Parte 2 de 2
Ciudad Juárez – La desaparición de personas en el Valle es actualmente un fenómeno vinculado en la mayoría de los casos al flujo migrante y a los grupos del crimen organizado; sin embargo, el papel de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional con presencia en la región también es señalado con esta problemática.
Activistas, defensores de derechos humanos y pobladores coinciden en que la militarización de la región –que conforma parte de Ciudad Juárez así como los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe– ha intensificado el problema que mantiene a 116 personas desaparecidas desde 2010, muchos de ellos migrantes.
“En la zona se encuentran patrullas militares, ellos han encontrado información. Los militares son cómplices o son inútiles”, dice de tajo Gabino Gómez, un experimentado activista integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
“Evidentemente hay una complicidad”. afirma Gómez.
“Las mismas instituciones siguen permitiendo la misma actividad”, considera a su vez Carlos Spector, abogado y fundador de Mexicanos en el Exilio, organización que lleva los casos de asilo de los exiliados del Valle que huyeron para ponerse a salvo de la violencia.
Retén de militares y elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera federal 2 Juárez-El Porvenir
A la salida del poblado de San Agustín, sobre la carretera federal 2 Juárez-El Porvenir, unos metros antes de llegar a Los Arenales, existe un retén conformado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El retén de los elementos de seguridad es un punto de extorsión de migrantes. Los integrantes de la GN y de la Sedena detienen arbitrariamente, controlan la única entrada y salida por carretera del Valle y cobran a los migrantes que buscan internarse a esta zona sumas de alrededor de 2 mil pesos por persona para dejarlos continuar.
Usuarios del transporte público, un camión que sale del Porvenir hacia el Centro de Ciudad Juárez y vuelve solo una vez al día, denuncian la experiencia que han vivido cuando los detienen en el retén y no los dejan avanzar hasta que los migrantes paguen la cuota que les fijan como extorsión.
Además del retén que mantienen en San Agustín las 24 horas, y junto al que tienen un campamento, se encuentra otro punto de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional junto al puente internacional Guadalupe-Tornillo, cerca al poblado de Doctor Porfirio Parra y otro, también de la Sedena, en El Porvenir.
Se buscó respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guarnición Militar sin que hasta el cierre de esta edición contestaran. Asimismo se buscó al fiscal de la Zona Norte, así como al fiscal general del Estado, sin que accedieran a dar una entrevista sobre el tema.
Cuestionado respecto a la extorsión de migrantes por parte de elementos de Sedena y de la Guardia Nacional, el presidente municipal de Guadalupe, Fausto González Pérez, dijo:
“No tenía esa información y me parece un dato difícil. No deben de estar manejando esa situación la Guardia Nacional, están para proteger a los ciudadanos. Yo consideraría, salvo este comentario que tú me haces, pues que no lo están haciendo al cien por ciento como nosotros quisiéramos, el Municipio necesita esa seguridad, sentirse seguros en todos los sentidos”.
La seguridad del Valle está en manos de las autoridades federales, luego de que tanto Práxedis como Guadalupe se quedaran sin Policía Municipal, derivado de la violencia que azotó la región en el contexto de “guerra contra el narcotráfico” que alcanzó su máximo punto en 2010.
Celestino Estrada Villanueva, presidente municipal de Práxedis G. Guerrero, dice que en esa comunidad hay presencia de la Guardia Nacional como de Sedena, incluso en la penúltima comunidad de ese Municipio tienen una base militar.
Para las organizaciones civiles que acompañan familias de víctimas de desaparición forzada o que huyeron por la violencia, la presencia del Ejército y los nulos resultados se percibe como complicidad.
“Más que la falta de autoridad es que la autoridad es corrupta. Han estado soldados, han estado más policías y es igual, son de lo más corrupto que pueda haber”, menciona Elvira García Archuleta, en entrevista telefónica desde Odessa, Texas, a donde huyó en calidad de refugiada para sobrevivir a la delincuencia en el Valle.
El éxodo de Elvira se registró luego de que asesinaran en 2010 a su prima, Érika Gándara Archuleta; en 2013 a su padre, Víctor Manuel García Rodríguez, y en 2014, a sus hermanos Élmer García Archuleta, y Édgar Iván García Archuleta, así como a su primo Gabriel Gándara Archuleta.
