La reforma a la Ley de Participación Ciudadana busca duplicar los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura y aumentar el porcentaje de votación para que el resultado sea vinculante. Durante la discusión de la iniciativa, se impidió el acceso de representantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.
Por Miguel Silerio y Abraham Rubio / YoCiudadano
Chihuahua.— La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chihuahua aprobó este viernes la iniciativa de reforma presentada por los diputados panistas Alfredo Chávez Madrid y Saúl Mireles Corral para endurecer los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.
Asimismo, rechazó una propuesta del diputado Benjamín Carrera (Morena) que, en contraparte, buscaba flexibilizar los requisitos para el mismo mecanismo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (LPC).
En concreto, la iniciativa aprobada pretende duplicar el número de personas necesarias para solicitar la revocación del mandato de la persona gobernadora y aumentar el porcentaje de votos requeridos para que el resultado sea vinculante, así como establecer limitaciones de carácter geográfico.
PAN busca endurecer requisitos para revocación de mandato contra gobernadora
El diputado Alfredo Chávez Madrid, uno de los promoventes de la iniciativa, argumentó que ésta corresponde a una armonización con la legislación federal y aseguró que el porcentaje sería equiparable al 3 por ciento necesario para solicitar la revocación del Presidente de la República.
Por su parte, la fracción de Morena señaló que el objetivo de la reforma es la de “blindar” a la gobernadora María Eugenia Campos de una posible revocación de mandato, que según la LPC solo podrá ser planteada y efectuada tras el tercer año del periodo.
El diputado Cuauhtémoc Estada, coordinador de la facción de Morena, instó a Chávez Madrid a llevar la iniciativa a un parlamento abierto y mesas técnicas, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte del legislador panista.
La iniciativa fue aprobada con los votos a favor de las y los diputados Omar Bazán Flores (PRI), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Georgina Bujanda Ríos (PAN) y Gabriel García Cantú (PAN), el voto en contra de la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena) y la abstención de Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano).
La propuesta de reforma – aprobada en comisiones a una semana de que inicie la nueva legislatura estatal– pasará ahora al Pleno del Congreso.
PAN y PRI impiden acceso de la ciudadanía al Congreso
El personal de seguridad del Congreso del Estado bloqueó el acceso al recinto donde se votó la propuesta, impidiendo el paso de representantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Chihuahua.
A pesar de la insistencia de las diputaciones de Morena para permitir el acceso de las consejerías ciudadanas, el presidente de la Comisión, el diputado Omar Bazán, sentenció que se les escucharía al terminar la reunión.
Desde la entrada, Nayo Rodríguez Varela, integrante ciudadano del CCPC, denunció que las representaciones del PRI y el PAN llenaron la sala con personal administrativo para justificar la restricción de acceso.
Rodríguez Varela advirtió que la iniciativa presentada por los diputados Alfredo Chávez Madrid y Saúl Mireles Corral atenta contra la participación ciudadana en el estado, por lo que pidió a las y los legisladores no aprobarla.
También mencionó que cualquier cambio a la Ley de Participación Ciudadana (LPC) de Chihuahua, que regula el mecanismo de revocación de mandato, debería ir acompañado de una consulta pública, lo cual no ocurrió en este caso.
Desde dentro del Congreso, los miembros de la Comisión rechazaron una propuesta de la diputada Jael Argüelles Díaz que buscaba permitir el ingreso y la participación de la ciudadanía a la sala.
Ante la negación de su ingreso, las consejerías ciudadanas del CCPC hicieron llegar su posicionamiento mediante el buzón legislativo, en el que sostienen que las modificaciones están en contra del principio de progresividad, son un retroceso en los derechos ciudadanos y dificultan el ejercicio de la participación.
“Aumentar los requisitos para la activación y vinculatoriedad de la revocación de mandato no solo limita la capacidad de los ciudadanos para solicitar esta herramienta de rendición de cuentas, sino que también desincentiva la participación ciudadana”, señalaron.
