Conductas como el uso indebido de la fuerza letal, la intimidación, el acoso sexual o la falsificación de documentos no reciben una investigación apropiada o una sanción disciplinaria en la gran mayoría de los casos, de acuerdo con un informe de WOLA y Kino Border Initiative.
Por Redacción Animal Político / Foto: Favia Lucero
Los abusos que agentes estadounidenses cometen en la frontera entre Estados Unidos y México quedan en total impunidad en 95% de los casos, una situación que vulnera los derechos de las personas migrantes y que resta credibilidad a las autoridades migratorias, advierte un nuevo informe de las organizaciones civiles Washington Office on Latin America (WOLA) y Kino Border Initiative.
El documento, que se publica este miércoles, indica que ese porcentaje corresponde a las quejas presentadas contra agentes estadounidenses que no son propiamente investigadas ni reciben una sanción por parte de alguna autoridad de EU, en concreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
A esto se suma que solamente 1% de los casos da pie a una acción disciplinaria no especificada.
El informe se basa en el seguimiento que Kino Border Initiative —una organización binacional que opera en Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona— hizo a 78 quejas formales que presentó a nombre de personas migrantes afectadas entre 2020 y 2022.
Además de esas quejas presentadas, en los últimos tres años Kino Border Initiative recibió 2 mil 725 reportes de posibles abusos de agentes fronterizos: 442 en 2020, mil 668 en 2021 y 615 en 2022.
De acuerdo con el documento, si bien la mayoría de los agentes de la oficina de aduanas (CBP) o de la Patrulla Fronteriza siguen buenas prácticas, los presuntos abusos son “frecuentes y severos”.
Algunas de las conductas documentadas son mal uso de la fuerza letal, intimidación, acoso sexual y falsificación de documentos, cuya alta incidencia e impunidad resta legitimidad al DHS.
“Las investigaciones existentes y acciones disciplinarias no brindan justicia a las víctimas y no son lo suficientemente creíbles como para cambiar un comportamiento abusivo”, dice el informe, que plantea recomendaciones como hacer que el DHS mejore sus procesos de rendición de cuentas, procesamiento de quejas e investigación de asuntos, así como que se lleve a cabo una reforma en la cultura organizacional de la CBP y la Patrulla Fronteriza.
“Las indagatorias en ocasiones se abren dentro del gobierno de EU, pero muchas veces los abusos no salen a la luz sin el trabajo de actores externos como periodistas, denunciantes, defensores de derechos humanos y las propias víctimas. Más aún, el proceso de rendición de cuentas es desconcertante, opaco y lento. Los casos generalmente no se mueven a ningún lado, lo que deja a las víctimas sin justicia y mina la credibilidad del Departamento de Seguridad Nacional”, alerta.
El documento se da a conocer al tiempo que el flujo migratorio entre México y EU de nueva cuenta genera tensiones en la relación bilateral.
Después de que en mayo EU puso fin a su política conocida como Título 42 —que estuvo vigente durante la pandemia de COVID-19 y le permitía hacer expulsiones exprés de migrantes—, más personas han llegado hasta la frontera mexicana con la intención de cruzar a territorio estadounidense. Esto ha llevado a autoridades federales y locales de ese país a reforzar la vigilancia en el muro y el Río Bravo, así como a colocar alambre de púas y boyas.
