La Comisión está integrada por los diputados Jorge Soto Prieto, Hever Quezada Flores, Miguel La Torre Sáenz, Blanca Gámez Gutiérrez y Miguel Vallejo Lozano
El pasado viernes, el Congreso del Estado instaló formalmente la Comisión Especial Anticorrupción para darle agilidad a la legislación secundaria del paquete de leyes e iniciativas en materia anticorrupción, la cual está presidida por el Diputado Jorge Soto de la fracción panista.
La Comisión está integrada por los diputados Jorge Carlos Soto Prieto, en carácter de Presidente; Hever Quezada Flores, como Secretario; y como vocales Miguel La Torre Sáenz, Blanca Gámez Gutiérrez y Miguel Vallejo Lozano.
Como parte de sus actividades, los integrantes de dicha Comisión, nombrarán un comité de participación ciudadana, indicó el presidente durante la presentación del cronograma de proyectos que realizarán.
El presidente de la Comisión aseguró que los legisladores “harán su mayor esfuerzo, en lo que se refiere a nombramientos de órganos internos de control para que pueda ponerse en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción”.
El 19 de julio del presente año, incumpliendo la fecha límite interpuesta por el Senado de la República (18 de julio), el Congreso del Estado aprobó la reforma de Ley que dio paso a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Debido a esto, Chihuahua fue el último estado en reformar su constitución local para homologarla con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otro lado, el 21 de septiembre, en sesión de Cabildo se aprobó autorizar al Alcalde, Armando Cabada Alvídrez, impugnar la reforma constitucional referente al Sistema Estatal Anticorrupción.
Específicamente, se impugnaría la parte en la que se designa a los Síndicos Municipales como la figura que lleve el control interno de los municipios y la cuenta pública, ya que la mayoría de regidores de la fracción independiente manifestaron estar en contra de dicha reforma.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos Loya, afirmó que el recurso de impugnación tiene una limitada posibilidad de prosperar ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues la reforma constitucional ya fue avalada por la mayoría de los municipios de Chihuahua.
