Ciudad Juárez, Chihuahua.— De 2006 a 2016, a través de cuatro distintas administraciones, el Gobierno Municipal de Juárez ha comprometido el futuro de las y los ciudadanos con proyectos fallidos financiados con la generación de deuda. Desde el Camino Real hasta el proyecto de modernización del alumbrado público a cargo de la empresa Intelliswitch, las autoridades locales han contratado créditos que hasta el día de hoy se pagan con el dinero de los juarenses, sin que estos hayan representado un impacto positivo en su calidad de vida. Más aún, los pagos de las deudas generadas, así como el costo de la burocracia municipal, son una carga para el presupuesto que año con año ve comprometido el rubro de la inversión pública. En total, los proyectos de las administraciones de Héctor Murguía, José Reyes Ferriz, Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken han representado un gasto superior a los 6 mil 717 millones de pesos, que con el costo de la inflación supera los 9 mil millones. Actualmente, el Plan de Movilidad Urbana de Héctor Murguía es objeto de señalamientos de parte de la Auditoría Superior del Estado, y el Gobierno Municipal de Armando Cabada ha fracasado en cobrar la póliza del proyecto a cargo de Intelliswitch. Los camiones rojos del sistema de transporte Vivebús, con apenas 3 años de uso, fueron vendidos por el 20 por ciento del precio al que fueron adquiridos y el Camino Real se ha convertido en una carretera fantasma en donde a menudo se registran hechos violentos. Con un nuevo proyecto en puerta, que promete sustituir la totalidad del alumbrado público y asegura su operación durante 15 años por un costo superior a los 5 mil millones de pesos, te compartimos un recuento de lo que han representado las ‘megainversiones’ para la fianzas municipales y la calidad de vida de las y los juarenses. 
Periférico Camino Real (2006)
En 2006 fue aprobada la construcción del periférico Camino Real, durante la primera administración de Héctor Murguía Lardizábal (2004-2007), una carretera de casi 24 kilómetros de largo con un costo de 850 millones de pesos. La obra, a cargo de la empresa Yvasa Construcciones, inicio en abril de 2006 y cuenta con seis carriles para la circulación de, en promedio, apenas 10 mil vehículos diarios por ambos sentidos. Actualmente, el periférico Camino Real se encuentra en condiciones deplorables, pues no cuenta con alumbrado y son frecuentes los hundimientos en su infraestructura y el cierre de algunos de sus tramos. Asimismo, los miradores construidos en sus inmediaciones se encuentran en zonas de riesgo identificadas por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y sus áreas de descanso han sido vandalizadas. La vialidad se ha convertido, además, en un punto donde frecuentemente se registran hechos violentos por su lejanía de la mancha urbana y la poca presencia de elementos de seguridad pública. 
Camiones rojos del Vivebús (2009)
Los camiones rojos del sistema de transporte Vivebús, adquiridos a finales de 2009, representaron un grave quebranto financiero para el Municipio, que concluyó con su venta al 20 por ciento del valor por el que fueron adquiridos. Las unidades llegaron a la ciudad en noviembre de 2009, en la administración municipal de José Reyes Ferriz, y comenzaron a operar en la ciudad hasta los meses finales de 2013, luego de que 36 camiones fueran prestados al sistema de transporte de la ciudad de Chihuahua. Mientras se mantenían sin uso, los camiones fueron resguardados en las instalaciones de la Feria Expo y durante ese mismo año se reportaron los gastos que ya estaban generando las unidades por el hecho de tenerlas guardadas: 550 mil pesos anuales por su resguardo y 208 mil 150 pesos por concepto de tenencia entre 2009 y 2010. En octubre de 2010, representantes de las facciones del PRI, PAN y Nueva Alianza, ya con Héctor Murguía Lardizábal a la cabeza de la administración municipal, pidieron que se realizara una auditoría por el “gasto excesivo” en la adquisición de los camiones. 