“Yo recuerdo que los militares empezaron como en 2006 a salir, empezaron con un retén en San Agustín y de igual manera levantaban a gente en Guadalupe, no sabíamos ni cómo le hacían para cruzarlas por el retén si ellos estaban ahí siempre”, afirma.
La participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en crímenes no es algo nuevo en el Valle.
Los Archuleta
Irma Érika Gándara Archuleta tenía 28 años cuando se convirtió en la primera comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Tenía bajo su mando a siete policías; todos renunciaron ante las amenazas y ella se quedó sola. Era la única policía que salía a patrullar el pueblo cada día con un fusil AK-47 cuando, el 23 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, fue secuestrada. Un grupo armado la sacó de su casa, a la que le prendió fuego, antes de llevársela con ellos.
Casi dos meses después, el 12 de febrero, fue hallada muerta en un canal de aguas negras, pero eso no se supo hasta que pasaron ocho meses y el cuerpo, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, pudo ser reconocido.
Pasaron cuatro años y la familia de Érika se enlutó de nuevo. El 11 de diciembre de 2014 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres cada uno enredado en una cobija. El multihomicidio de Élmer García Archuleta, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista, así como de su primo Édgar Iván García y de su hermano Gabriel Gándara Archuleta, conmocionó a la comunidad de ambos municipios. Los cuerpos tuvieron que ser velados en El Paso, Texas, a donde huyó el resto de la familia en busca de asilo.
“Nos sentíamos más inseguros de tener a los soldados ahí que no tenerlos porque eran lo mismo, era como si no hubiera nadie”, recuerda Elvira García Archuleta.
Élmer, Édgar Iván y Gabriel fueron secuestrados el 6 de diciembre de 2014, entre las 4:30 y 5:30 de la mañana.
Élmer y Gabriel fueron sacados de sus casas por un grupo armado que después montó un retén en la carretera Juárez El Porvenir para detener el camión en el que Édgar viajaba a su trabajo en una maquiladora en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la sentencia dictada a Mauricio Luna Aguila, alias El Papacho, una vez secuestrados se les trasladó a una casa de seguridad en el poblado de Caseta, donde les quitaron la vida, a dos de ellos con disparos en la cabeza y uno más por asfixia.
Después de eso los cadáveres fueron enterrados para dejarlos como desaparecidos.
Sin embargo, debido a la presión mediática y al arribo de más elementos de seguridad para buscar a los Archuleta, uno de los hijos de Mauricio Luna Aguilar pidió a la familia de las víctimas 2 mil dólares para entregar los cuerpos.
Alrededor de las 7:05 de la mañana del 11 de diciembre una unidad de radiopatrulla encontró los tres cuerpos envueltos cada uno en una cobija, a un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 30, frente a Los Arenales, donde ahora se encuentra el retén militar.
Los cuerpos fueron desenterrados, tenían arena pegada en todo el cuerpo, determinó el análisis forense integrado en la sentencia obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Mauricio Luna Aguilar fue detenido el 17 de febrero de 2015 y 14 días después sentenciado a prisión vitalicia en un juicio abreviado, a pesar de confesar decenas de desapariciones, se le sentenció solo por el caso de la familia Archuleta por homicidio calificado, secuestro y robo.
“Ahí pasé el mejor tiempo de mi vida, mi infancia, todo y ahora no puedo volver”, dice Elvira García Archuleta desde Estados Unidos.
“Lo que recuerdo mucho de los soldados es cuando estuvieron en el gimnasio municipal de Guadalupe y fue cuando pasó lo de los Reyes, los panaderos de Guadalupe, atrasito del gimnasio estaba la casa de la mamá de los Reyes, la quemaron, levantaron gente y los soldados estaban ahí. Muchas veces antes de que fuera a pasar algo desaparecían”, recuerda Elvira.
Los Reyes Salazar
A la familia Reyes Salazar le asesinaron siete integrantes, los demás, todos, tuvieron que huir y sus casas fueron saqueadas y quemadas. A Estados Unidos pidieron refugio 36 integrantes y otros tantos en la Ciudad de México.
Josefina Reyes Salazar esperaba a su hijo de 19 años cuando sonó el teléfono. Julio César fue asesinado por un grupo armado que irrumpió la boda en la que se encontraba. Era 15 de noviembre de 2008.
