Las familias de personas desaparecidas, colectivos y OSC señalaron que negar el derecho de contar con mecanismos internacionales no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura del Gobierno de México para solucionar la problemática.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Familiares de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones rechazaron el pronunciamiento del Senado de la República en contra del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que anunció la semana pasada la apertura de un procedimiento para analizar del contexto de desapariciones México.
El Senado aprobó este martes un posicionamiento en el que exigió una sanción al presidente del CED, Olivier de Frouville, que “prejuzgó sin pruebas” y “alentó la falsa e injusta especulación” de la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas en México.
Ante la postura de la Cámara Alta, familiares de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil respaldaron al CED y la decisión de iniciar el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar el caso de México hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas en caso de que el comité encuentre indicios de un fenómeno general o sistemático en el territorio mexicano.
ONU podría llevar caso de desapariciones en México ante la Asamblea General
“Rechazamos el pronunciamiento (…) en el que se niega que en México las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemática. Este pronunciamiento aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”, señalaron.
Recordaron que el Estado está obligado a investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado. “La aquiescencia también es una forma de desaparición”, aseveraron.
En el comunicado –firmado por 364 familiares, 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 272 personas solidarias– reconocieron que desde 2015 fue solicitado a la CED la aplicación del Artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas y sostuvieron que el acompañamiento de la ONU es indispensable ante la crisis sostenida y en aumento de personas desaparecidas en México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente hay más de 126 mil personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio mexicano.
“Negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho lzaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia”, enfatizaron.
Los familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones solicitaron al Estado mexicano una rectificación de su postura y compromiso reconociendo al CED, la ONU y los mecanismos internacionales.
“El artículo 34 no es una amenaza, es esperanza. al ser el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria. Por ello invitamos a toda la sociedad mexicana a alzar la voz. Porque el momento exige verdad, no neutralidad. La desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día”, sostuvieron.
CED responde a señalamientos
El CED emitió un comunicado de prensa en el que señaló que desde el anuncio de la decisión las posiciones expresadas por diversos actores han generado confusión con respecto al procedimiento.
El Comité aclaró que es un órgano de la ONU conformado por expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por los Estados miembros.
Estableció que el Artículo 34 de la Convención es uno de los procedimientos que puede aplicar para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas, prevenir su ocurrencia, prestar apoyo a las víctimas, así como, orientar a los propios Estados.
Así mismo, precisó que el Comité adopta sus decisiones como órgano colegiado tras “un análisis exhaustivo de toda la información disponible” y el presidente del órgano, Olivier de Frouville, es el responsable de transmitir dichas decisiones.
