Este texto fue publicado originalmente en La Verdad Juárez.
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La organización Iniciativa Sinaloa A.C. interpuso una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública Federal en contra de quienes resulten responsables por la adjudicación de contratos en publicidad oficial a la televisora propiedad de la familia de Armando Cabada Alvídrez, alcalde en funciones del Municipio de Juárez hasta este 9 de septiembre.
La acusación es por “desvío de recursos públicos, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento y participación ilícita en procedimientos administrativos”, se informó.
Armando Cabada Alvídrez, dejará su cargo como presidente municipal de Juárez este jueves, pasando el mando a Cruz Pérez Cuéllar. Se irá a la capital del país a asumir la diputación por Morena a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con varias denuncias por faltas administrativas y penales por supuestos actos de corrupción que se dieron durante su período de gobierno, a la que se suma esta nueva denuncia presentada por Iniciativa Sinaloa el 27 de agosto de 2021.
La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, informó que esta denuncia interpuesta con folio 663388/2021 ante la Secretaría de la Función Pública Federal, fue promovida luego de la publicación del reportaje “Así operó Armando Cabada para dar más de 50 millones a la televisora de sus padres” publicada por el programa Border Hub del Border Center for Journalists and Bloggers del cual la organización forma parte.
En dicho reportaje se documentó cómo es que Armando Cabada benefició con contratos de publicidad oficial la empresa Intermedia de Juárez, propiedad de sus padres, Arnoldo Cabada de la O (1934-2021) y Martha Alvídrez Sáenz; empresa en la que también participan sus hermanos, Jesús Antonio y Sergio Alberto Cabada Alvídrez.
A lo largo de cinco años que duró las dos gestiones de Armando Cabada, otorgó diversos contratos por publicidad oficial con un monto que asciende a los 52 millones 840 mil pesos, se dio a conocer en el reportaje.
Dicho monto, prácticamente equivale a los recursos públicos otorgados por publicidad oficial a otras cinco televisoras juntas entre los años 2016 al 2021, pues mientras que esas cinco televisoras recibieron en su conjunto 52 millones de pesos, tan solo Intermedia de Juárez se llevó otros 52 millones de pesos en contratos.
“Analizamos este reportaje que se publicó en julio de este año y había elementos para incidir presentando una denuncia por faltas administrativas graves y no graves”, dio a conocer León Fontes.
Marlene León añadió que, si bien en la denuncia se menciona a diversos actores involucrados, la responsabilidad se dejó abierta a “quienes resulten responsables” para que las autoridades puedan ir más allá en su investigación y busque a todos los responsables.
Recalcó que, en la mayoría de los casos, cuando se trata de situaciones que ocurren en los estados, la denuncia es turnada a los órganos de control estatales. En este caso, León Fontes informó que esta mañana les fue notificado que la denuncia presentada por Iniciativa Sinaloa se turnó a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.
La directora de la organización consideró que las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción tienen una gran tarea de comenzar a explorar este tipo de investigaciones, ya que, si bien desde la sociedad civil se busca crear incidencia, las autoridades competentes deben asumir su responsabilidad.
“Recordemos que Chihuahua está pasando por un cambio de administración, queremos evitar que esto sea un pretexto para no darle seguimiento a esta denuncia”, expresó.
En cuanto al alcance de la denuncia, León Fontes argumentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas permite no solo sancionar a los servidores públicos, sino a particulares involucrados, “si las autoridades encuentran que también hubo responsabilidad por parte de privados, la sanción también aplicaría a ellos”.
Aseguró que el hecho de que Armando Cabada asuma un nuevo cargo en la Cámara de Diputados, no es impedimento para que se le aplique una sanción como la inhabilitación o amonestación económica, si así lo resuelve la autoridad investigadora.
Además, Marlene León destacó la labor que se hace desde la sociedad civil para crear incidencia que ayuden a sancionar la corrupción. Dijo que se busca incentivar el uso del mecanismo de las denuncias para que las prácticas de corrupción sean investigadas y no se queden en la impunidad.
Investigación por una Mejor Ciudad
