El Ichitaip determinó que la Fiscalía debe transparentar la información relacionada con los hallazgos de personas sin vida; los datos son empleados por OSC y colectivos que buscan a personas desaparecidas.
Miguel Silerio / Fotografía: Favia Lucero
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La Fiscalía General del Estado de Chihuahua deberá transparentar la información relacionada con los hallazgos de personas sin vida en la entidad, por determinación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), organización que acompaña a familiares de víctimas de desaparición forzada y sobrevivientes de tortura en el estado de Chihuahua, informó mediante un comunicado sobre la resolución a su favor por parte del Ichitaip.
La controversia comenzó en agosto de este año, cuando el Paso del Norte solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que la FGE le informará sobre el número de personas localizadas sin vida en el estado de Chihuahua de enero a la fecha, precisando el lugar del hallazgo del cuerpo u osamenta.
La FGE respondió que dicha información está asociada a investigaciones en curso y que su publicación “pondría en riesgo a víctimas o testigos”, por lo que se negó a entregarla.
“Dar a conocer información de investigaciones en curso, colocaría en situación de riesgo a las personas intervinientes en la investigaciones, tanto al personal que lleva a cabo la misma o a personas que pudieran figurar en carácter de testigos, peritos o servidores públicos”, argumentó la Fiscalía en un acuerdo de clasificación con fecha del 17 de octubre.
Por su parte, el CDHPN respondió el 7 de noviembre que la Fiscalía había entregado dicha información desde enero de 2021 y no fue hasta el mes de agosto de 2022 cuando se negó a hacerlo. Lo anterior, señaló la organización, “constituye un detrimento en la garantía al derecho a la transparencia y contradice el principio de progresividad en materia de derechos humanos”.
Asimismo, el CDHPN aseguró que el colectivo de familiares de víctimas al que acompaña, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, ha utilizado la información sobre la localización de los cuerpos sin vida para verificar que dichos puntos no sean utilizados nuevamente como lugares de entierro clandestino. En estos sitios los familiares de víctimas han realizado al menos tres rastreos en los que han localizado más de 50 restos óseos.
La organización señaló también que los casos de homicidios con víctimas no identificadas no han sido debidamente investigados por la Fiscalía, por lo que los familiares de personas desaparecidas han exigido que se respete su derecho a participar conjuntamente con las autoridades.
Además, el Paso del Norte indicó que en repetidas ocasiones la FGE ha dado a conocer información relacionada con las investigaciones mediante boletines de prensa o entrevistas, por lo que “no es dable que se utilice el argumento de que el lugar preciso de localización ponga en peligro a testigos, toda vez que servidores públicos ventilan de manera continua información sensible”.
Finalmente, el órgano garante resolvió el 14 de noviembre a favor del CDHPN y dio a la Fiscalía cinco días hábiles para entregar la información solicitada, además de imponer una amonestación pública como medida de apremio a los integrantes del Comité de Transparencia de la FGE, Martín del Ángel Ramos Gastélum, Saúl Alejandro Martínez Natera y Gustavo Adolfo Lazo Ramírez.
“Es necesario mencionar que la información sobre hallazgos de cuerpos ha sido utilizada por la organización y madres, padres, hermanos y hermanas de personas desaparecidas, para conocer los lugares de la entidad con mayor incidencia en el ocultamiento e inhumación clandestina de cuerpos y realizar las búsquedas en campo (rastreos) para verificar que no haya más restos sin ser localizados, por lo que la información resulta indispensable para que las familias ejerzan su derecho a la verdad de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos desaparecidos”, señaló el Paso del Norte en su comunicado.
Cronología:
1 de agosto de 2022: CDHPN solicita información sobre cuántas personas sin vida han sido localizadas en la entidad, desde enero de 2022 hasta la actualidad, precisando el lugar del hallazgo del cuerpo u osamenta.
8 de agosto de 2022: FGE responde que los datos están asociados a investigaciones en curso y que su publicación pondría en riesgo a víctimas o testigos, por lo que se niega a entregar la información.
29 de agosto de 2022: CDHPN interpone recurso de revisión.
31 de agosto de 2022: Se notifica a la FGE sobre la admisión del recurso, otorgándole un plazo de siete días hábiles para ofrecer pruebas y alegatos.
9 de septiembre de 2022: FGE envía escrito en el que manifiesta sus argumentos para reservar la información.
12 de septiembre de 2022: Recepción de manifestaciones y cierre de instrucción.
5 de octubre de 2022: Ichitaip da la razón al CDHPN, dando un plazo de 10 días hábiles para la entrega de la información o para que el sujeto obligado “acredite la absoluta necesidad de clasificar la información requerida”.
17 de octubre de 2022: Comité de Transparencia de la FGE responde con el Acuerdo de Clasificación en el que enuncia sus argumentos para clasificar la información requerida.
25 de octubre de 2022: Respuesta institucional del Comité de Transparencia de la FGE es remitida al CDHPN.
07 de noviembre de 2022: CDHPN envía al Ichitaip un oficio de réplica a los argumentos presentados por el Comité de Transparencia de la FGE, enunciado el principio de progresividad de los derechos humanos y anexando documentos de prueba.
14 de noviembre de 2022: Ichitaip ordena a la FGE entregar la información requerida en un plazo de hasta cinco días hábiles a partir de la notificación, e impone amonestación pública a los integrantes del Comité de Transparencia de la FGE por incumplir el acuerdo del 5 de octubre.
23 de noviembre de 2022: FGE entrega la información requerida.
