El juez autoriza extender hasta el 4 de octubre el plazo para que la FGR concluya la indagatoria en contra de tres funcionarios del INM, un guardia de seguridad privada y uno de los migrantes acusados de provocar el incendio en la estación migratoria el pasado 27 de marzo.
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Por tercera ocasión se prorrogó el plazo de la investigación complementaria para cinco de las 11 personas acusadas del delito de homicidio y lesiones, con relación al incendio registrado en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) del pasado 27 de marzo.
Este miércoles 6 de septiembre el juez federal, Ernesto Cornejo Ángeles, autorizó extender hasta el próximo 4 de octubre el plazo para concluir la indagatoria.
La determinación judicial es para Gloria Liliana R-G., Rodolfo C., de la T., y Daniel G.Y., los dos primeros se desempeñaban como agentes federales migratorios, el tercero era el representante local de la oficina Noroeste del INM.
El nuevo plazo también es para el migrante de Venezuela Jeison Daniel C.R., y Alan Omar P.V., quien era guardia del Grupo de Seguridad Privada CAMSA asignado a la estación.
Ellos fueron vinculados a proceso penal el pasado 4 de abril, en esa fecha el mismo juez autorizó un plazo de un mes para la investigación complementaria. Por lo que el periodo iba a terminar el pasado 4 de mayo.
Después se aprobó una segunda prórroga, que iba a terminar el 4 de septiembre. Pero antes de que se llegara la fecha se solicitó de nuevo extender el plazo.
En la audiencia realizada este 6 de septiembre, el juez señaló que el nuevo aplazamiento fue solicitado por el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de la República (FGR) y también por el abogado de Daniel G.Y., Leonardo Gahona Origuela.
Al inicio de la diligencia, únicamente el abogado de Jeison, Jorge Vázquez Campbell, y el defensor de Alan Omar, Gabriel García Otamendi, no estaban de acuerdo con prolongar de nuevo el plazo.
Al hacer uso de la palabra, el abogado Vázquez Campbell dijo que para su representado permanecer preso era una tortura y dijo que no estaba de acuerdo con que se siguiera alargando. Sin embargo, casi de inmediato expresó que había tenido conocimiento que existía una prueba nueva que podría beneficiar a Jeison, y cambió de opinión, se pronunció a favor de la prórroga.
El representante legal de Alan Omar se había pronunciado en contra por escrito, pero en la audiencia cuando el juez le explicó que de aprobarse un mes no se estaría excediendo de el periodo máximo establecido por la ley, seis meses, dijo estar de acuerdo.
Por lo que el juez concluyó que no había oposición y autorizó la nueva fecha.
En la misma diligencia, el juez le ordenó al MP que cada viernes continúe poniendo a disposición de los abogados defensores, los asesores y representantes legales de los sobrevivientes, y si hubiera a los familiares de las víctimas fatales, la carpeta de investigación actualizada.
La carpeta se concentró en la Ciudad de México, lo que generó inconformidad por parte de la mayoría de los abogados defensores, pues eso dificulta el derecho a la defensa técnica; por lo que el juez federal ordenó que en Ciudad Juárez se tenga una carpeta “espejo” actualizada para que todas las partes puedan consultarla.
En la audiencia de este 6 de septiembre, el MP federal le pidió al juez que suspendiera la obligación de poner a disposición la carpeta “espejo” porque nadie acude a consultarla. Sin embargo, el juez dijo que no iba a revocar su propia instrucción y recordó que tener acceso a la carpeta es un derecho de toda persona que enfrente un proceso penal.
En la diligencia también se reconoció los abogados de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático –que a su vez están respaldados por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ella Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con presencia en Ciudad Juárez–, como representantes legales de siete de los sobrevivientes, de las víctimas de iniciales E.G.V., E.C.P., S.A.M., K.E.C.L., R.M.P.R., B.O.R.F., y B.E.F.Q.
Además de los cinco imputados representados en la audiencia de este miércoles, están sujetos a proceso penal también por este caso el contralmirante y quien era el titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero; el director general de Control y Verificación del instituto, Antonio Molina Díaz y el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez. Todos funcionarios de primer nivel y cuyas identidades son públicas
Otros de los vinculados a proceso, el pasado 19 de abril, son Juan M.C., quien se desempeñaba como coordinador del Grupo Beta y era parte de la Unidad Interna de Protección Civil.; Eduardo A.M., jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto; y el segundo venezolano arrestado, Carlos Eduardo C.R.
A ellos se les siguen otras causas penales por los mismos hechos.
