La defensa de la pastora Velia H.G. recibió la pena mínima prevista en Chihuahua para para el delito de trata en la modalidad de trabajos forzados en perjuicio de tres migrantes hospedados en el albergue que dirigió en Ciudad Juárez.
Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La pastora y directora del albergue “Aposento Alto”, Velia H.G., fue sentenciada a permanecer 10 años y tres días en la cárcel y a pagar 59 mil 400 pesos, tras haber sido encontrada culpable de haber forzado a tres migrantes a realizar trabajos a favor de ella y de su familia.
La pena corporal es la mínima prevista para el delito de trata en la modalidad de trabajos forzados y también es la mínima para la agravante de que fue acusada, debido a que el Ministerio Público (MP) aunque al final solicitaba 90 años de cárcel no presentó pruebas para graduar la pena, así lo dijo el juez Jorge Gutiérrez Ortiz en una audiencia realizada este lunes 10 de junio.
A la pena corporal de 10 años, se le deben abonar los casi dos años que lleva en prisión la pastora, pues fue recluida en el reclusorio femenil de Ciudad Juárez, el 27 de julio del 2022.
Antes de que el juzgador pronunciara la pena y por primera vez durante todo el juicio oral, la pastora habló.
Señaló que ella también fue migrante, recordó que llegó a Ciudad Juárez el 27 de mayo de 1999 junto con su esposo e hijos; dijo que realizó un trabajo a favor de la comunidad y en 2019 decidió abrir las puertas de su casa a familias migrantes que no tenía un hogar, y afirmó que los migrantes no tenían razones para decir que ello los había amenazado para que trabajaran.
“Ellos no tenían por qué decir que yo los amenazaba con una lista, porque simplemente es la lista local que yo tenía. Para mí ellos forman parte de mi familia. Aprendí a amarlos, aprendí a orar por ellos, que venían desesperados”, dijo en una parte de su exposición.
Al escuchar la pena, la pastora se mostró asombrada y luego parecía ausente.
Al terminar la diligencia, los abogados defensores se abrazaron para felicitarse por la imposición de la pena más baja prevista para el delito de trabajos forzados.
“Fue una sentencia condenatoria que sabe a absolutoria”, dijo feliz el abogado que llevó la voz de la defensa César Octavio Rivas Ávila.
Audiencia de sanciones
La diligencia inició unos minutos después de la 1 de la tarde en la cuarta sala de la “Ciudad Judicial”, con los alegatos de la agente del Ministerio Público, de la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Delito (CEAVE) y del abogado defensor.
La fiscal comenzó su exposición pidiendo 90 años de cárcel, es decir 20 años por cada una de las tres víctimas y en relación al delito básico -trabajos forzados- y otros 10 años más por cada víctima y correspondientes estos a una agravante prevista en la ley que se refiere a que la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el delito comprenda a más de una víctima.
Al inicio del juicio, el MP pedía 180 años de cárcel, pues había acusado por seis víctimas.
Sin embargo, el pasado 3 de junio el mismo juez encontró a la pastora inocente en relación a tres víctimas y culpable respecto a otras tres.
En la audiencia de este 10 de junio, la fiscal también pidió al juez que se impusiera a la pastora una multa equivalente a 150 días y el pago de la reparación del daño por un total de 59 mil 400 pesos a favor de las víctimas de iniciales D.E.L.A., quien declaró ante el juez el 17 de abril; J.A.M.P., que dio su versión el 6 de mayo; y M.A.C.S., cuya declaración fue presentada a través de una grabación pues de forma anticipada había declarado y ya no fue localizado para este juicio.
“El bien jurídicamente protegido en este delito es la dignidad humana. Es un derecho, simplemente por la razón de ser, de existir (de cada persona). Es una cualidad que adorna y protege a las personas… la trata es reducir a objeto a la persona, se le niega la dignidad”, afirmó la fiscal.
La representante social también expreso que el delito se cometió en contra de personas con un nivel educativo bajo, que no tienen oportunidades, sufren discriminación y estaban sin redes de apoyo en una ciudad considerada como una de las más violentas del mundo.
La fiscal fue enfática en decirle al juez que la pastora conocía la vulnerabilidad de las víctimas, sabía que su conducta era contraria a la norma, aseguró que se aprovechó de que las ahora víctimas estaban bajo su disposición en un albergue bajo su dirección y tenía “pleno sometimiento y mando” para ordenarles que realizarán trabajos de albañilería y construcción y los amenazaba con sacarlos del albergue y quitarlos de una supuesta lista de asilo si no obedecían.
