Juan Manuel de la C.Z., acusado de la desaparición forzada y el homicidio de Fátima Guadalupe López y su novio en Ciudad Juárez, fue detenido el pasado 2 de agosto, sin embargo un tribunal lo dejó en libertad por presuntas omisiones de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua. La familia de la víctima reclama negligencia y exige justicia.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Uno de los expolicías estatales acusado de la desaparición y asesinato de Fátima Guadalupe López que estaba prófugo desde diciembre del 2020, Juan Manuel de la C.Z., fue detenido el pasado 2 de agosto y cuatro días después quedó en libertad por presunta negligencia de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde fue arrestado.
De acuerdo con datos oficiales, Juan Manuel fue arrestado el pasado viernes en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, cuando regresaba de vacacionar en Puerto Vallarta junto con su esposa. Pero las autoridades se tardaron cuatro días en consignarlo a un juzgado.
El sospechoso fue traído a Ciudad Juárez el 5 de agosto e ingresado al Cereso número 3 esa noche, y a día siguiente fue puesto a disposición del juez Luis Javier Ortiz Beltrán, quien determinó que la retención de cuatro días por parte de las autoridades fue ilegal e injustificada, por lo que ordenó la inmediata libertad, informó personal del Tribunal de Control.
Tras esta situación, la familia de Fátima expresó su enojo y frustración ante “la negligencia” de las autoridades estatales de ambas entidades y la determinación de juez, y consideraron que todo obedece a una cortina de humo para seguir protegiendo a los sospechosos, quienes al momento en que presuntamente cometieron los secuestros y asesinatos estaban en funciones y formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
“¿Cómo es posible que haya pasado todo esto? Me siento defraudado por parte de la ley en general, no solo de por la forma en que sucedió esto, sino de ver la resolución del juez, menciona que no podían tener a esta persona, a este tipo de asesino, tanto tiempo ahí, pero yo en mi manera de pensar digo fueron cuatro días lo que lo tuvieron detenido y sabían dónde estaba, él mantuvo a mi hermana 13 días, 13 días sin saber dónde estaba”, expresó un familiar de Fátima quien pidió la reserva de su identidad pues teme por su vida.
De acuerdo con datos oficiales, Juan Manuel de la C.Z es el autor intelectual y uno de los cinco elementos de la SSPE que participó e incluso presuntamente encabezó la desaparición de Fátima, quien tenía 18 años.
El exagente estatal detenido y liberado fue citado para que comparezca de forma voluntaria este jueves 8 de agosto para escuchar la formulación de cargos. Lo que familiares de las víctimas avizoran es muy difícil, pues estaba sustraído de la acción de la justicia desde diciembre del 2020, y luego de su detención y liberación presuntamente ahora las autoridades no lo encuentran.
“Es super injusto la manera en que trabaja la ley, ayer (el martes) lo liberaron y hoy (miércoles) no lo encuentran. Es una burla, es una burla, sigo creyendo que lo están encubriendo y esto que hicieron fue solamente una cortina de humo, el decir lo encontramos, lo agarramos, pero lo vamos a soltar. Esto no puede ser posible”, reclamó el familiar de la víctima.
Fátima fue privada de su libertad el 27 de diciembre del 2020 junto con su novio Irving Adolfo Zaragoza Ruiz. El 13 de enero de 2021, se localizó el cadáver de ella, tirado sobre un camino de terracería de la colonia Senderos de San Isidro.
Los exagentes estatales Jacobo Eulogio C.L., y Marco Antonio G.G., son los únicos detenidos por estos hechos. Sin embargo, el pasado 3 de mayo un Tribunal de Enjuiciamiento los absolvió del delito cometido presuntamente en contra de Fátima. Solo los encontró culpables del secuestro de Irving.
Los exoficiales Jesús Martín R.G. y Luis Édgar Z. P. siguen prófugos, mientras que Manuel de la C.Z, el detenido y liberado, está citado para que comparezca de manera voluntaria ante un juez.
El secuestro y homicidio de Fátima siguen impugne.
La titular de la FEM, Wendy Chávez, declinó proporcionar información sobre el caso. La vocera de la dependencia, Jocelyn Guzmán, dijo que la funcionaria estatal no contestó a la solicitud de entrevista que realizó La Verdad Juárez sobre el caso y afirmó que no había otra persona en la dependencia que pudiera dar respuesta a la petición.
Las omisiones, la liberación
En la audiencia realizada este martes 6 de agosto, el abogado de Juan Manuel de la C.Z., promovió un incidente de nulidad y le dijo al juez que su representado había estado retenido ilegalmente durante cuatro días.
En su turno, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) señaló que fueron los tiempos necesarios, pero no explicó que tareas o acciones realizaron durante esas horas.
Al emitir la resolución el juez Luis Javier Ortiz Beltrán le dio la razón al abogado privado al indicar que la Constitución establece que al cumplimentarse una orden de aprehensión el acusado debe ser puesto de forma inmediata ante el Tribunal, sin dilación.
El juez también refirió que el Ministerio Público de la FEM de Chihuahua tenía la posibilidad de haber solicitado que un juez de Aguascalientes conociera de la primera audiencia y luego declinara la competencia a un juez con jurisdicción en Ciudad Juárez, para dar cumplimiento con la inmediatez que ordena la ley, pero la representación social no lo hizo.
Ortiz Beltrán también señaló que la fiscal de la FEM podría haber detallado en esa diligencia cada una de las acciones que se hicieron durante los cuatro días para justificar la retención, pero tampoco lo hizo.
El juez mencionó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública permite que todas las fiscalías del país estén comunicadas, por eso la Fiscalía de Aguascalientes supo que el expolicía tenía una orden de aprehensión pendiente en Ciudad Juárez al momento de detenerlo en una gasolinera, y por ende no debe existir tal descoordinación entre estas.
Al final el juzgador consideró que no había una razón legal para que las fiscalías de Aguascalientes y Chihuahua no lo hubieran puesto a disposición de forma inmediata de un Tribunal y señaló que hubo una violación a los derechos humanos del sospechoso, agregó que el Ministerio Público no justificó la retención y ordenó la libertad del expolicía estatal.
