Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en conjunto con el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, exhortan a las autoridades correspondientes a garantizar las condiciones de salud e higiene necesarias en los centros penitenciarios para enfrentar la pandemia del COVID-19. Los integrantes de los grupos a favor de los derechos humanos publicaron a través de un comunicado que también les parecen alarmantes las condiciones de los refugios para migrantes, así como los diversos centros de rehabilitación en la ciudad.
“Según cifras oficiales, actualmente en México hay 202 mil 337 personas recluidas en centros penitenciarios y el 37% de dichos centros presentan problemas de hacinamiento. Igualmente, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México el 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas e incluso más en algunos estados de la república. Cabe señalar, que de acuerdo a la documentación que el CDHPN ha realizado durante el acompañamiento a personas recluidas en los centros de detención locales, las cárceles en Ciudad Juárez no son la excepción a dicho panorama de hacinamiento generalizado”, determinaron en su comunicado.
Por lo anterior se dijeron preocupados porque los centros penitenciarios no cuenten con la capacidad necesaria para implementar las medidas de cuidado y prevención establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Por lo anterior, y como medidas para proteger tanto a la población penitenciaria, sus familias y al personal que labora en los centros mencionados, las agrupaciones exigen lo siguiente: A las autoridades estatales y federales:
- Tomar medidas urgentes para descongestionar las cárceles, incluidas la libertad condicional, el perdón y la amnistía.
- Iniciar una inspección de los lugares de detención para liberar todos los casos irregulares.
- Proporcionar a las cárceles el equipo necesario para detectar casos de personas infectadas con el coronavirus, ya sean visitantes o nuevos prisioneros.
- Establecer políticas de no detención a personas por faltas administrativas.
- Emitir informes periódicos sobre las medidas tomadas en los centros penitenciarios para evitar la propagación del virus.
A los Jueces de Control y de Ejecución de Penas:
- Liberar a las personas en detención preventiva, así como a aquellos que están en mayor vulnerabilidad, especialmente personas mayores y aquellas que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias o diabetes y cuya detención ya no es necesaria o estén próximas a cumplir sus condenas.
- Modificar las penas privativas de la libertad por otras que no involucren el internamiento a los centros penitenciarios, de aquellos presos que se encuentren compurgando una pena por un delito no violento.
A las Comisiones de Derechos Humanos:
- Garantizar el respeto de los derechos de los detenidos de conformidad con las medidas de prevención del coronavirus.
- Supervisar de manera continua las condiciones de salubridad dentro de los centros Penitenciarios.
- Permanecer atentos a cualquier violación a derechos humanos que pudiera suscitarse por la crisis.
A los jefes de establecimientos penales:
- Autorizar el uso de teléfonos para mantener el vínculo social entre los detenidos y sus familiares durante el período de restricción de ciertas visitas.
- Aumentar la capacidad de diagnóstico y seguimiento médico en las cárceles, según lo solicitado por la OMS y, en particular, aumentar las medidas para proteger a los reclusos con sistemas inmunes debilitados, como aquellos con VIH o tuberculosis.
- Proteger adecuadamente al personal penitenciario contra la contaminación por virus proporcionándoles los equipos de protección e higiene necesarios.
- Proveer de artículos de limpieza necesarios a los internos y a las personas que laboran en el centro, e implementar un plan de desinfección en todas las áreas.
- Educar a los detenidos sobre medidas preventivas e higiénicas y sobre el acceso a números de emergencia para denunciar casos sospechosos.
- En vista de que los internos, en su mayoría, dependen de los alimentos que sus familiares les proporcionan para sobrevivir, y dada la restricción de ciertas visitas, urgimos que se haga efectiva su obligación de suministrar alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, adecuados para la protección de la salud de las personas privadas de su libertad.
Asimismo reafirmaron su compromiso con “todos aquellos sectores en estado de vulnerabilidad”.