Con la entrada del Operativo Conjunto Chihuahua –con el que se declaró la guerra al crimen organizado con la militarización en el gobierno de Felipe Calderón– llegaron las amenazas para Josefina, ella exigía y se sumaba al movimiento contra la militarización del municipio. Fundó el Centro de Derechos Humanos Pro Valle de Juárez.
En agosto de 2008, durante un cateo, un grupo de militares se llevó a otro de sus hijos, Miguel Ángel. Cuando acudió al cuartel le dijeron que ahí no estaba. Josefina se puso en huelga de hambre y logró que le regresaran a su hijo. Entonces sí estaba.
Josefina fue asesinada por dos hombres que la seguían. Cuando se dio cuenta que iban detrás de ella se estacionó en un establecimiento de comida a donde intentó correr. Las balas la alcanzaron antes. Era 3 de enero de 2010.
A Rubén Reyes, otro de los hermanos, también activista hacía más de 30 años, le dio alcance una camioneta luego de dejar a su hija en la escuela. Desde ahí lo acribillaron. La primera en llegar a la escena fue su hermana Marisela que trabajaba en la escuela, consiguió una sábana para tapar el cuerpo perforado.
De un retén militar se llevaron a Elías Salazar, a su esposa María Luisa Ornelas y a su hermana Magdalena Salazar en febrero de 2011, a mediados del mismo mes aparecieron los tres cuerpos torturados.
De los Reyes Salazar no queda ninguno en Guadalupe y todas las casas de la familia fueron quemadas.
Después de que la policía municipal de Guadalupe fue desintegrada en 2010 con el homicidio de Irma Érika Gándara Archuleta, en 2015 se intentó reorganizar, el comandante Máximo Carrillo Limones fue el encargado. El 21 de junio de 2015 fue sacado del estadio de beisbol por hombres armados, torturado y asesinado el mismo día.
Máximo Carrillo fue relevado enseguida por Joaquín Hernández. El 7 de julio, se encontraba con su hijo, Jonathan Uriel Hernández, de 24 años y un hombre que fue a pedir trabajo. A la estación llamaron para reportar un accidente en la carretera Juárez El Porvenir. Los seguía una ambulancia que vio cómo los emboscaban y disparaban. Fueron asesinados. Desde entonces no existe la Policía Municipal en Guadalupe, al este de Ciudad Juárez.
Rescate de cargamento de droga en el Río Bravo
El 19 de noviembre de 2005 un grupo armado rescató del lado a la orilla del río Bravo del lado estadounidense una camioneta cargada con droga, el evento fue grabado por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que acusaron que hombres vestidos de civil fueron acompañados por hombres vestidos de militares.
De acuerdo con los reportes al lugar llegó un vehículo Hummer como los que utiliza el Ejército mexicano para remolcar la camioneta varada.
El delegado estatal de la entonces Policía General de la República, Rolando Alejandro Alvarado Navarrete, dijo en ese momento que se pediría la colaboración de las autoridades estadounidenses para indagar el hecho.
Alvarado Navarrete dijo que se exigiría un informe al Ejército mexicano, dado que militares resguardaban el Valle.
“Ellos (los soldados) vigilan ahí, cómo es posible que vehículos terrestres hayan cruzado el río Bravo”, dijo.
El 3 de febrero del 2006 el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, aseguró que los supuestos militares mexicanos que ingresaron a territorio norteamericano fueron identificados y son narcotraficantes del poblado de Guadalupe.
En conferencia de prensa, Vega García informó que los sujetos identificados como los que ingresaron de manera ilegal y vestidos de militares con droga a Estados Unidos son: José Rodolfo Escajeda Escajeda, alias “Z 1”; Alonso Escajeda Candelaria, Edgar “N” y César Gándara, “Lala”, miembros de una organización que trafica drogas en el Valle de Juárez. Aseguró también que los vehículos tipo Hummer que se ven en videos de los agentes fronterizos no pertenecen al Ejército Mexicano, y sí a Rodolfo Escajeda.
Gerardo Clemente Vega García mencionó entonces que se trataba de una mentira que los soldados mexicanos no ingresaron a territorio estadounidense, pues la base militar más cercana se encuentra a 70 kilómetros del lugar.
Esas declaraciones contrastan con el testimonio de Carlos Spector, abogado y fundador de Mexicanos en el Exilio, organización que llevó el caso uno de los militares que estuvo en el rescate de droga en el río Bravo en noviembre de 2005 y que actualmente se encuentra exilidado en Estados Unidos.
