La CMDPDH destaca que la familia de Miguel Orlando Muñoz Guzmán no ha quitado el dedo del renglón y, a pesar del tiempo transcurrido y el impacto que su desaparición ha generado en sus vidas, continúa exigiendo justicia.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Han pasado 30 años de la desaparición forzada del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán en Ciudad Juárez y la justicia no ha llegado, pese a que todos los caminos apuntan a la participación de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que acompaña legalmente a la familia del militar, denuncia que el Estado mexicano “ha incumplido abiertamente” con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de investigar de manera completa, imparcial y efectiva.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo no ha avanzado, sino que ha ignorado la línea más sólida, establecida por la Fiscalía General de Chihuahua hace cuatro años: la presunta participación activa de militares en la desaparición forzada de Miguel Orlando.
La CMDPDH destaca que la familia de Miguel Orlando Muñoz Guzmán no ha quitado el dedo del renglón y, a pesar del tiempo transcurrido y el impacto que su desaparición ha generado en sus vidas, continúa exigiendo justicia.
Fue hostigado por mandos
La última vez que se supo de él fue el 8 de mayo de 1993. Fue visto por sus compañeros del 26º Batallón de Infantería en Ciudad Juárez, preparándose para salir franco. Horas antes había hablado con su familia por teléfono. Estaba motivado porque pronto se iría a la Escuela Superior Militar en la Ciudad de México.
Debía llamar el 10 de mayo, como cada año, para felicitar a su madre, pero no lo hizo. Miguel Orlando hablaba regularmente con sus familiares y fue la incomunicación la que les alertó.
La familia se comunicó a Ciudad Juárez para obtener información del teniente de 25 años, pero recibieron una respuesta que para ellos fue increíble: Miguel Orlando Muñoz Guzmán desertó el 8 de mayo.
La noticia era insólita. Más porque el propio teniente le había manifestado a su familia que sentía temor dentro de las fuerzas armadas y, precisamente, su admisión en la Escuela Superior Militar en la Ciudad de México le permitiría salir de Ciudad Juárez, una plaza en la que aseguró haber identificado nexos entre militares y el crimen organizado.
Miguel Orlando comenzó a tener “serios desacuerdos” con el capitán José de Jesús Morales García –un militar que luego sería procesado por la justicia militar por sus nexos con un narcotraficante que operó en la zona del 26º Batallón, Pedro Damiani–; meses antes de su desaparición el teniente Muñoz Guzmán participó en un operativo que resultó en el aseguramiento de una camioneta perteneciente a traficantes de la zona de Nuevo Casas Grandes.
En ese contexto, el propio comandante de la V zona militar, General de División Luis Montiel López, le dijo a Miguel Orlando “que si se metía en chingaderas lo iba a fregar”, sin embargo, el Estado mexicano señala que es un “simple comentario impreciso”.
El Ejército, lejos de tratar de investigar lo ocurrido y esclarecer el caso del teniente, trató de borrar su rastro.
El Estado mexicano acreditó la participación de militares en la desaparición del portafolio personal de Miguel Orlando, en el que presuntamente estaba un diario personal con información relevante acerca de su vida en las Fuerzas Armadas.
La familia consideró que la desaparición del portafolio no fue fortuita, como tampoco lo fue la falsificación de una solicitud de devolución de documentos para ingresar a la Escuela Superior Militar en la Ciudad de México, presuntamente firmada por el propio Miguel Orlando.
La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) no pudo acreditar la firma del teniente, debido a que el original nunca fue encontrado en el 26º Batallón: el coronel Jorge Carrasco Reyes, sin tener el original a la vista, certificó una copia simple.
De acuerdo con el informe de fondo de la CIDH (2006), la familia y la CMDPDH señalan a mandos militares, así como elementos de la Sedena, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de Miguel Orlando.
“El enemigo del verde es el mismo verde”, repitió a su familia en varias ocasiones.
FGR investiga sin resultados
La abogada de la CMDPDH, Mariana Domínguez Flores, señala que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha permitido la participación activa de la defensa de las víctimas ni ha avanzado eficazmente en la investigación del caso de Miguel Orlando Muñoz Guzmán. En cambio, ha ignorado la línea de investigación más consistente: la implicación directa de militares en la desaparición forzada del teniente.
“En el año 2019, la fiscalía del estado de Chihuahua ya había determinado que a partir de sus investigaciones se podía presumir que Miguel Orlando había sido víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército Mexicano y, dado que esto ya salía de su competencia porque se considera ya un delito federal, se declinó la competencia a favor de la Fiscalía General de la República y desde entonces la investigación está ahí”, explica.
Mariana Domínguez indica que la organización busca una investigación completa en contra de los elementos de la Sedena que pudieron estar involucrados, con la intención de que escale a los superiores de la cadena de mando. Sin embargo, desconfía de la voluntad de la FGR para investigar a los elementos de la Sedena.
“La Fiscalía por sí misma no va a realizar estas investigaciones (en contra de militares), entonces no descartamos cualquier otro recurso o juicio de amparo o lo que lo que se considere necesario para obligar a la Fiscalía a realizar estas investigaciones en contra de elementos de la Sedena”, señala.
La abogada señala que la FGR ha realizado diligencias como mero formalismo ante la Secretaría de Gobernación, que a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se encarga de dar seguimiento a las determinaciones de organismos internacionales, pero que, asegura, no ha tenido la capacidad para implementar de manera real las determinaciones de la CIDH.
“La Fiscalía abiertamente en estas reuniones dice que no puede informar de avances sustantivos en la averiguación porque, a su parecer, es información clasificada. Y pues simplemente no rinde cuentas a la Secretaría de Gobernación de los avances, a pesar de que es una obligación del Estado mexicano por este informe de fondo y la Secretaría no hace más. O sea, ellos toman esto como verdad absoluta”.
De acuerdo con la abogada Mariana Domínguez, el que se estén llevando a cabo diligencias no significa que se dé cumplimiento al informe de fondo: el problema, dice, es que lo que se está haciendo no se está haciendo bien, y representa una revictimización para la familia de Miguel Orlando.
“Lo que nosotros hemos reclamado a la Fiscalía es que necesitan darle una visión más técnica, es decir, apostarle más a peritajes en criminología, en antropología; elevarlo a nivel más científico, porque en este momento la Fiscalía nada más está enfocando en cuestiones testimoniales, y obviamente, dada la naturaleza de este delito, es imposible que alguna persona vaya a confesar”.
La abogada de la CMDPDH enfatiza que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido informada acerca de que la FGR está ignorando la línea de investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
Además, adelanta que se están analizando otras posibilidades para internacionalizar el caso a través del Sistema Universal de Derechos, pues les preocupa la lentitud de los procesos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Nos preocupa bastante el poco avance que existe dentro de la averiguación previa, porque han sido 30 años de incertidumbre de injusticia y, conforme va pasando el tiempo, claro que hay personas que van falleciendo, que ya no se acuerdan de los hechos y el paso del tiempo hace que la investigación cada día se esté dificultando”.
Pese a esto, Mariana Domínguez destaca la fuerza de la familia de Miguel Orlando Muñoz: en 30 años no han quitado el dedo del renglón en exigir justicia, involucrados en todos los procesos, pese al fuerte impacto que ha ocasionado en ellos tener desaparecido a un ser querido.
