En medio de concesiones mineras, construcciones irregulares y daños ambientales documentados por la ciudadanía, ninguna autoridad —municipal, estatal ni federal— asume la responsabilidad de vigilar, inspeccionar o sancionar lo que ocurre en la Sierra de Juárez.
Por Jonathan Álvarez / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La Sierra de Juárez constituye un refugio biológico fundamental que alberga aproximadamente a 110 especies de flora y es hábitat de mamíferos de gran importancia como el puercoespín, el zorro gris, el tejón, el gato montés, el coyote, entre otros. Una biodiversidad que incluye también 17 especies de reptiles y 2 de anfibios, de los cuales el 36 por ciento se encuentra bajo alguna categoría de protección especial.
Sin embargo, pese a su importancia ecológica que le otorga el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) 2040 —donde se le zonifica como Protección y Preservación Ecológica (PE)— choca con la falta de vigilancia ambiental por parte de los tres órdenes de gobierno que colocan a la Sierra como un territorio invisible.
El Colectivo Sierra de Juárez enfatiza que la zona ofrece servicios ecosistémicos insustituibles, como la captación de CO2 mediante plantas como el agave y el resguardo de aves rapaces y mamíferos únicos. Para los activistas, el valor paisajístico y su potencial para el ecoturismo están siendo ignorados por una burocracia que no vigila el área.
El ‘ping pong’ de la vigilancia ambiental
A través de solicitudes de información realizadas por la ciudadanía a dependencias de los tres órdenes de gobierno, se encontró que ninguna de las autoridades asume su responsabilidad de vigilar, inspeccionar y en su caso, sancionar las actividades y daños ambientales que se realizan en la Sierra de Juárez.
El primer eslabón del vacío se encuentra a nivel federal con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A pesar de la actividad minera del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental notificó oficialmente que no localizó Manifestaciones de Impacto Ambiental para proyectos en la zona.
Esta ausencia de supervisión se extiende a la Oficina de Representación en Chihuahua, que confirmó la inexistencia de autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal en el polígono, mientras que la Dirección General de Restauración Ambiental admitió no tener registro de ningún programa de remediación para la zona.
Al respecto, el Colectivo Sierra de Juárez advierte que empresas como Cementos de Chihuahua representan un riesgo directo para la existencia misma de la Sierra debido a sus concesiones mineras en una zona de tan alto valor ambiental.
El grupo denuncia que ha documentado durante cinco años la extracción ilegal de especies de flora y fauna, además de actividades altamente dañinas como el uso de motocicletas y razers que operan sin ningún freno.
Territorio invisible para el Gobierno del Estado
La hipótesis del vacío de vigilancia se confirma con la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del Estado. Tras una búsqueda exhaustiva de inspecciones o verificaciones en la Sierra de Juárez desde 2020 a la fecha, la dependencia reportó un resultado de “cero” registros.
Más grave aún, la SEDUE reconoció formalmente que no existen convenios de coordinación firmados con la Profepa o la Semarnat para vigilar territorialmente la Sierra de Juárez.
Sin acuerdos interinstitucionales, la vigilancia se convierte en una responsabilidad que nadie reclama, de acuerdo con el colectivo Sierra de Juárez.
Además, sostiene que estas respuestas oficiales son “desafortunadas”, pues mientras la autoridad reporta cifras vacías, el daño en el área es permanente y evidente. Los activistas señalan que la falta de inspecciones pone en una vulnerabilidad extrema al espacio natural, permitiendo su destrucción progresiva ante la mirada omisa del Estado.
Municipio se declara incompetente
En el ámbito local, el vacío se disfraza de “incompetencia” de atribuciones. La Dirección de Atención y Bienestar Animal se deslindó de cualquier inspección alegando que su jurisdicción se limita a la “mancha urbana” y no al perímetro de la Sierra.
Mismo caso el de la Dirección de Asentamientos Humanos, que se declaró incompetente para vigilar los asentamientos humanos que hay en la zona.
Por su parte, la Dirección de Ecología Municipal afirmó no haber aplicado multas por residuos argumentando que se trata de una “competencia federal”.
El punto crítico lo pone la Dirección General de Desarrollo Urbano, que ante las pruebas de asentamientos y obras en zonas en los últimos años como Trepachanga y Don Rayo, notificó no haber encontrado registros de licencias de construcción ni cambios de uso de suelo. Para el Municipio, las obras que se ven en la Sierra legalmente no existen.
La situación es una suerte de “ping-pong” institucional.
“El municipio le da la responsabilidad al Estado, el Estado al Municipio, el Municipio a la Federación”, dice el colectivo Sierra de Juárez pues ninguna de las tres esferas de gobierno da una respuesta clara a las denuncias sociales.
Una de las evidencias más contundentes de este abandono ocurrió en octubre de 2024. Ante una denuncia por abandono clandestino de llantas en la zona, la autoridad estatal acudió al sitio solo para consignar en un acta circunstanciada que los vecinos ya habían limpiado el área por su cuenta.
Este incidente ilustra el núcleo de la problemática, ante el vacío de los tres niveles de gobierno, son los ciudadanos quienes asumen las funciones de las dependencias ambientales, aunque sin la facultad de sancionar a los responsables del daño.
Ante esta inacción, el Colectivo Sierra de Juárez sostiene que es urgente que la comunidad se apropie del espacio para su conservación y presionar por su designación como Área Natural Protegida (ANP).
“Necesitamos que existan voluntades políticas y que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad”, menciona el colectivo, subrayando que la falta de estudios técnicos y el deslinde de las autoridades afectan seriamente al ecosistema de la Sierra.
