensa semanal del lunes 13 de marzo, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que “el nivel de paciencia” hacia los migrantes se estaba agotando y señaló supuestas afectaciones a la población por su presencia en las calles de la ciudad.
“Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad (…) ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad”, dijo.
En la conferencia se encontraba también el jefe de la Policía Municipal, César Omar Muñoz Morales, quien aseguró que se habían presentado quejas por la presencia de hombres en los cruceros de Ciudad Juárez, principalmente de mujeres que decían sentirse “intimidadas por los migrantes”.
Estas afirmaciones se dieron un día después de que cientos de migrantes intentaran cruzar el puente internacional Paso del Norte, tras el rumor de que se les permitirían ingresar a Estados Unidos. La concentración ocasionó que autoridades estadounidenses cerraran el cruce fronterizo.
El día del incendio, el lunes 27 de marzo, autoridades federales y municipales implementaron un operativo para retirar a las personas migrantes de las calles. Los agentes del INM que lo encabezaban eran acompañados por la Policía Municipal.
Cuestionado la mañana del martes sobre la participación del gobierno municipal en el operativo, el alcalde negó que existiera una relación entre este y el incendio, y acusó un uso político de la tragedia:
“No hay ningún tipo de redada. Lo que hemos venido haciendo es cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad. Son hechos completamente distintos. Si alguien quiere empatarlos, es querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta. Lo que sucedió en las calles no tiene relación con lo que pasó ahí (…) No sé qué motivación haya detrás de esto, pero es verdaderamente cobarde y reprobable que quieran enlazar una cosa con la otra”, señaló Pérez Cuéllar.
Los desencuentros entre autoridades locales y migrantes comenzaron a subir de nivel desde noviembre de 2022, cuando un operativo con participación de los tres órdenes de gobierno desalojó con el uso de la fuerza un campamento de alrededor de 500 migrantes en el bordo del río Bravo.
El desalojo desató una confrontación con elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, donde hubo golpes, forcejeos y se incendiaron casas de campaña.
El gobierno municipal justificó el desalojó por el supuesto riesgo que corrían los migrantes, que hacían fogatas para protegerse del frío y días antes se habían conectado a la red general de energía eléctrica con dos postes de concreto instalados por un particular.
Meses después, el pasado 1 de marzo de 2023, agentes de la Policía Municipal irrumpieron en el comedor para migrantes de la Catedral de Ciudad Juárez, donde detuvieron violentamente a tres integrantes de una familia de origen venezolano.
La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió entonces un comunicado condenando “este tipo de hechos en donde se actúa de forma arbitraria y sin apego a protocolos legales, violentando los derechos humanos de las personas”.
La Iglesia aseguró que presentaría las denuncias correspondientes y señaló que el gobierno municipal había sido “omiso en la creación de planes y estrategias efectivas para la atención de personas en movilidad, circunstancia que ha resultado en violaciones a los derechos humanos de quienes están en Ciudad Juárez esperando regularizar su situación migratoria”.
Además llamó al alcalde Pérez Cuéllar a establecer protocolos de atención a la población migrantes “enfocados a respetar sus derechos humanos, su integridad física y psicológica”.
Una semana después, el 8 de marzo, se presentó un nuevo enfrentamiento. Elementos del INM realizaron un operativo en un hotel del Centro Histórico, en el que recorrieron las habitaciones pidiendo a las personas migrantes los documentos que acreditaran su estancia legal en México.
La detención violenta de una mujer habría desatado la confrontación con decenas de migrantes, quienes incluso salieron del hotel por las ventanas hacia los techos de comercios aledaños. En el lugar se desplegaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional e incluso el Ejército Mexicano.
Sobre este incidente, organizaciones señalaron en un comunicado que “la presencia desmedida de unidades en los operativos envía un claro mensaje de intimidación” y denunciaron que los migrantes son víctimas constantes de abusos en estos operativos, como detenciones arbitrarias, extorsiones, destrucción de documentación y robos:
“Las organizaciones somos testigos del uso reiterado de toda clase de vejaciones por parte de agentes del INM, la GN y la SSPM en contra de personas en movilidad y locales. Las constantes denuncias por robo de pertenencias, extorsiones y detenciones arbitrarias dejan en evidencia que hay una grave crisis en materia de derechos humanos que debe ser agredida de manera urgente por todas las autoridades competentes”.
Tragedia confronta a autoridades federales y municipales
La responsabilidad del trágico suceso ha ocasionado una confrontación entre los máximos representantes del gobierno federal y del gobierno municipal en Juárez. Por una parte el delegado de programas sociales de la Federación, Juan Carlos Loera de la Rosa, y por la otra el alcalde Pérez Cuéllar, ambos emanados de Morena.
A través de sus redes sociales, Loera de la Rosa publicó un video en el que fijó su postura sobre la tragedia y acusó al gobierno de Pérez Cuéllar de “estigmatizar” a las personas migrantes y de presionar al INM para retirarlas de las calles.
“El gobierno municipal aquí en Ciudad Juárez, desde hace ya algún tiempo, ha estado estigmatizando y ha estado amenazando a las personas migrantes y también presionando a las autoridades migratorias de la localidad para que haya una limpia en los cruceros, para que haya una limpia en la ciudad”, dijo el delegado federal.
Ambos funcionarios sostienen una confrontación desde finales de 2020, cuando compitieron por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, en un proceso que Pérez Cuéllar impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Chihuahua.
Finalmente, Pérez Cuéllar desistió de la impugnación cuando fue designado candidato de Morena a la alcaldía de Juárez. Loera de la Rosa, por su parte, perdió en las elecciones de 2021 ante la actual gobernadora, la panista María Eugenia Campos Galván.
“No estoy de acuerdo con las redadas, no estoy de acuerdo con la persecución ni mucho menos con la detención y el encarcelamiento de las personas migrantes. Esto no debe de volver a ocurrir en nuestra ciudad”, dijo el delegado federal.
Por su parte, Pérez Cuéllar, quien militó en el PAN de Chihuahua durante más de 20 años y en 2018 llegó al Senado de la mano de Morena, acusó una campaña en su contra y culpó a Loera de no haber inspeccionado las instalaciones del centro de detención.
“Yo diría que si él (Loera) se hubiera puesto a trabajar en lugar de estar criticando de manera permanente al gobierno municipal, como lo viene haciendo, quizá se pudo haber evitado esta tragedia. ¿Por qué lo digo? porque él es el representante del gobierno federal. Quizá él debió haberse percatado de las condiciones en las que estaba la estancia migratoria y la inseguridad que privaba en ella”, dijo el alcalde el miércoles ante la prensa local.
Por otra parte, el presidente municipal defendió el operativo de noviembre del año pasado, en el que con el uso de la fuerza fue desalojado el campamento de personas migrantes que se había instalado en el bordo del río Bravo, asegurando que de esa manera “se evitó otra tragedia”.
“Entiendo su desesperación. Debe sentirse el muy culpable, está cargando con la muerte de 38 personas*, porque él es el responsable del gobierno federal en Ciudad Juárez”, sentenció Pérez Cuéllar.
*Autoridades federales han confirmado que en el incendio murieron 39 personas y 28 resultaron lesionadas.
