Vecinos de la colonia Carlos Castillo Peraza llevan tres años tratando de concluir la pavimentación de su calle sin éxito. El proyecto ha sido rechazado por rebasar el techo presupuestal, sin que el gobierno proponga alternativas.
Por Jonathan Álvarez / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua. — Susana Rocha lleva tres años intentando terminar la pavimentación de su calle mediante el Presupuesto Participativo, pero sus proyectos han sido rechazados una y otra vez bajo el argumento de que rebasan el techo presupuestal. El Gobierno Municipal ha pavimentado apenas poco más de 90 metros de vialidad, sin ofrecer hasta ahora una alternativa para concluir la obra.
Después de años de organización comunitaria, encabezada por Susana, la calle Fernando Villalobos, en la colonia Carlos Castillo Peraza, solo ha recibido una intervención parcial a través de este mecanismo ciudadano. La lucha por pavimentarla ha quedado inconclusa.
En el suroriente de Juárez, el 15 por ciento de las vialidades aún está sin pavimentar. Aunque el porcentaje parece bajo, una de las colonias más afectadas es la Carlos Castillo Peraza, de acuerdo con el Diagnóstico de la Zona Periurbana del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
Gestionar la pavimentación de la calle ha implicado para Susana largas jornadas de trabajo haciendo labores de convencimiento entre sus vecinos, juntando firmas y credenciales para los proyectos de Presupuesto Participativo. Inició estos esfuerzos en 2022 y, como resultado, logró que se pavimentara un tramo de su calle.
Sin embargo, desde entonces, cada año sus propuestas para continuar la obra han sido declaradas inviables por la Dirección de Obras Públicas, debido a que superan el techo presupuestal establecido en los lineamientos del Presupuesto Participativo.
Este año se registraron mil 126 proyectos y pasaron a la fase de consulta pública 900. Los 226 restantes, entre ellos el de Susana, fueron rechazados por considerarse inviables.
Para intentar sortear la limitación impuesta por el techo presupuestal, Susana dividió la pavimentación de la calle en varios proyectos más pequeños. Aun así, sus propuestas fueron rechazadas en 2023, 2024 y nuevamente en 2025, siempre con el mismo argumento.
A pesar de todo su trabajo, el Gobierno Municipal no ha ofrecido alternativas para concretar la obra. Tras rechazar su propuesta en 2025, la Dirección de Obras Públicas le prometió que, posiblemente hasta 2026, buscarán otros recursos para pavimentar su calle.
Mientras tanto, Susana y sus vecinos siguen enfrentando las consecuencias de vivir sin infraestructura básica: calles inundadas, terreno irregular, casas llenas de polvo y un entorno deteriorado.
“Yo lo que quiero es que me digan cómo le podemos hacer, porque aunque metamos tres proyectos me los van a rechazar (…) Tener pavimentado un cacho de calle realmente no es funcional”, lamenta.
Dividir proyectos y no acabar
Según la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, el Presupuesto Participativo es un mecanismo de gestión mediante el cual los habitantes pueden decidir en qué se gastará una parte del presupuesto de egresos municipal de cada año.
Esta decisión se toma a través de consultas directas a la población, la cual puede presentar proyectos de obras, servicios públicos y otros rubros.
El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana en Juárez establece que los recursos del Presupuesto Participativo se dividen en 10 polígonos. Este año, el monto total asignado fue de alrededor de 368 millones de pesos. Para la edición más reciente, ningún proyecto podía superar los 7.6 millones de pesos.
Para Brissa Maltos, coordinadora de la Red de Vecinos de Juárez, el techo presupuestal es sumamente limitado ante las condiciones reales de la ciudad. Por ello, vecinas como Susana se ven obligadas a fragmentar sus proyectos, una estrategia cada vez más común.
Casos similares se han detectado en la colonia María Martínez, en donde se fragmentó en varios proyectos la pavimentación de la calle María Teresa Rojas, y en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, en donde llevan años intentando terminar la pavimentación de la calle Soneto 156. Aunque este año tampoco los dejaron competir por la misma razón.
Este proceso de división y participación anual se ha convertido en una dinámica desgastante y sin fin para los vecinos organizados, señala Maltos.
Además, critica que el Gobierno Municipal no asuma su responsabilidad al trasladar todas las necesidades de obra al mecanismo de Presupuesto Participativo.
“Si ya se logró la pavimentación de una parte de la calle mediante Presupuesto Participativo, pues la deben concluir con su presupuesto operativo y no decirle a la gente que cada año esté pidiendo metros de pavimentación”, considera.
Maltos considera que el techo presupuestal se tendría que usar como un ‘filtro técnico’ para canalizar aquellos proyectos que no entren al Presupuesto Participativo y contemplarlo en otras partidas presupuestales.
Una consulta inequitativa
Maltos afirma que el diseño del Presupuesto Participativo es adecuado en el papel, pero su implementación ha sido distorsionada por prácticas coercitivas, partidistas y clientelares, que terminan afectando a los proyectos comunitarios.
Mientras se impide la participación de vecinos organizados, se permite el ingreso de propuestas como “Viajemos Seguros”, que busca atender a trabajadores de empresas como Uber, DiDi e InDriver.
“¿En qué momento eso es un proyecto comunitario o ciudadano? (…) Es privado y puede adecuarse por ejemplo a un proyecto de desarrollo económico, pero el Presupuesto Participativo no es para eso”, cuestiona.
Estas prácticas excluyen a quienes tienen menos redes de apoyo o capital, limitando su capacidad para competir en igualdad de condiciones.
“El Presupuesto Participativo es un triunfo de la ciudadanía (…) tenemos derecho a votar por lo que queremos en nuestra ciudad sin ser condicionados y sin sentir que nuestro proyecto esté en riesgo por no alinearnos a esas malas prácticas”, concluye.
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