La organización Derechos Humanos Integrales en Acción expuso ante el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana su inconformidad por la negativa a su solicitud de audiencia pública y denunció la opacidad que existe sobre este proyecto municipal al que se destinaron 240 millones de pesos del gobierno federal.
Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Gobierno de Ciudad Juárez, a través de la dirección de Participación Ciudadana, rechazó una solicitud de audiencias pública presentada por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) con la que se busca dialogar sobre asuntos relativos a la construcción de albergues para personas en contextos de movilidad humana, con recursos otorgado por el DIF Nacional.
“Nos parece muy preocupante”, expuso Diana Solís, de DHIA – una organización pro migrante–, al exponer el rechazo a su solicitud en la reunión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana celebrada el pasado 14 de febrero.
Solís indicó que las organizaciones que acompañan, promueven y defienden los derechos de la población en movilidad tienen cero información sobre ese proyecto y le parece increíble que les respondan que no a su solicitud de audiencia para conocer del tema.
En septiembre del 2024, a unos días de la toma de protesta de Cruz Pérez Cuéllar para su segunda gestión como alcalde, el gobierno municipal anunció la construcción de centros de asistencia social (CAS) con recursos federales, algunos de ellos se destinarán para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante. El monto destinado para estas acciones suman 240 millones de pesos.
Hasta ahora solo se conoce la habilitación un nuevo espacio humanitario en un inmueble que operó como centro comunitario en la colonia Felipe Ángeles, donde se da hospedaje a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan acompañados por sus familias o parientes.
Rubí Enríquez, presidenta del Sistema para el Desarrollo de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), señaló en septiembre pasado que uno de estos centros se ubicaría en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, al sur oriente de la ciudad, y albergará a 300 personas entre niñas, niños y adolescentes junto con sus familias.
A su vez, Santiago González, director de Derechos Humanos, detalló que también se habilitará un espacio que se ubicará en Praderas del Sol, con una capacidad de 300 personas en situación de movilidad que anteriormente se encontraban en el ‘Kiki’ Romero.
Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), señaló entonces que esos proyectos podrán ser inaugurados en los primeros meses del año 2025.
De acuerdo con DHIA, cuando que se hizo público que dichos algunos de esos espacios serían destinados a población migrante, y, ante la oposición de vecinos y vecinas de Praderas del Sol y Parajes de San Isidro, el presidente Pérez Cuéllar refirió que dichos proyectos serían replanteados ante las instancias federales correspondientes, a fin de adecuarlos dentro del marco del Sistema Nacional de Cuidados.
En un comunicado, el gobierno local informó que parte de esos recursos federales se usarían también para ampliar el CAS ‘México mi Hogar’ y uno más se maneja para ‘Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia de género.
“El convenio entre Municipio y Gobierno Federal vencía el 31 de diciembre y sin embargo, pues continuamos con cero obras y sí con la promesa del alcalde de hacer parte del Sistema Nacional de Cuidados estos proyectos, pero no nos ha dicho cuándo, no nos ha dicho cómo, los vecinos tienen otra información, las organizaciones tenemos cero información, organizaciones que acompañamos, promovemos, defendemos los derechos de la población en movilidad y entonces parece increíble que con la mano en la cintura algunas direcciones digan que no”, expuso Solís.
Ante esa situación, el pasado 30 de diciembre solicitaron a la Dirección de Participación Ciudadana y al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Juárez la celebración de una audiencia pública para establecer un diálogo abierto sobre el estado de dichos proyectos y las necesidades a conciliar con la localidad.
Sin embargo, la audiencia fue negada por el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera, quien argumentó que el tema estaba siendo tratado entre autoridades y posteriormente lo sería con las colonias aledañas a los nuevos sitios de los CAS.
“Actualmente se encuentra en diálogos con las Autoridades Federales para reubicar y encontrar un espacio apto para en su momento construir los propios albergues, y en su caso entablar diálogo con los sectores contiguos a la construcción de dichos albergues” indicó Aguilar Brenes en su respuesta emitida a DHIA el pasado 15 de enero, donde además le expone que “no ha lugar a celebrar dicha audiencia”.
En la reunión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana celebrada el pasado 14 de febrero, el funcionario no abundó en detalles sobre el rechazo a la solicitud de audiencia pública, incluso interrumpió a Solís cuando exponía la situación ante los consejeros, para pedirle que ya concluyera su participación porque tenía más de cinco minutos al micrófono.
DHIA expuso que la dependencia municipal no da un fundamento legal para rechazar su propuesta y que no es la primera vez que lo hacen sin tomar en cuenta lo establecido en la normatividad de participación ciudadana. En octubre de 2024, el ciudadano José Luis Barrios denunció que la Dirección de Participación Ciudadana rechazó su solicitud de audiencia pública sobre Asentamientos Humanos.
