Organizaciones que integran la Red por la Infancia en Ciudad Juárez señalaron la ausencia de las políticas públicas encaminadas a la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y llamaron a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia.
Por Abraham Rubio / Portada: Favia Lucero
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Niñas, niños y adolescentes (NNA) afectados por diferentes tipos de violencia permanecen invisibilizados ante la ausencia de políticas públicas para la prevención, la falta de acceso a la justicia y presupuesto para fortalecer a las instituciones del Estado, señalaron organizaciones que integran la Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
Este martes las organizaciones emitieron un posicionamiento enérgico en torno a las violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes, que van desde la violencia sexual hasta el homicidio.
La coordinadora de la Red por la Infancia y directora de la Organización Popular Independiente (OPI), Catalina Castillo Castañeda,dijo que la militarización de la seguridad pública ha agravado la problemática, pues en lo que va del presente sexenio se registraron más de 10 mil homicidios en menores de 18 años.
La directora general de Casa Amiga, Lydia Cordero Cabrera, informó que la organización atendió en el último año a 700 niñas y niños víctimas de violencia sexual y familiar, cifra que repuntó al terminar la contingencia sanitaria por el COVID-19 (en 2020 se atendió a 325 y 2021 a 372).
Explicó que el 61 por ciento de los casos que recibe su centro de atención son niñas, contra quienes se disparan las violencias conforme van creciendo y llega a la adolescencia.
En cuanto a la violencia sexual en contra de NNA, Cordero Cabrera destacó que Casa Amiga atiende un promedio 154 casos de violación sexual y 408 casos de abuso sexual por año; el 97.5 por ciento de los casos son perpetrados por personas que están instaladas dentro del circulo de cuidado, como padres, padrastros, tíos y personas conocidas.
Catalina Castillo Castañeda agregó que en los tres últimos años se han cerrado en la ciudad más de 2 mil lugares para el cuidado infantil, y cuestionó que Juárez tenga menos planteles de educación preescolar en comparación con el municipio de Chihuahua, que tiene menos población de niñez con edades por debajo de los 6 años.
“Se cierran los espacios de cuidado infantil y también esto nos quita espacios para poder vigilar lo que estás pasando en estas dinámicas y la posibilidad de que lo puedan hablar”, dijo Lydia Cordero
Castillo Castañeda denunció que existe una ausencia de datos y sistematización de datos acerca de las víctimas niñas, niños y adolescentes de violencias: “En realidad el Estado no quiere que los temas y las realidades sociales que viven las niñas y las mujeres sean visibilizada, porque si tienes datos, si tienes información, puedes visibilizar estas realidades como un problema público; pero no, lo que quiere el Estado es no darla, no darse a conocer como un problema público”.
Agregó que cuando llegan a transparentar la información, las instituciones del Estado tardan mucho en entregarla, a pesar de que la falta de acceso a esta información va en contra de los propios tratados internacionales que exigen al Estado mexicano la documentación de datos sobre infancia y mujeres.
“La Fiscalía del Estado es un reto constante poder tener información estadística porque, para empezar, cuando son delitos contra niñas los atrae la Fiscalía Especializada, pero si es contra niños los atrae la Fiscalía General, aunque sean de violencia sexual; esto complejiza mucho el abordaje especializado de la problemática”, Lydia Cordero.
Exigen al Estado acceso a la justicia para menores
Ante estas realidades, las organizaciones exigieron a las autoridades garantizar el acceso a la justicia para NNA, generar políticas públicas serias para prevenir la violencia, además de sistematizar y garantizar el acceso a la información de las víctimas para generar políticas públicas.
“En una ciudad en la que prevalece el tema de la violencia contra las mujeres, solamente un porcentaje muy bajo llega a una sentencia condenatoria; entonces hay un mensaje social muy fuerte de que lo que pase en estos temas puede ocurrir, lo puedo hacer y no consecuencias mayores”, sostuvo la directora general de Casa Amiga, Lydia Cordero.
Ante esto, señaló que el acceso a la justicia tiene que ser un tema prioritario buscar la mejora en todos los aspectos del proceso judicial, incluidos los protocolos especializados que deben tener desde escuelas hasta instituciones gubernamentales que brindan atención a niñas y niños para atender estos casos y no revictimizar.
Agregó que se requiere urgentemente una Procuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes más fuerte, con el presupuesto suficiente y el personal suficiente, porque en esta recae la encomienda de proteger a los niños y niñas cuando su familia no lo está haciendo:
“¿Quién va a proteger a los niños y niñas si la Procuraduría está colapsada? No tienen lo suficiente para poder dar seguimiento, pero también poder tener acciones de recuperación a futuro de esa dinámica de la familia, porque lo que se busca es reintegrar a los niños y niñas a una dinámica en la cual tiene derecho que es a una familia; entonces esta capacidad no la vemos y es sumamente necesaria”.
Lydia Cordero explicó que se requiere trabajar en la prevención de las violencias de manera integral, no solo impulsando campañas para la denuncia, sino también preparando a las personas que están en contacto con menores.
