julio 2, 2024
Gobierno

Tribunal sanciona por desvío de recursos a tesorero del gobierno de Cabada

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resolvió que Gerardo Ronquillo Chávez, tesorero municipal durante la segunda administración de Armando Cabada Alvídrez, cometió faltas administrativas graves al contratar indebidamente a dos despachos contables. 

Por Jonathan Álvarez / Foto: Favia Lucero

Chihuahua.— El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Chihuahua determinó sancionar al extesorero municipal Gerardo Ronquillo Chávez por faltas graves derivadas de contrataciones injustificadas mientras estuvo en el cargo, en la segunda administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez.

La resolución se dio por mayoría de votos el día de ayer, 25 de abril, en sesión del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa. La Presidencia y Ponencia 1 del Tribunal no informaron el sentido de las sanciones argumentando que no pueden ser públicas hasta que se hayan realizado las notificaciones correspondientes.

Además, como resultado de la resolución, se le dará vista al superior jerárquico del servidor público y a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua.

El caso con expediente 63/2022-1 JRA fue presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante el TEJA, en el cual se denunció una probable falta administrativa grave en el ejercicio de las funciones de Ronquillo Chávez, quien se desempeñó como tesorero municipal de 2018 a 2021.

De acuerdo con la ASE, Ronquillo Chávez contrató sin justificación en 2019 a dos despachos contables para tramitar la devolución del Impuesto Sobre la Renta ante la Secretaría de Hacienda.

La Tesorería Municipal contrató a las empresas Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C. y a Certus Aplicaciones Digitales, S.A. de C.V., a las cuales se les acreditaron pagos de 187 mil y 249 mil pesos respectivamente.

Sin embargo, el Informe Individual a la Cuenta Pública 2019 de Juárez por la ASE señalaba una contratación improcedente del despacho Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret por un monto de 2 millones 923 mil 464 pesos. 

Además de ser una contratación improcedente, los trabajos realizados por dicho despacho nunca fueron acreditados, de acuerdo con el informe. La ASE había presentado dos denuncias de hechos por estas observaciones.

Tribunal sanciona a tres funcionarios más

Durante las últimas dos sesiones, el TEJA impuso sanciones de responsabilidad administrativa a tres funcionarios más.

La primera corresponde a la ex síndica de Santa Isabel identificada con las iniciales V.T.M. Durante su ejercicio público, la síndica prestó servicios al municipio de Santa Isabel a cambio de 170 mil pesos. 

La exfuncionaria fue inhabilitada para participar en cualquier proceso de adquisiciones, arrendamientos o servicios durante un periodo de tres meses.

Otro caso fue el de un regidor del municipio de Gómez Palacio en Durango, identificado con las iniciales C.A.R.A. Dicho regidor se registró en el padrón de proveedores del Municipio de Chihuahua y recibió contratos por 1.5 millones de pesos, hecho que contraviene la normatividad.

El último caso fue del regidor del Ayuntamiento de Santa Isabel, identificado como J.F.H., quien autorizó una contratación directa a sí mismo para vender alimentos a cambio de 241 mil 747 pesos.