En su turno la abogada de la CEAVE aseveró que la pastora tenía a seres humanos sujetos a explotación laboral en un lugar que debería haber sido un refugio, lo que consideró deshumanizante.
La abogada de la CEAVE, que representó a las víctimas en el juicio, pidió al juez que condenara a la religiosa a una pena ejemplar, a pagar un daño moral considerando el sufrimiento e impacto causado a las víctimas, y que admitiera como prueba la declaración de un testigo que determinó cuánto valía la mano de obra de los migrantes.
“Las víctimas son migrantes que estaban en una posición de vulnerabilidad, de explotación y sufrimiento… revelaron que Velia uso su posición de liderazgo, de figura de fe… es repugnante, merece una severa condena”, afirmó la abogada de la Comisión.
El abogado defensor de la pastora, César Octavio Rivas Ávila, señaló que no era procedente imponer las penas máximas, que no existía un dato para fijar un grado de peligrosidad de su representada; afirmó que los elementos que constituyen el tipo penal de trabajos forzados se pretendían usar para decir que, en la conducta de la pastora también se constituía una agravante para aumentar la pena.
“No hay motivo para las penas máximas… las circunstancias de quienes se dicen víctimas, el nivel educativo que se dice bajo, ellos tenían actividades desde su lugar de origen, uno era administrador, otro manager de un aserradero, no eran personas ignorantes; se dice que eran ilegales, no es cierto tenían un permiso del INM; dicen que no tenían redes de apoyo, no era una, ni dos, ni tres, eran más”, afirmó.
Después de la primera participación, todos pudieron responder a su contraparte. Luego el juez le preguntó a la pastora si tenía algo que decir antes de que él impusiera el castigo. Entonces, la religiosa tomó la palabra.
La mujer dijo que ella no conocía del “evangelio y vine a conocer el evangelio en esta ciudad, recibí al Señor Jesús” y luego empezó a trabajar en la industria maquiladora
Después les ofrecieron poner en marcha un comedor en la colonia Anapra.
“Nos fuimos a Anapra, a hacer los burritos para los niños, y de ahí a los tres años ya nos fuimos para allá para donde estamos ahorita, que es la calle Tomate (al albergue Aposento Alto). De ahí también, pasaron como unos 5 años y también abrimos un comedor para los niños, y así estuvimos trabajando para la comunidad”, contó la hoy sentenciada.
La pastora expuso que también colaboró en el ministerio de “Casas por Cristo”, que se enfocaba en construir hogares a las familias que no tenían una casa calientita.
Velia dijo que en el 2019 una de sus hijas se acercó al Consejo Estatal de Población (Coespo) y supo que había muchas familias que no tenían donde comer, ni dormir y la hija le habló y le dijo “mami hay muchas familias que están en la calle”.
“Yo le hablé a mi esposo y me dijo “abre tu mano y recíbelas” y fue cuando recibimos por primera vez a las familias ahí en la iglesia. Y de esas mismas familias, desde el 19 hasta el 22 que fui detenida, le doy gracias a Dios porque el Instituto de Migración nos las llevaba y otras eran por recomendación de ellos mismos.
Ellos iban recomendándonos, porque realmente lo que nosotros hicimos, y digo nosotros hicimos un trabajo tan bonito porque efectivamente vienen con mucho estrés, mucha preocupación, muchas, a veces, ponen sus hijos en el puente, los agarran de aquel lado, ellos no saben nada. Y al principio yo tenía que salir corriendo para los hospitales porque les agarraba el ataque de ansiedad. Yo nunca había sabido que… que pues les daba mucho dolor y casi que se desmayaban y lloraban”, contó.
La pastora expresó que ella no sabía que eran los ataques de ansiedad y lo supo estando en el Cereso femenil.
Cuando la pastora hizo referencia a la lista que tenía en el albergue y a las presuntas amenazas que hacía a los migrantes, el abogado que la representa le recomendó no seguir hablando.
“Y le doy gracias a Dios, porque Dios me dio fuerzas y fortaleza para poder estar ahí. Gracias mi señoría por este tiempo que me dio para compartir un poquito. Gracias por cada una de ustedes que las vine a conocer en esta situación, que Dios me las bendiga, que Dios me los bendiga”, agregó la religiosa para luego dar por terminada su participación.
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