“El militar que yo representaba, él estaba presente en el evento de 2005, él fue obligado a cargar la mariguana en el río. Sí eran militares. Eso yo te lo puedo asegurar”, dice el abogado y fundador de Mexicanos en el Exilio.
“El Ejército fue el que trajo al cártel de Sinaloa y permitió reemplazar a ‘La Línea’, de eso estaban protestando los Reyes, está muy bien documentado y cuando sacan a ‘La Línea’ y ponen ellos al cártel de Sinaloa es cuando surge Papacho y cuando llega el cártel, siempre imponen a alguien del pueblo porque conoce a toda la gente”, menciona.
“Fue una manera de simular porque, cómo es posible, por ejemplo, ahorita en un pueblo como de 800 personas, nomás hay una entrada y una salida y el Ejército la está resguardando y todavía hay cártel, ¿cómo es posible eso? Eso es crimen autorizado, el papel del Ejército es simular y autorizar el crimen”, asegura el abogado Spector.
Paulino Silvestre Aguilar
En diciembre de 2005 apenas unas semanas después del incidente con la Patrulla Fronteriza para rescatar un vehículo con droga en el lado estadounidense, arribaron agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación).
El 7 de diciembre realizaban un recorrido por la orilla del río Bravo para reconocer la zona donde se denunció el hecho. A la altura del poblado de El Faro, a unos 7 kilómetros del Porvenir, fueron atacados por un grupo de militares. Resultaron heridos dos agentes de la AFI, José Elías Escobar Carmona y Luis Gerardo Ramos Ríos, uno en un brazo, el otro perdió un ojo.
De acuerdo con las investigaciones, quien disparó fue el militar a cargo de la seguridad en el Valle de Juárez, Paulino Silvestre Aguilar. A pesar, de acuerdo con la versión de los AFI, de que se identificaron y portaban sus uniformes y patrullas oficiales.
Paulino Silvestre Aguilar fue detenido unos días después, ese mismo diciembre de 2005 y no se publicó nada más del tema.
El 4 de junio de 2011 Paulino Silvestre Aguilar fue sentenciado a tres años de prisión luego de aceptar en un juicio abreviado que el 4 de agosto de 2008, alrededor de las 16:10 horas, en un establecimiento en el cruce de las calles Sevilla y Grecia de la colonia San Antonio en Ciudad Juárez, robó 419 mil pesos de un camión de valores.
‘Desaparece’ cocaína incautada
En octubre de 1999 la Procuraduría General de la República llevaría a cabo la incineración de dos toneladas de cocaína incautada que se encontraba bajo custodia del 96 Batallón de Infantería, destacamentados en la Quinta Zona Militar.
Sin embargo, al momento de pesar la droga, no coincidía con la cantidad referida, al revisarla se dieron cuenta que algunos paquetes fueron sustituídos con harina y que faltaban 6 kilos 800 gramos de cocaína.
El comandante de la Quinta Zona Militar era el general José Luis Martínez Castillo, quien aceptó la falta de la droga e inició una investigación que concluyó con la detención de tres militares: el cabo Eduardo Ortega Pineda, el soldado Gilberto Murillo Rodríguez y el soldado Abelardo Flaviano Hernández. Quedó prófugo el sargento Alfonso Tinoco Hernández. Todos, parte de la tropa, ningún oficial, jefe ni general.
A casi 30 años de presencia militar
A pesar de que hay registros de presencia militar en el Valle de Juárez desde 1995, a la fecha las desapariciones, homicidios, tráfico de drogas y presencia de cárteles, continúan.
“Evidentemente hay una complicidad. No se puede uno imaginar que puedan operar grupos criminales donde hay presencia militar permanente como es el Valle de Juárez, hay retenes militares”, dice Gabino Gómez.
Juan Velázquez, abogado condecorado por el Ejército y defensor del fallecido expresidente de la República, Luis Echeverría, le dijo a la reportera de Proceso Patricia Dávila para la edición del 14 de agosto de 2022:
“Le diré algo muy drástico, pero es la verdad. Si no fuera por las Fuerzas Armadas este país viviría inmerso en la ingobernabilidad”.
En el poblado de Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta, donde antes estaba el puente internacional, junto al río queda una estructura como ruina de lo que fue un edificio de la Guarnición Militar, todavía se puede leer en su pared frontal:
“México merece toda mi lealtad y todo mi esfuerzo para que sea una gran nación”.
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