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De acuerdo con una revisión hemerográfica, los camiones se adquirieron sin haber terminado de construir la infraestructura vial adecuada para su funcionamiento; no obstante, Reyes Ferriz prometió que los camiones estarían a disposición de la ciudadanía a inicios de 2010. Para finales de ese año, el Municipio absorbía el 10.38 por ciento de la deuda estatal, de la cual el proyecto del semi-masivo en su totalidad acaparaba 662 millones de pesos: 266 millones de adeudo crediticio con el banco HSBC, 65 millones a proveedores y 331 millones más de la construcción y equipamiento de las terminales de boletos. El 5 de diciembre de 2016, ya con Armando Cabada en la Presidencia Municipal, el Cabildo autorizó la venta de los 50 camiones, que en marzo del siguiente año fueron adquiridos por la empresa Universal Zodiaco por 21.5 millones de pesos.
Plan de Movilidad Urbana (2013)
En enero de 2013, durante la segunda administración de Héctor Murguía Lardizábal, arrancaron los trabajos del Plan de Movilidad Urbana (PMU), un megaproyecto municipal que contemplaría la rehabilitación y construcción de calles, puentes y canales, así como el remozamiento del entorno urbano. Las obras tendrían una garantía de 20 años, mismos que el Municipio tardaría en pagar el costo de 2 mil 200 millones de pesos, que al sumar los intereses superan los 5 mil millones, y por los cuales todavía se erogan anualmente alrededor de 250 millones de pesos. Hasta el día de hoy, las obras del PMU presentan diversas irregularidades, entre fallas antropométricas que dificultad la movilidad de las personas con discapacidad y falta de mantenimiento, y han sido objeto de acusaciones de anomalías en las licitaciones y sobreprecio.
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En octubre de 2016, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en contra de las obras del PMU por violar los derechos de las personas con discapacidad física, al no garantizar su derecho a la movilidad.
El documento, recibido por el ex-alcalde Javier González Mocken, recomienda instruir un “procedimiento dilucidatorio de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos”.
Asimismo, la Comisión recomendó no recibir oficialmente las obras del PMU hasta que la empresa Movicon subsane sus omisiones, comunicar a todas las áreas involucradas en la ejecución de obras públicas que es necesario “considerar como eje de acción la accesibilidad universal”, implementar campañas permanentes de difusión y sensibilización a la población al respecto de los derechos de las personas con discapacidad física, y remitir informes y constancias a la CEDH para atender estos requerimientos, algo que hasta el momento no ha sucedido. En 2016, el ex-regidor José Márquez Puentes —quien entonces integraba las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano— acusó al ex alcalde Héctor Murguía Lardizábal de desviar recursos municipales del crédito para la construcción del PMU, con la intención de beneficiar la plusvalía de sus predios y el desarrollo de un proyecto habitacional de la constructora Yvasa en el que estarían involucrados sus cuñados. Los predios que el ex-alcalde compró serían beneficiados por la construcción del Camino de la Plata y el Camino de la Campesina, obras que están ubicadas junto al Camino Real y el Eje Vial Juan Gabriel, para los cuales se hizo una inversión aproximada de 80 millones de pesos del PMU, denunció Márquez. 
Modernización del alumbrado a cargo de Intelliswitch (2015)
El viernes 10 de abril de 2015, durante la administración municipal encabezada por Enrique Serrano Escobar, el Cabildo avaló —con 13 votos a favor y 6 en contra— la contratación de una deuda por 348 millones de pesos para la ‘modernización’ del alumbrado público de la ciudad con lámparas de aditivo metálico. Entre señalamientos de sobreprecio, trabajos deficientes de la empresa en otras partes de la república y de la realización de una licitación “con dedicatoria“, la empresa Intelliswitch comenzó durante 2016 con la ejecución del proyecto.
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En Abril de 2017, durante su primera administración municipal, el alcalde Armando Cabada Alvídrez señaló diversas irregularidades en el proyecto de alumbrado público, argumentando que la empresa no entregó 3 mil equipos de cómputo del sistema de tele-gestión de las luminarias, pues en la Dirección de Alumbrado Público se encontró solo una computadora. 
