PEJ pide a Contraloría y Sindicatura investigar contrataciones con riesgo de corrupción

Ciudad Juárez, Chihuahua.— La asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ) envió un oficio a la Contraloría y a la Sindicatura Municipal en el que solicita la revisión de diversos contratos municipales que, de acuerdo con el instrumento “Mapeando la Corrupción” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) A.C., presentan riesgo de corrupción.  El oficio explica que es necesaria una investigación por las probables responsabilidades de los servidores públicos involucrados en la falta administrativa grave de abuso de funciones que se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de Contraloría Social de PEJ, indicó que desde la asociación civil ejercieron su derecho a verificar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos públicos, tal como se establece en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua.  “Presentamos a la administración municipal los resultados del informe donde se identifican algunos riesgos de corrupción. Ahora le corresponde a la Contraloría y la Sindicatura del Municipio atender y revisar estos hallazgos. Ellos tendrán que definir si ese riesgo representa un hecho de corrupción”, dijo. Usando la metodología creada por el IMCO, que permite medir el índice de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas que realizan los municipios, Plan Estratégico de Juárez, determinó que en las adjudicaciones directas y licitaciones celebradas durante la presente administración (2021-2024) existen tres riesgos de corrupción: concurso dirigido, favoritismo y colusión.  Asimismo encontraron que no se realizaron investigaciones de mercado que cumplan con los requisitos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado para poder justificar la adjudicación directa de dichos contratos. Mediante la revisión de los dictámenes de los contratos, PEJ observó que las causas para las adjudicaciones directas no obedecen a los supuestos de excepción contenidas en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  “En el caso de que se encuentre algún posible acto de corrupción serán las mismas autoridades quienes deberán definir las sanciones y las consecuencias correspondientes tanto a funcionarios o empresas involucradas en los casos”, agregó Chacón Rodríguez. El gobierno municipal trató de justificar las adjudicaciones, principalmente de contratos de comunicación social y subrogación del servicio médico de beneficiarios municipales, directas con los siguientes supuestos de excepción: tratarse de proveedor único, existencia de peligro o riesgo en la demora para la vida de las personas, riesgo de pérdidas o costos adicionales, derechos exclusivos y gastos ceremoniales. “Por otra parte, los contratos de obra pública que se adjudicaron de manera directa pretenden justificar esa modalidad de contratación considerando únicamente el monto que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece para ello y no así los supuestos a la excepción contenidos en el art. 58 de esta Ley”, señala PEJ en el oficio. Tanto el artículo 58, como el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, son los límites que contienen la facultad discrecional de los comités de Obras Públicas y Adquisiciones, puntualizó PEJ. Chacón Rodríguez recalcó que la ciudadanía tiene el derecho a exigir rendición de cuentas, mientras que el Municipio tiene la responsabilidad de aclarar que el gasto público se ejerce de manera efectiva, eficiente y sin corrupción. Ayer, el coordinador de Directores del Municipio, Jorge Arturo Pérez Quezada, aseguró que la mayoría de las contrataciones municipales no tienen presencia de presuntos actos de corrupción.  En respuesta, Chacón Rodríguez, mencionó que la metodología usada por PEJ es tiene bases claras, por lo que “habría que revisar la metodología que el Municipio utilizó para calcular su propio índice de riesgo”.