Organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes exigen desvincular del INM al comisionado Francisco Garduño, para garantizar una investigación imparcial, y justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez.
Por Redacción La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua.— A un año del incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez —donde murieron 40 migrantes extranjeros—, organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil alzaron la voz para denunciar pocos avances en la investigación de esos hechos, y el desdén institucional del gobierno de México ante esta tragedia.
“No hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, señalan casi 50 organizaciones, redes y albergues de la sociedad en un posicionamiento conjunto que hicieron público este 26 de marzo.
En su documento, acusan que “lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México”.
Además, señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal y actualmente no hay una sentencia condenatoria.
Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una “solución alterna”, que lo absolvería de cualquier responsabilidad, señalan.
Además, las organizaciones señalan que el INM no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; también ha negociado con gobiernos, representantes de las víctimas, la reparación del daño; y anunciado montos económicos para las familias de los fallecidos sin ser su facultad, y sin que nadie frene su actuar.
El INM también ha tratado de limpiar su imagen anunciando el pintado de estaciones migratorias, pero eso no basta para mejorar las condiciones de detención y evitar las muertes de personas en su custodia —como ocurrió hace unas semanas en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas donde han muerto dos personas en movilidad bajo circunstancias poco claras. En marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la detención migratoria no puede ser mayor a 36 horas.
Ante este panorama, consideran que la CEAV ha sido laxa en sus responsabilidades dejando al INM los procesos de reparación del daño, cayendo en omisiones dentro de su actuar al no realizar evaluaciones individuales para los procesos de reparación integral del daño, como lo establece la Ley General de Víctimas.
A la fecha, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso; y ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido reconocida como víctima, se indica en el posicionamiento conjunto.
Las organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas migrantes comentan que seguirán acompañando a las personas sobrevivientes, hasta que se haga justicia y exista una verdadera reparación integral del daño y garantías de no repetición.
A un año de la tragedia, sus llamados son:
A la FGR y jueces de control de PJF a dejar de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas en el proceso judicial; el proceso judicial en el caso; y desvincular al comisionado del INM de sus funciones para que exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo.
A la CEAV a tomar el mando de sus facultades, garantizar evaluaciones individuales para cada una de las víctimas y las familias de los fallecidos, y a comprometerse con una reparación del daño justa, de acuerdo con las necesidades de cada familia, pues algunos de los sobrevivientes serán dependientes el resto de sus vidas.
Al INM a terminar con las detenciones migratorias, pues estas no representan un delito en México, sino una falta administrativa. Convertir las estaciones migratorias en espacios donde se brinde orientación e información a las personas para regularizar su situación migratoria o acceder al asilo.
Al Estado mexicano a garantizar a las personas una migración libre de violencia; así como dejar la política de disuasión y securitización, que ha cobrado la vida de miles de personas migrantes y con necesidades de protección internacional en este país.
La noche del 27 de marzo de 2023 murieron 40 hombres, 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, y 15 mujeres fueron testigas de esa tragedia. “Eran hombres jóvenes buscando protección o una mejor vida para sus familias, cuyo derecho a la vida tenía que haber estado protegido por las autoridades mexicanas”.
